Editorial
El saqueo, negocio cerrado
La declaración formulada ayer por el secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mario Alberto Beauregard, de que el rescate bancario efectuado por el gobierno de Ernesto Zedillo es "un capítulo cerrado", es posiblemente cierta desde el punto de vista burocrático, legal y administrativo. En efecto, las elites financieras y la clase política la de filiación panista y priísta, específicamente han logrado clausurar todos los intentos legales por esclarecer el enorme saqueo a la nación que representó la nacionalización de las deudas de los bancos que en la crisis de 1994-1995 resultaron quebrados por la ineficiencia y la corrupción de sus dueños, por la torpeza del propio Zedillo y por la perversidad de su antecesor en el cargo.
El más reciente revés a los intentos por revertir, así fuera en pequeña medida, el gigantesco desfalco fue propinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente del Congreso de la Unión, la cual intentó una revisión más cuidadosa de las deudas privadas transferidas al gobierno y fue acusada por el máximo tribunal del país de invadir el ámbito de atribuciones del Ejecutivo. Por su parte, el gobierno de Vicente Fox, continuador fiel de las estrategias económicas depredadoras del salinismo y del zedillismo, se jacta de haber conseguido, por medio de la detección de créditos irregulares, reducir en poco más de cien mil millones de pesos el costo total del rescate bancario, el cual representa, en total, una carga aberrante e inmoral de más de 700 mil millones de pesos para los contribuyentes, un lastre para la reactivación económica y la imposibilidad real de destinar recursos que se requieren en rubros de salud, educación, vivienda, infraestructura, investigación y de-sarrollo e inversión en el sector energético.
A decir de Beauregard, a estas alturas ya ni siquiera hay responsables jurídicos de los desfalcos "porque los accionistas originales de los bancos perdieron sus instituciones" y porque sería improcedente "llegar dos años después a reabrir contratos del pasado; qué certidumbre jurídica va a tener una empresa en un país como éste".
En estricta lógica leguleya, lo anterior es cierto. Pero, más allá de las maniobras de legalización del saqueo perpetrado por los ex banqueros, de los pingües negocios realizados por los bancos extranjeros que cobraron las instituciones crediticias quebradas (que hoy reciben carretadas de dinero a cuenta del erario) y del atropello a la nación cometido por funcionarios económicos y legisladores del Revolucionario Institucional y Acción Nacional, el astronómico endeudamiento del país y de su población presente y futura se calcula que, con tasas de crecimiento anual del 3.5 por ciento, llevaría 25 años reducir los pasivos del rescate, concentrados en el IPAB, a uno por ciento del PIB tiene un aspecto que, en términos morales, es simplemente monstruoso.
Haber endeudado al país en casi 800 mil millones de pesos equivale a transferir a manos privadas esa cantidad de dinero de la propiedad pública. En la lógica política, el saqueo y su regularización constituyen un desmentido radical de la vigencia de una democracia representativa, porque ningún representante popular auténtico y digno de ese nombre, orientado por los intereses supremos de la sociedad, habría aceptado una canallada semejante.
Si en la correlación política de fuerzas del pasado reciente y del momento actual es imposible, como dice Beauregard, reabrir el asunto del Fobaproa-IPAB, más temprano que tarde esa correlación cambiará, impulsada, entre otros factores, por el peso abrumador de la deuda en el quehacer nacional, y se impondrá una revisión honesta de las trapacerías de los banqueros y de la irresponsabilidad de los políticos. A fin de cuentas, unos años después de perpetradas las matanzas de Tlatelolco de 1968 y del 10 de junio de 1971, los gobernantes también decían que eran "casos cerrados".