Los consensos y las mayorías electorales

Gonzalo Martínez Corbalá

Las democracias modernas se fundamentan más en el consenso que en la mayoría simple, considerada solamente como la mitad más uno, o en los casos en los que específicamente se determina así, en la mayoría calificada de dos tercios, especialmente cuando se trata de cuestiones que se someten a votación en el seno de los parlamentos; sin embargo, el consenso propiamente dicho es más fácil de enunciarse que de medirse, porque lo que cuenta en cualquier caso para las elecciones democráticas es el número de votos que se introducen en las urnas.

En cualquier caso, las mayorías expresadas numéricamente resultan de la suma de votos que manifiestan el apoyo a un proyecto de país en el mejor de los casos, tratándose sobre todo de jefes de Estado, o bien de representantes de la nación como es el caso de los diputados o de integrantes del Senado, el que hasta antes de introducir la representación proporcional y las primeras minorías para candidatos perdidosos, representaba lisa y llanamente a las entidades federativas en el pacto federal. Y era precisamente una representación igualitaria de dos senadores, independientemente del tamaño o de la población de la entidad que se tratara, para lograr esa paridad. Tras introducirse en la ley electoral la posibilidad de favorecer con la primera minoría a los candidatos derrotados, como segunda oportunidad para llegar a esa cámara, y a los senadores por circunscripción como una clase de representación proporcional, cambió el espíritu original del Senado igualitario, en el que hubiera igual número de senadores para todas las entidades federativas. Ambas cámaras, la de Diputados y la de Senadores, tienen en la actualidad funciones en el Congreso como un todo muy semejantes en nuestro país.

El consenso como un acuerdo entre los miembros de una sociedad dada, relativo a principios, valores y normas, así como a la acción política destinada a alcanzar ciertos objetivos de la comunidad y de los medios aptos para lograrlo (Norberto Bobbio), se refiere también a la existencia de creencias o de principios que son más o menos ampliamente compartidos por los miembros de la sociedad; no se puede considerar estrictamente hablando como sinónimo del concepto de mayoría y es muy improbable que se logre totalmente, y aún más difícil cuantificarlo como se hace con la mayoría.

Las encuestas de preferencias por candidatos o por partidos hechas antes de que se lleven a cabo las votaciones pudieran considerarse como una medición de las posibilidades de que se logre un consenso. Por lo tanto, el término consenso se entiende en sentido relativo, y más que hablar de su existencia o de la carencia absoluta de éste, se debería hablar del grado de consenso que pudiera obtenerse en cada caso.

Por otra parte, se presenta además como característica de la democracia actual mexicana la tendencia hacia la indiferenciación ideológica y programática de los partidos, motivo por el cual se da el caso, cada vez más frecuente, de intercambio de miembros partidarios entre estas instituciones, que en un principio fueron consideradas estructuras de intermediación entre el Estado y la sociedad, y que han dejado de serlo, porque han dejado también de representar cabalmente a los gobiernos, por un lado, y por el otro, a los sectores de las sociedades que supuestamente militan en ellas.

Los gobernantes, que como es natural, han llegado al poder apoyados por determinados partidos, una vez que acceden a él encuentran dificultades para mantener una relación clara y libre de sospecha con éstos. Uno de los esfuerzos más recientes hechos en este sentido en el régimen político anterior -muy desafortunado, por cierto- fue aquel que se expresó como la intención de guardar una sana distancia con el PRI, partido del cual se suponía haber surgido para llegar al poder.

Aquí conviene mencionar que nosotros consideramos absolutamente inexacto aquello de que el PRI estuvo más de 70 años en el poder, puesto que esta afirmación no resiste un análisis en profundidad, ya que Plutarco Elías Calles, cuando creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el 4 de marzo de 1929, no tenía ni podía tener la menor idea de lo que iba a pasar ni siquiera durante los tres periodos gubernamentales del maximato que él mismo estableció, ni mucho menos que en 1934 llegaría al poder Lázaro Cárdenas para ejercerlo durante seis años y fundar en 1939 el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), precisamente para modificar a fondo la estructura política creada por el jefe máximo, para no hablar de que la verdadera fundación del Partido Revolucionario Institucional se da con la candidatura de Miguel Alemán Valdés siendo presidente Manuel Avila Camacho. La sola lectura de las declaraciones de principios correspondientes nos da una clara idea de que ni el PNR ni el PRM pudieron haber sido antecedentes ideológicos ni programáticos del PRI.

Frecuentemente los procesos electorales se resuelven por diferencias cada vez menores, y si agregamos situaciones de dificultad mayor que continuamente tienen que ser resueltas por el Poder Judicial, y el hecho de las variadas interpretaciones que se dan desde el Poder Ejecutivo a la relación legitima de éste con los partidos, que debiera ser de composición de las fuerzas políticas para actuar según la resultante de todas ellas, y no siguiendo la dirección del propio, difícilmente los partidos políticos mantendrán en las próximas elecciones del 2006 el papel que debiera corresponderles de estructuras de intermediación entre el Estado y la sociedad, que se muestra desorientada por la indiferenciación ideológica y programática que ya se cita más arriba y por el continuo cambio de un partido a otro de los candidatos, que buscan de esta manera una puerta más segura de acceso a los puestos, más que la vía para la realización de principios o de objetivos.