Usted está aquí: lunes 27 de junio de 2005 Opinión Huele, ¿huele a...? Economistas

Armando Labra M.

Huele, ¿huele a...? Economistas

Pasó desapercibido un importante suceso que afecta a quienes participamos en la vida del Colegio Nacional de Economistas. Después de una crisis de varios años derivada de la aplicación de unos estatutos aprobados en 2000 -que buscaban abrir y en los hechos cerraron el acceso democrático al Colegio-, finalmente el pasado 10 de este mes se aprobaron otros nuevos estatutos que previsiblemente superan las inconveniencias previas.

No fueron menores tales inconveniencias, ya que a lo largo de cuatro años incluso provocaron la toma de las instalaciones, la emergencia de un colegio paralelo, disputas gremiales cuyo signo perturbador fue la intolerancia generalizada, todo ello en demérito de una organización tradicionalmente unida y del cumplimiento pleno de su misión esencial que consiste en ofrecer a la sociedad una visión independiente y constructiva de los hechos económicos y las opciones viables a seguir en el futuro.

Tal crisis tuvo un devenir que finalmente convocó la atención de todo el gremio en una perspectiva, digamos transgeneracional, que implicó la contribución de muchos economistas de prestigio que encabezaron al Colegio o que han participado destacadamente en la vida gremial de los economistas.

Por ejemplo, en el momento más candente y explosivo, cuando todos estaban al parecer en posturas irreconciliables la buena voluntad y habilidad política de Ifigenia Martínez lograron reunir a las partes y rencauzar positivamente el conflicto hacia su terminación.

Acudieron muchos de los ex presidentes convocados y con la sensibilidad de las partes beligerantes comenzó un proceso de distensión política que finalmente desembocó en una asamblea general que civilizadamente discutió un proyecto de estatutos que elaboraron conjuntamente los grupos involucrados y, sin abatir las disidencias, se logró la aprobación mayoritaria de las nuevas reglas de juego.

Queda, pues, el Colegio Nacional de Economistas en una posición privilegiada de renovada unidad en tiempos en los que su contribución es claramente requerida para orientar a la sociedad respecto de nuestra realidad económica, ocultada y envuelta con velos y dislates sin fin por las autoridades, del señor Fox para abajo.

Durante muchísimo años el Colegio cumplió esa tarea y se prestigió por su independencia técnica y política respecto al gobierno en materia económica. Está probado que se puede. ¡Y vamos que sí hay ahora tela de donde cortar!

Pasando de los buenos deseos a la realidad, la escalada política neoliberal en el ámbito de la política económica ofrece un panorama alarmante manifiesto en los triunfos del cabildeo de la Secretaría de Hacienda en la Suprema Corte, donde logró que se anularan los 32 oficios que giró la Auditoría Superior de la Fede-ración a efecto de que el gobierno no avalara los pagarés irregulares del Fobaproa emitidos por la banca. Así de ominoso.

El asunto crea un precedente adverso a cualquier intento de sanear el rescate bancario de manera que seremos nosotros y no los bancos, quienes paguemos el precio de irregularidades y cochupos. A través del IPAB asumiremos por lo pronto 128 mil millones de pesos generados por Fobaproa -unos 125 mil pesos toca pagar a cada mexicano, ¿estás de acuerdo? Esta deuda pública, que según los enterados representará el doble, no ha sido aprobada por el Congreso. Quedan impunes los banqueros que actuaron con premeditación, alevosía y ventaja efectuando jugosos autopréstamos, créditos sin garantía, créditos cruzados y demás transas que conforman el mayor fraude de la historia de México. Pero, como dijo el ministro Góngora, "la opacidad se niega a ceder paso a la transparencia".

Otro triunfo a favor de los economistas del poder neoliberal o neoconservador fue la remoción fulminante del presidente de la Comisión de Presupuesto, quien, independientemente de sus banderías políticas personales, caracterizó su desempeño por una defensa vertical del derecho constitucional de los diputados por modificar las iniciativas presupuestales del Ejecutivo y por asegurar una orientación social del gasto público.

En otra ocasión comentábamos sobre el deterioro de la amalgama entre las instituciones y el poder, merced a la cual anteriormente mal que bien se daba finiquito a las crisis. ¿Qué mejor muestra de ese deterioro que la ofrecida por la Suprema Corte, contra todo sentido común, de obstaculizar la revisión de irregularidades en el caso más sonado de fraude a la nación, sin precedentes por su magnitud e impunidad? ¿Servilismo? No, todo esto huele a salinismo; es más, huele peor, huele a salcinismo.

 
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