Misión cumplida
Una década es la que llevamos en México discutiendo sobre el saneamiento de los bancos, el mismo que en términos populares y de imagen colectiva se conoce como rescate bancario. Hace ya más de 10 años el gobierno de Ernesto Zedillo intervino en la emergencia que provocó la mala gestión financiera de las finanzas públicas que hizo desde el comienzo de su gobierno. Con ella se generó un enorme costo económico y fiscal que aún continúa presionando las finanzas públicas, obstruye la capacidad de crecimiento productivo, además de modificar de manera decisiva el sistema bancario, especialmente en su estructura de propiedad.
Zedillo proviene del compacto grupo que maneja desde hace ya más de 20 años el régimen financiero del país y que se mantiene en los más altos puestos del aparato que lo controla y administra. El ex presidente dijo siempre que la manera que escogió para enfrentar la crisis bancaria que estalló en 1994 había sido la más eficaz y que sería la menos costosa. Nunca probó sus dichos, los impuso. El costo del rescate bancario no ha sido adecuadamente medido, sobrepasó con creces las estimaciones de su gobierno y las medidas han sido seguidas al pie de la letra por el de Vicente Fox. Jamás desplazó al PRI de la gestión financiera de la economía mexicana y sigue queriéndose llamar gobierno del cambio.
Esta es una faceta de la democracia que no suele considerarse de modo suficiente en esta sociedad, como si toda ella pudiera reducirse al voto. El voto: ¿para qué?, donde no hay mecanismos efectivos de rendición de cuentas y cuando la ley está hecha a partir de un ejercicio muy rígido del poder y que en efecto lo mantiene así, bajo control. El sustrato político de esta sociedad está cuarteado y de ahí se derivan las enormes fisuras del sistema legal vigente. Por eso resulta tan frívolo el comentario de Bill Clinton en su reciente aparición en México cuando llama a Zedillo "campeón de la democracia". No se ha hecho aún el balance histórico del último gobernante del PRI antes de Fox.
Los hechos asociados con la gestión del rescate bancario, primero mediante el Fobaproa y luego del IPAB, han mostrado la verdadera cara del quehacer político, las relaciones de poder y la mediocridad de los partidos, de los legisladores y los jueces. También ha mostrado la debilidad de los esquemas de la gestión pública y de sus organismos de control. Mientras eso ocurre, el capitalismo a la mexicana se ha adaptado muy bien a las nuevas condiciones financieras que se han creado.
Los mecanismos con los que se ha manejado la crisis bancaria y la reconstrucción del sistema ponen en evidencia las carencias institucionales y legales que prevalecen en México. El Fobaproa y el IPAB han sido brazos operativos de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. El primero era un fideicomiso que nunca tuvo el carácter público que debió tener; el segundo jamás ha tenido la supuesta independencia que su ley le otorga y sus miembros están supeditados a los jefes financieros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el caso de las auditorías pendientes según las disposiciones de la ley del IPAB y que conciernen a las disputas que se dieron con cuatro bancos en el marco del Programa de Capitalización y Compra de Cartera que se arrastra desde tiempos del Fobaproa. Eso llevará a liquidar ese fideicomiso sin que se hayan aclarado las discrepancias legales originales. Esto urge a Hacienda y Banco de México y no sólo por una cuestión eminentemente legal y operativa.
Nadie pide en México que la ley se tuerza. Si algo hay que recuperar en esta sociedad es la confianza en el sistema legal y la procuración de la justicia. Pero las evidencias viejas y recientes nos mantienen muy alejados de esa meta. No se quiere que la ley se tuerza, pero tampoco que la ley tuerza a la sociedad.
Los magistrados de la Corte han dispuesto que las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación con respecto a los créditos considerados irregulares, y parte del programa de capitalización antes señalado, eran inválidas, pues infringían la competencia del Poder Ejecutivo. Dicen que esta resolución corresponde sólo al campo de la ley y no de la política.
El planteamiento indica las propias limitaciones de la ley y la incapacidad del Congreso para legislar a favor de la sociedad como declaran con fervor verbal y patrio. Pero ahora queda su efecto, y lo que se advierte entonces es que las leyes en este caso avalan las acciones del gobierno, aunque no se aclaren las cuestiones de fondo relativas a las medidas de política económica que se han aplicado, la asignación de los recursos que produjo la intervención en la crisis bancaria y sus efectos generales no sólo en los años ya trascurridos, sino hacia delante.
Un epígrafe de este asunto bien puede ser el siguiente: la corte falla, el pueblo paga y el corrupto ríe. Esto lo dijo Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación. Una muestra más de que el conflicto sigue.