Legisladores perredistas consideran que el dictamen limita capacidades del Congreso
La decisión de la Corte sobre el IPAB costará 120 mil millones de pesos
La SCJN se coloca como el "limpiabotas de los banqueros" estima Gonzalo Yáñez
Diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inexistente la orden de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para dejar de pagar recursos al Fobaproa por el concepto del programa de capitalización y compra de cartera, además de equivocado, limitó las facultades del Congreso en ese caso y costará al país más de 120 mil millones de pesos.
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitará formalmente, el próximo lunes, mediante la Comisión de Vigilancia, una controver- sia constitucional que elabore la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la decisión de la Corte, en tanto que el senador Jesús Ortega señaló que a pesar de esa decisión el Poder Legislativo tiene opciones para evitar que quede impune "ese gran fraude millonario a la nación, que fue el rescate bancario".
Por su parte, Gonzalo Yáñez, integrante de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT), opinó que la determinación de la Corte legaliza el saqueo contra la sociedad mexicana y con ello, el máximo órgano de justicia del país se coloca como "el limpiabotas de los banqueros, pues han dado su anuencia a un hecho reprobable". En suma, señaló, son "chingaderas".
Por el momento no se puede hacer nada, pero a partir del próximo sexenio, con una correlación de fuerzas diferente, se podría encontrar un resquicio para volver a insistir en que se revisen los créditos irregulares que ingresaron al Fobaproa. Puntualizó que este tema no se puede abandonar y menos darle carpetazo.
La coordinación de asuntos económicos del partido del sol azteca sostuvo que la intervención de la SCJN abona en favor de la impunidad y la ausencia de transparencia: "Nos preocupa que los contribuyentes tengan que pagar la totalidad de las irregularidades presentes en el rescate bancario, a pesar de que la ASF ha revisado con oportunidad las cuentas públicas, y ha señalado la existencia de créditos irregulares e ilegales que no podrían entrar al programa de capitalización y compra de cartera".
Mario Beauregard comparecerá ante el Congreso
Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador económico del PRD, anunció la comparecencia del secretario ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), Mario Beauregard, personaje que a la fecha se había negado sistemáticamente a responder a los citatorios emitidos por el Congreso de la Unión.
Para los perredistas existe una concordancia entre el fallo de la Corte y la decisión de la Junta de Gobierno del IPAB, que recibió los resultados finales de las auditorías GEL (Gestión, Existencia y Legalidad), que advierte la inexistencia de delitos financieros. Además, manifestó el diputado Ramírez Cuéllar, ya se giraron citatorios para llamar a comparecer al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, quien no ha emitido una resolución de castigo contra los funcionarios que, por evidencias, hayan incurrido en irresponsabilidades financieras.
Los cálculos del grupo parlamentario del PRD señalan que de haberse aceptado las órdenes dictadas por la ASF se hubiera conseguido un ahorro al erario por más de 60 mil millones de pesos, recursos que no serían erogados durante el presente año para el rescate de los créditos irregulares detectados en Banamex, Bancomer, HSBC (antes Bital) y Banorte.
-Se habla de que la decisión de ayer es un carpetazo al Fobaproa -se le preguntó a Ramírez Cuéllar.
-Es un intento, prácticamente. Después de la resolución de la Corte y del resultado de las auditorías, lo que quieren es cerrar este capítulo. Sin embargo el Fobaproa sigue siendo un expediente abierto y tiene que seguirse investigando. Nosotros vamos a ejercer nuestro derecho al momento de discutir nuevamente el presupuesto. Si la vez pasada no les dimos un solo centavo para el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, espero que haya congruencia de la mayoría de diputados, y para el 2006 no se dé absolutamente un peso para ese programa -respondió.
-¿Cuál hubiera sido el alcance de una decisión contraria de la Suprema Corte?
-Si hubiese procedido la petición del auditor y se hubiese llevado a cabo el ejercicio de todas las observaciones y las investigaciones que realizó, estaríamos hablando de que nos pudiéramos haber ahorrado aproximadamente 60 mil millones de pesos, y el costo fiscal final del Programa de Capitalización y Compra de Cartera andaría en alrededor de 55 mil millones de pesos. Eso es realmente un golpe severo a los contribuyentes, a la transparencia, a la legalidad y al cumplimiento de la promesa presidencial, quien en el pasado manifestó que transparentaría todas las anomalías del rescate bancario -puntualizó.
Por su parte, Jesús Ortega, integrante de la comisión para dar seguimiento al IPAB, dijo que de entrada la ASF debe entregar a las autoridades correspondientes -sobre todo a las judiciales- las evidencias de irregularidades que encontró en el canje de pagarés del Fobaproa a los bancos y que obligan a descontar a éstos cerca de 4 mil millones de pesos.
El senador perredista consideró lamentable que en su resolución, la SCJN le haya restado a la Cámara de Diputados una de sus facultades fundamentales, "que es la de controlar y vigilar el uso correcto de los recursos fiscales".
Sin embargo, recalcó, las investigaciones en torno al Fobaproa "no están enterradas y tampoco se canceló la posibilidad de descontar a los bancos aquellos créditos ilegales que indebidamente fueron a dar al IPAB".
El perredista dijo que desde esa comisión senatorial van a redoblar esfuerzos para que se avance en las investigaciones del "fraude colosal" que es el Fobaproa, ya que el pago del mismo a los bancos, ahora en manos de extranjeros, resta millonarios recursos que podrían dedicarse al crecimiento del país.
Por separado, el senador del PAN, Alfredo Martín Reyes, coincidió en que seguirán insistiendo, como lo ha hecho en los años recientes un grupo de legisladores para que se dé cumplimiento a la Ley del IPAB, en particular a su artículo quinto transitorio, que tiene que ver con el programa de capitalización y compra de cartera y la posibilidad de reducir el costo fiscal del Fobaproa.
Ambos coincidieron en que durante la reunión que sostendrán el martes por la tarde con Mario Bauregard, le van a dejar claro que se tiene que sanear el rescate bancario y concluir las auditorías a los bancos.