Editorial
Los derechos humanos en Foxilandia
L a alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, dijo ayer en esta capital, frente al canciller Luis Ernesto Derbez, que el gobierno que encabeza Vicente Fox debe comprometerse con más seriedad en la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas y de las mujeres, entre otros grupos vulnerables. Aunque el país cuenta con condiciones e instituciones adecuadas para luchar contra los atropellos a los derechos humanos (adhesión a tratados internacionales, comisiones nacional y estatales, organizaciones de la sociedad civil) no bastan, dijo la funcionaria internacional, para atender las necesidades de los sectores más indefensos de la población.
Este señalamiento es el más reciente de una cadena de desmentidos nacionales e internacionales a las alegres e imaginativas versiones oficiales sobre la vigencia de la legalidad y de las garantías individuales, tan alejadas de la realidad como el resto del discurso oficial en los ámbitos económico, político y de desarrollo social.
Hace unos días, por ejemplo, en el contexto del Día Internacional contra la Tortura, Amnistía Internacional (AI) destacó que en México ésta "sigue siendo práctica endémica en los ámbitos estatal y municipal que no se reconoce plenamente, y menos aún se le hace frente"; además "las garantías que establecen las normas internacionales ratificadas por el gobierno mexicano para la realización de juicios justos se vulneran de manera sistemática y constante". A principios de este mes el organismo humanitario dijo que "la tortura y los malos tratos son práctica generalizada en México" y que había "documentado numerosos casos de detenidos que han sido torturados para obligarlos a confesar delitos". En abril el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) consideró que la tortura "continúa siendo práctica común" en el país. Días antes, frente al representante del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Anders Kompass, el propio Fox y Santiago Creel, quien entonces fungía como secretario de Gobernación, se jactaron de que el presente gobierno había erradicado la tortura, por lo que el representante internacional hubo de desmentirlos en público y dijo que ésta "sigue siendo práctica extendida" en la nación.
El discurso del Ejecutivo federal no sólo encubre su propia responsabilidad y la de sus antecesores priístas, sino también de las autoridades estatales y municipales de cualquier signo partidista. Vienen a la mente los casos del gobierno panista de Jalisco involucrado en la detención arbitraria y tortura de manifestantes altermundistas el año pasado, del Ejecutivo priísta de Chihuahua incapaz de frenar el asesinato de mujeres o la estrategia policial denominada cero tolerancia, concebida en Nueva York por Rudolph Giuliani e importada a la ciudad de México por Marcelo Ebrard, la cual, según afirmó ayer la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se ha traducido en "recurrentes y cotidianas revisiones aleatorias en las calles; en registros a vehículos y domicilios sin la orden correspondiente; en la actuación de policías sin uniforme (...) y en redadas, acciones cuya legalidad todavía es discutible", así como en la saturación de las cárceles capitalinas y la consiguiente violencia, la degradación de los internos y la comisión de "tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Para volver a los señalamientos formulados ayer por Arbour, es indudable que en México persiste la discriminación de facto contra indígenas y mujeres, así como desprotección de ambos sectores poblacionales. En el caso de los pueblos indios el persistente atropello a sus derechos ha imposibilitado la solución negociada al alzamiento protagonizado hace más de 11 años por los indígenas chiapanecos.
Por lo que hace a las mujeres, el 17 de este mes AI emitió un comunicado mucho menos comedido que lo dicho por la alta comisionada. Dijo que, en el ámbito internacional, "la violencia contra las mujeres es un escándalo para los derechos humanos", y en el caso de nuestro país señaló que "la intervención federal para combatir la violencia contra las mujeres continuó siendo limitada" y que "los representantes de la Procuraduría General de la República continuaron desmintiendo la existencia de una situación de violencia contra la mujer en el estado de Chihuahua y, por otra parte, no se llevaron a cabo reformas del sistema de justicia penal del estado, que debían haberse puesto en práctica hace mucho tiempo para abordar graves deficiencias en las prácticas judiciales y de investigación, como el uso de la tortura para extraer confesiones a los detenidos".
Ante la catastrófica circunstancia por la que atraviesan los derechos humanos en México durante el foxismo, es indignante que el grupo en el poder persista en su idea de abogar con nula autoridad moral por la vigencia de tales derechos en otras partes del mundo. Sería difícil hallar un caso más pertinente que éste para aplicar el refrán de ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio.