El comisionado del IFAI lamenta reticencia de Hacienda e IPAB a abrir información
Prevalece la "opacidad" en torno al rescate bancario: Guerrero Amparán
Considera deplorable que el gobierno foxista no cumpla el principio de rendición de cuentas
Al iniciar este lunes la Semana Nacional de la Transparencia, precisamente con el tema Fideicomisos y rescate bancario: ¿es posible la transparencia y la rendición de cuentas?, el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Juan Pablo Guerrero Amparán, lamenta que la gestión del presidente Vicente Fox se caracterice por la "opacidad" y falta de rendición de cuentas en ese tema de vital importancia para la ciudadanía, por el monto de la deuda social que entraña.
Aún más, dice el funcionario del IFAI: es paradójico que en esta gestión, en la que se dio uno de los "mayores avances" en la materia, al emitirse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) y resoluciones del IFAI que ordenan publicitar el uso de recursos públicos en el rescate bancario, tanto el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) invoquen la Ley de Instituciones de Crédito y acudan al "reto técnico-legal" para mantener en reserva dicha información.
En alusión a más de dos años de enfrentar juicios de amparo que ambas instituciones han interpuesto en contra de las resoluciones del IFAI, Guerrero Amparán destaca que pese a ello "sólo es cuestión de tiempo" para que, finalmente obligados, abran la información sobre el rescate bancario y los fideicomisos, entre ellos el del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Esto porque han venido perdiendo todos los recursos legales que han interpuesto. "Los jueces dan la razón al IFAI y con ello dicen: 'ya entreguen la información'", enfatiza.
Por ello, insiste, no deja de ser deplorable que persista la falta de voluntad política en este sexenio de la transparencia para dar a conocer cómo se usaron los recursos públicos en el rescate -con lo que se cargó a los contribuyentes la mayor deuda de la historia del país-, pese a que, recuerda, fue una de las promesas de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, Vicente Fox, transparentar ese asunto.
"Es de lamentar que se nos esté yendo el sexenio y no deje de ser éste un tema de debate público y de opacidad. Fue, incluso, un tema de la campaña anterior. Ahora hay una ley que regula el acceso a esa información y todo parece indicar, a menos que haya una decisión política importante, que volverá a ser tema de campaña."
También deplora que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis; el vicepresidente jurídico de ésta, Benjamín Vidargas, y el procurador fiscal de la Federación, Luis Mancera Arrigunaga, hayan declinado asistir a esa mesa de debate para explicar sus motivaciones ante la sociedad. Dichos funcionarios cancelaron su asistencia a una semana de que se iniciará el debate.
"Nuestra idea era tener la tan deseada oportunidad para que los colegas de Hacienda nos hicieran el favor de discutir este tema de cara a la sociedad. Si sus argumentos son sólidos y de todo peso jurídico, era momento de escucharlos. Lamentamos mucho que a un debate público de altura, con todo el rigor técnico, hayan declinado aceptar nuestra invitación."
En entrevista con La Jornada el también especialista en administración y políticas públicas por del Institut d'Etudes Politiques de París desecha los argumentos de la SHCP y del IPAB acerca de que hacer pública la información sobre el rescate bancario y los fideicomisos "agravia el principio de derecho; esto no es así porque el problema -enfatiza- es la sociedad".
La lógica que utilizan los funcionarios de ambas instituciones, detalla, es: "Si yo no cumplo con tu resolución IFAI, entonces violo la ley de transparencia; pero si cumplo la ley, entonces violo la Ley de Instituciones de Crédito y voy a la cárcel".
Definitivamente, subraya Guerrero, "no se puede tener dos cachuchas: o te proteges como ciudadano de los actos de autoridad, o eres autoridad y asumes la responsabilidad de serlo. No se vale decir: 'Me amparo contra la autoridad -¡contra un acto que yo, como autoridad, tendría que ejecutar!-, pero hoy es quincena y la cobro'".
Incluso el comisionado del IFAI recuerda que en algunos casos los propios funcionarios públicos han presentado demandas a título personal. Un ejemplo es el del ex director de comunicación social del IPAB, también integrante del Comité de Información de ese instituto, José Roberto González Corona, quien presentó dos de tres amparos personales. Dado que los tres fueron desechados y se dictó sentencia definitiva, el IPAB lo sustituyó por Rodrigo Brand de Lara", quien promovió otro amparo.
En la SHCP cuatro funcionarios de la Subsecretaría de Egresos (Guillermo Edmundo Bernal, Pablo Salvador Reyes Pruneda, Cecilia Barra y Gómez Ortigosa -quien siguió el juicio pese a que asumió otro cargo en la Procuraduría General de la República- y Max Alberto Dinner Sala) han perdido los juicios de amparo en contra de las resoluciones del IFAI, que ordenó difundir la información contable de 2001 a 2003 de los fondos y fideicomisos establecidos por Hacienda, excepto el de Bernal, que presentó otro juicio y está por resolverse en primera instancia, mientras Dinner Sala acudió a un tribunal colegiado de circuito inconforme porque desecharon su juicio.
Al respecto, el director de asuntos jurídicos del IFAI, Ricardo Salgado, comentó que gracias a las demandas y juicios del IPAB se generó una tesis de jurisprudencia mediante la cual el Poder Judicial establece que "los órganos obligados a proporcionar información pública a particulares no pueden acudir al amparo. Esto, incluso, se estableció en términos de la propia ley de transparencia, en el sentido de que las resoluciones del IFAI son definitivas".
Ambos funcionarios del instituto destacan que, no obstante, esa tesis aún es aislada -se requieren cuando menos cinco-, pero es un importante precedente. "El problema -destaca Guerrero- es que no se puede cumplir con la apertura de la información (de la SHCP e IPAB) hasta que no terminen los amparos."
El comisionado reitera: "La LFTAIP de manera muy clara persigue el recurso público, y si éste fue otorgado por un funcionario, sí pueda dar la información. En ese sentido, el IFAI ha resuelto que no hay contradicción entre la ley de transparencia y el secreto bancario y fiduciario; al contrario, se complementan".
En ese tenor, Guerrero sugirió que antes de las elecciones de 2006 se suscriban convenios para obligar a terceros que reciben recursos públicos, como las organizaciones sindicales de las dependencias gubernamentales, a transparentar la información sobre esos fondos. "Es necesario", puntualizó.