Asumió las recomendaciones de la CIDH, pero el crimen sigue impune
Fox, con la obligación de castigar a culpables de la matanza de Aguas Blancas: Centro Pro
Este 28 de junio se cumplen diez años de la masacre en Aguas Blancas, donde 17 campesinos, la mayoría miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), fueron asesinados, y aún no se ha otorgado justicia a las víctimas y familiares, por lo que es preocupante la ausencia de voluntad política y jurídica, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La organización señaló que este hecho representa una de las violaciones a los derechos humanos que mayor indignación ha causado por la impunidad en que aún permanece.
Los campesinos fueron asesinados en el vado de Aguas Blancas, en el municipio Coyuca de Benítez, Guerrero, cuando fueron emboscados por elementos de la policía judicial y de seguridad pública del estado, cuyo gobernador era Rubén Figueroa Alcocer, y estaban bajo las órdenes del general Mario Arturo Acosta Chaparro. Los campesinos se dirigían a Chilpancingo para exigir la presentación de Gilberto Romero, dirigente y asesor campesino de la OCSS, así como la solución a demandas agrarias, de agua potable y caminos, entre otros aspectos.
El Centro Pro señaló que los "responsables intelectuales de esa artera agresión han sido señalados por distintos órganos nacionales e internacionales y a la fecha no ha existido la voluntad jurídica ni política para sujetar a proceso a los responsables".
Recordó que el 23 de abril de 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución en la que determinó no sólo la responsabilidad del gobierno encabezado por Rubén Figueroa en la planeación y ejecución de la masacre, sino también la existencia de una deficiente y tendenciosa investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado, que encubrió a los responsables de la matanza.
A pesar de múltiples testimonios que señalaban la responsabilidad de Rubén Figueroa y su gabinete, "la PGR, de manera inexplicable, se negó a atraer la investigación a pesar de datos que señalaban la falta de parcialidad de la investigación efectuada por el gobierno estatal".
Ante esta situación, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su informe 49/97 determinó en 1997 la responsabilidad del Estado mexicano. El gobierno de Ernesto Zedillo no acató la recomendación. En julio de 2001, tras la visita de representantes de este organismo a México para verificar el cumplimiento de las recomendaciones, el gobierno de Vicente Fox se comprometió a establecer medidas para avanzar en la búsqueda de justicia para los familiares, pero no ha habido avances.
"La necesidad de otorgar justicia a las víctimas y familiares de la masacre es una obligación irrefutable del gobierno. Son las instituciones actuales las que tienen la obligación de investigar y sancionar a quienes, valiéndose de sus atribuciones como servidores públicos, agraviaron de manera artera a la sociedad. Es el caso de Rubén Figueroa y de quienes planearon, ejecutaron y encubrieron a los responsables", agregó el Centro Pro.
Si el actual gobierno decide investigar y sancionar a los responsables estará dando una muestra de verdadero interés por el respeto y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.