El contrabando está tipificado como delito desde hace varios años, señala el tribunal

La SCJN no propicia detenciones en el caso de autos chocolates, aclara

Propietarios de los vehículos pretenden "meter a la cárcel al ministro causante del decomiso"

JESUS ARANDA

Después de la controversia desatada por la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que comete delito de contrabando quien introduzca vehículos extranjeros a territorio nacional y se encuentre fuera de la zona de vigilancia aduanal sin contar con la documentación que acredite su estancia legal en el país, el máximo tribunal aclaró que su decisión "no promueve ni propicia detenciones" de los llamados autos chocolates.

La SCJN agregó que dicho fallo "no altera la situación de personas o vehículos relacionados con esta circunstancia", toda vez que los integrantes de la primera sala se limitaron a resolver una contradicción de tesis, el pasado 22 de junio, entre dos tribunales colegiados con respecto a que "si para comprobar el delito previsto en el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación es necesario o no que quien tenga en su poder un vehículo de procedencia extranjera sin acreditar su estancia legal en el país, fuera de la zona de vigilancia aduanal, hubiera sido quien personalmente lo haya introducido o no".

Los ministros determinaron que para efectos del presunto delito de contrabando, se presume que quien introdujo el automóvil es quien lo posee, porte o ostente sin contar con la documentación en regla, salvo prueba en contrario. Pero aclararon que la decisión jurídica en este asunto, "no lleva como consecuencia la actuación de ninguna autoridad".

La Corte emitió un comunicado en el que fija su postura, luego de que un grupo de propietarios de vehículos chocolates se reunieron con personal de apoyo del ministro Juan N. Silva Meza -quien elaboró el proyecto aprobado el pasado 22 de junio-, para cuestionar el fallo del máximo tribunal.

Afuera de la Corte se manifestaron decenas de propietarios de autos extranjeros, quienes exigían la legalización de los vehículos, además de que acusaban al ministro Silva Meza de abrir la puerta para que Hacienda decomise los carros. Para mostrar su descontento, además de mantas en las que exigían solución a su problema, llevaron una gran jaula de metal para meter en la cárcel al ministro "causante" del decomiso de sus autos.

Sin embargo, cabe señalar que existe la confusión entre muchos dueños de estos vehículos, en el sentido de que la Corte "creó" el delito de contrabando, en el caso de que alguien conduzca un vehículo extranjero más allá de 20 kilómetros de la zona urbana fronteriza en línea recta sin contar con la autorización correspondiente, independientemente de que éste sea o no el que introdujo el vehículo al país.

Lo cierto es que este delito tiene años de estar vigente, que únicamente se determinó que el presunto culpable, salvo prueba en contrario, es el que conduzca el vehículo y nada más, y que en todo caso, el contrabando es un delito que se persigue por querella expresa de la Secretaría de Hacienda.

En este sentido, funcionarios de la Suprema Corte indicaron que si Hacienda no ha actuado, es por cuestiones políticas, no jurídicas.

Chihuahua, Chih., 28 de junio. Más de 150 mil propietarios de vehículos extranjeros se declararon en alerta permanente, y anunciaron el inicio de movilizaciones ante un eventual decomiso masivo de automotores por las autoridades hacendarias, como resultado del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la posesión de un automóvil introducido ilegalmente a México.

Dirigentes de organizaciones que agrupan a propietarios de los denominados autos chocolates dijeron estar dispuestos a incendiar sus unidades, antes de permitir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se los confisque.

El dirigente de la Organización del Patrimonio Familiar, Pável Aguilar Reynald, advirtió que si Hacienda decomisa automotores chocolates "generaría un grave problema social", por lo que exigió a la dependencia diseñar y aplicar un programa de regularización que implique "cobros justos por derechos de importación", que permita la legalización de "cientos de miles de unidades". Destacó que sólo en Chihuahua hay más de 200 mil automotores de procedencia extranjera que debieran ser regularizados.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, Jesús Grajeda, informó que la dependencia implementó un operativo especial para confiscar las unidades que en fechas recientes se han introducido en México de manera ilegal por brechas y caminos rurales que comunican a la franja fronteriza con los principales municipios de la entidad.

Sostuvo que durante los primeros días de este programa se aseguraron 60 vehículos, los cuales se entregaron a autoridades fiscales, junto con los presuntos contrabandistas que los conducían.