La orden de aprehensión, legalmente improcedente, dicen
Echeverría y Moya niegan que haya existido genocidio
El 10 de junio de 1971 en el Distrito Federal hubo un "enfrentamiento" entre decenas de estudiantes que se manifestaban en contra de autoridades gubernamentales y unos 150 miembros del grupo de choque conocido como Los halcones, lo que dejó como resultado "12 muertos y 23 lesionados", pero de ninguna manera esos hechos representan un acto de genocidio, de acuerdo con la versión del ex presidente Luis Echeverría Alvarez y de su secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, la cual tiene sustento en el artículo 149 bis del Código Penal Federal.
En un memorando firmado por ambos ex funcionarios -a quienes la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado imputa el delito de genocidio por los hechos del llamado jueves de Corpus-, los inculpados refieren que sería "legalmente improcedente" que se librara una orden de aprehensión en su contra por ese delito, ya que a su parecer nunca se cometió genocidio en México, y no existe una sola prueba de su presunta responsabilidad de esa supuesta conducta delictiva, además de que, en todo caso, cualquier otro delito que se les imputara por esos hechos (homicidio o lesiones) "se habría extinguido ya por la prescripción que se dio por el simple transcurso del tiempo", puesto que han pasado más de 30 años.
Refutan que no hubo genocidio, pues los lesionados y los muertos fueron por un enfrentamiento. "La afirmación del fiscal (Ignacio Carrillo Prieto) de que el 10 de junio de 1971 se cometió genocidio respecto del estudiantado nacional, es tergiversar los hechos. En virtud de que los estudiantes no formaban parte de un grupo étnico, racial o religioso, el fiscal afirmó que se trataba de un grupo nacional: ¡porque estudiaban en planteles nacionales!"
Sin embargo, continúa el argumento de los inculpados, "el carácter nacional, que el Código Penal Federal señala, corresponde al del término genocidio, que significa exterminar a un pueblo, estirpe o nación. Esta última que etimológicamente significa el lugar donde se nace, pero que desde el punto de vista de las ciencias sociales y políticas está constituida por grupos de seres humanos, que además del lugar común de su nacimiento y vida tiene características propias que los identifican. Los estudiantes no son un grupo nacional, dado que la característica de estudiar que los une no corresponde al concepto de nación, y la pretensión de que lo fue por 'estudiar en planteles nacionales' es absurda", puntualiza el documento.
Los inculpados desmenuzan los hechos del 10 de junio, principalmente la participación de Los halcones y la situación legal de la indagatoria. Según ellos y su abogado defensor, ese grupo dependió del Departamento del Distrito Federal hasta su desaparición, y la orden que tenía era disolver la manifestación estudiantil con palos, pero al llegar, "unos estudiantes les dispararon". Algunos halcones fueron a sus vehículos por armas para enfrentar a quienes les disparaban, y ninguno de ellos perteneció al Estado Mayor Presidencial, afirman en dicha carta.
Ayer, su abogado Juan Velásquez -quien elaboró la carta- entregó el documento a la magistrada Herlina Velasco Villavicencio, titular del quinto tribunal unitario penal, misma que determinará en los próximos días si ordena la captura de Echeverría y Moya o si niega esa medida cautelar.