La auditoría es transparente, pero ningún periodista puede analizarla, dicen en Bucareli

Convalida la SG exoneración a Creel por el escándalo de las casas de juego

Pendiente, controversia que podría echar por tierra el otorgamientos de los permisos

FABIOLA MARTINEZ

La Secretaría de Gobernación (SG) concluyó que el permiso otorgado a la empresa Apuestas Internacionales SA de CV, filial de Televisa, para la operación de 130 casas de juego y centros de apuestas remotas, "fue expedido con estricto apego a la normatividad vigente".

La auditoría interna de Gobernación al permiso autorizado por el ex titular de la dependencia Santiago Creel Miranda (cinco días antes de que renunciara a ese cargo para contender por la candidatura del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República), avala que la empresa referida cumplió todos los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, normatividad actualmente impugnada por diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El anuncio de la SG ocurre en el último momento del plazo ofrecido por el actual titular de la dependencia, Carlos Abascal Carranza, quien hace dos semanas se comprometió a dar información a más tardar ayer. Sin embargo, el pasado miércoles, la Comisión Política del PAN exoneró a Creel Miranda, luego de recibir información del ahora precandidato panista.

Los miembros del blanquiazul concluyeron que "no hay duda alguna sobre la legalidad del procedimiento y el comportamiento institucional" que se siguió para la aprobación de los permisos.

Los resultados de la investigación, encomendada por el actual titular de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, fueron anunciados a la prensa en un boletín de tres párrafos, en el cual se informa que el grupo interdisciplinario encargado de revisar el expediente referido concluyó su investigación ayer.

Aunque el breve comunicado asegura que la secretaría está "en total disposición para atender con apertura cualquier instancia que desee validar la información de que fue objeto este análisis", ésta debe contar con interés jurídico en el caso. Es decir, del boletín se desprende que los periodistas no estarían en tal circunstancia para tener acceso a los documentos respectivos.

La semana antepasada fue difundido en varios medios de comunicación el documento con el cual Apuestas Internacionales, creada este mismo año, recibió el 26 de mayo pasado la autorización para operar 65 casas de juego e igual número de centros de apuestas remotas, conocidos como books, mientras que otros beneficiarios como Promojuegos de México obtuvo 10 permisos, y Mío Games, dos.

El asunto causó de inmediato polémica y suspicacias, debido, entre otros factores, a la premura para la autorización por parte de la Dirección de Juegos y Sorteos de la SG, así como por los subsecretarios de Gobierno y de Asuntos Jurídicos de la dependencia, integrantes a su vez del consejo consultivo que, de acuerdo con el nuevo reglamento, tiene aval para determinar qué empresas son beneficiarias de los permisos.

La Cámara de Diputados impugnó el reglamento y la SCJN dio entrada a la probable controversia constitucional, misma que sigue sin resolverse. De ahí que, aun con el respaldo del PAN y ahora de Gobernación, una resolución de la Corte podría dejar sin efecto el reglamento con base en el cual se fundamentaron las autorizaciones.

Al tiempo que se conoció la autorización para la apertura de más de 100 casas de juego y apuestas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión integró un organismo que investigará el particular, cuyos resultados serán entregados con plazo máximo de ocho meses, esto es, a más tardar en abril de 2006.

Ante las acusaciones en torno a un presunto acuerdo ilegal entre Creel y los principales accionistas de Televisa, supuestamente para obtener una mayor difusión de su campaña para obtener la Presidencia de la República, el secretario Abascal ordenó una auditoría para analizar el apego de la autorización a la normatividad vigente.

Creel y su equipo han señalado que el nuevo reglamento -de una ley que data de 1947- es necesario para evitar excesos y actos de corrupción cometidos por las administraciones priístas para beneficiar a un puñado de empresas que mantienen el control en el área de juegos y sorteos.