Editorial

América del Norte: ¿seguridad común?

En el encuentro que realizaron ayer en Ottawa los secretarios estadunidense de Seguridad Interior, Michael Chertoff, y mexicano de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, así como la viceprimera ministra canadiense Annie Mclellan, en el contexto de la presentación de un informe de trabajo sobre la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), se habló de la integración de los mecanismos policiales, migratorios, de seguridad, inteligencia y combate a la delincuencia, en seguimiento a los acuerdos establecidos en la cumbre de Waco de marzo pasado entre los gobernantes de los tres países. Asimismo se mencionó la necesidad de reducir las trabas burocráticas y unificar criterios en procedimientos comerciales.

Los propósitos económicos y administrativos mencionados pueden ser positivos. Pero el acatamiento por Canadá y México de las exigencias estadunidenses en materia de seguridad resulta preocupante, riesgoso y equivocado en la perspectiva de los intereses de nuestro país.

Por principio de cuentas, los peligros para la seguridad nacional de Estados Unidos y de México son, histórica y coyunturalmente, muy distintos. Desaparecida la Unión Soviética, la principal amenaza para la seguridad nacional del vecino del norte es su propio injerencismo, el cual ha generado, en todos los continentes, expresiones de rechazo, repudio y resentimiento que en ocasiones toman forma de terrorismo.

En cambio, el mayor riesgo para la seguridad nacional mexicana ha sido, por tradición, la vecindad con Estados Unidos y los múltiples empeños de Washington ­diplomáticos, económicos, militares, de inteligencia­ por acomodar el rumbo de nuestro país a sus ambiciones territoriales y estratégicas. El éxito más reciente de la Casa Blanca en ese ámbito es precisamente el entusiasmo y la precipitación con que el gobierno foxista ha considerado propios los enemigos de Estados Unidos y su alineamiento voluntario ­en el que sólo faltó, por fortuna, la participación de tropas nacionales en la invasión y ocupación de Irak­ en una confrontación que es, y debe seguir siendo, completamente ajena a nosotros.

Por lo demás, varios de los métodos estadunidenses en su "guerra contra el terrorismo" son incompatibles con las leyes nacionales, con los derechos humanos universales y con la más elemental ética de Estado. No se hace referencia a los formatos de los visados, sino a la autorización presidencial para que las instituciones estadunidenses de inteligencia y seguridad recurran al asesinato; los intentos por justificar la tortura en nombre de la seguridad nacional (que han sido expresados, entre otros funcionarios del país vecino, por Albert Gonzalez, secretario de Justicia); la teoría y la práctica totalitarias de la guerra preventiva ­actualizadas y adaptadas para la circunstancia presente por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice­ o la certeza de que la legalidad internacional es despreciable y manipulable, como la que ha defendido en múltiples ocasiones el impresentable John Bolton, quien no pierde esperanzas de convertirse en embajador estadunidense ante la ONU.

Desde otra perspectiva, ¿cómo se puede compartir una política de seguridad nacional cuando el país vecino considera a los migrantes mexicanos una amenaza? ¿Se trata de volvernos cómplices en la persecución policial contra nuestros connacionales que no cometen más delito que buscar trabajo, que hacen aportes indispensables a la competitividad económica estadunidense y se han vuelto, con sus remesas, uno de los sostenes principales de nuestra propia economía?

En suma, el proyecto de establecer una estrategia de seguridad conjunta con Estados Unidos se presenta en el momento en que las políticas interior y exterior de ese país viven uno de los periodos más militaristas, injerencistas y despiadados de su historia, y cuando el discurso oficial de la Casa Blanca es más mentiroso que nunca y dice, por ejemplo, sentir "preocupación por la seguridad nacional", lo que significa, en realidad, "avidez por el petróleo".

Con esas consideraciones en mente, es clara la necesidad de que el gobierno mexicano revise la alianza referida y acote, en forma explícita y clara, la participación que México puede tener en ella.