La política energética, rentista y bananera
En mi colaboración anterior señalé que la puesta en práctica del régimen fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex), aprobado por los senadores, tendría como consecuencia una disminución de ingresos públicos, sólo para 2006, de 34 mil millones de pesos, y que a partir de ese año la cifra seguirá creciendo... hasta que se acabe el petróleo. Pero en la medida que reviso la minuta de marras, me convenzo de que esas cifras pueden ser muy conservadoras, porque el mecanismo establecido no es transparente y fue diseñado de forma tal que Pemex pueda ganar doble: por un lado, podrá manipular los costos de producción a conveniencia, pues al reportarlos elevados se quedará con mayores ingresos, y por el otro, al promover inversiones privadas en las áreas de extracción petrolera, obtendrá mayores deducciones, por lo que pagará menos impuestos al gobierno. Pemex ganará tanto que podrá cumplir con los favores de antaño, prestados por empresarios nacionales y extranjeros al patrón. Llama la atención que Hacienda continúe en silencio. Quizá se deba a que como hoy esta nadando en dinero, el mañana, a partir de 2007, no les importa.
Y, como se lo debo, permítame comentarle un ejemplo de cómo se manipulan tanto los costos de producción como las deducciones, hasta de ciento por ciento. Obvio decirle que el mecanismo sólo opera para los cuates y que la afectación será sólo para la recaudación hacendaria. Se trata del ''mantenimiento no capitalizable''. Para usted y para mí el mantenimiento es, por ejemplo, pintar un tubo para evitar la corrosión y quizá estaríamos de acuerdo en que, al ser un costo muy menor, fuera deducible, pero resulta que para el gobierno del cambio ese concepto es igual aplicable a la perforación de un pozo, o a su ademe o a su explotación, que significan costos considerables y que, por arte de magia de este gobierno, serán deducibles para los privados. Así, los impuestos que se paguen por la construcción de esas obras no serán tantos. Ya no será Hacienda quien maneje de forma oscura estos ingresos, sino Pemex.
También abona al esquema la manipulación de los costos de extracción de los hidrocarburos. Hace poco tiempo Pemex manifestó públicamente que para el crudo el costo de extracción es de 2.5 dólares por barril y para el del gas asociado -que es el que más se produce en México- es cercano a cero. La minuta del Senado elevó esos costos hasta 6.5 y 2.7 respectivamente. Y no conformes con esto, en la minuta se plantea que si se sobrepasaran estos costos, Pemex los podrá deducir en los siguientes siete años, con lo cual, de hecho, podrá reportar costos elevados sin ningún limite, porque dado que la paraestatal se autosupervisará, nadie podrá demostrar lo contrario.
Como si el abuso al país no fuera suficiente, en la nueva revisión que realizan los diputados se reincorporan propuestas que, por pudor, el Senado ya había rechazado, como aquella que cataloga a los proyectos de ''especiales'', de acuerdo con la consideración de Hacienda, la que a través de reglas de carácter general -es decir, sin la autorización del Congreso, lo que no es novedad- les podrá aplicar mayores deducciones, tanto en inversiones como en costos.
Es aquí donde se encuentra el vínculo con los nuevos contratos de riesgo -las alianzas estratégicas-, pues es en éstos donde PEMEX negocia con los particulares los costos a pagar por la producción que obtengan en el área que se les concesione y que, sin importar lo elevado que sean, serán deducibles del pago de impuestos; lo que ayer fue para el gas en Burgos, ahora lo será para el petróleo, no solo en aguas profundas -si algún día logran algo parecido a Cantarell-, sino en Chicontepec, donde, previo a la reclasificación que hiciera la SEC estadunidense (Securities and Exchange Commission), las propias compañías extranjeras certificaron reservas probadas, por 12 mil millones de barriles de petróleo crudo. Ya se menciona que en el propio Chicontepec se prevé la aplicación de un proyecto especial, en una alianza estratégica con una trasnacional, donde el costo de producción se elevaría a 17 dólares por barril de crudo, que será lo que se pagará a la empresa extranjera que "gane la licitación" y a la que se le aplicarían las deducciones al ciento por ciento.
La aprobación de este nuevo régimen fiscal sólo consolida la especialización de México en la extracción y exportación de hidrocarburos, demostrando que sólo les interesan las actividades que aseguren dinero fácil y rápido. Es una política rentista y bananera, que tiene como principal propósito cumplir las exigencias demandadas por el capital extranjero, para abastecer su mercado y entregarles riqueza y materia prima para que le agreguen valor y así vendernos productos terminados. Sólo así se puede explicar que, teniendo capacidad y potencial propios para satisfacer la demanda interna de gasolina, petroquímicos y demás derivados del petróleo los compremos en Estados Unidos o en otros centros de producción.
En 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, la población aportó con gusto parte de su patrimonio, incluso animales de corral, a fin de rescatar los recursos de manos extranjeras. Ahora se impondrán mayores impuestos y precios a los servicios públicos, sin que sea factible rescatar la empresa que fue creada para administrar los hidrocarburos y contribuir al desarrollo del país y que, ahora, está al servicio de los intereses privados.