PRD: la SCJN convalidó el saqueo a la nación, validando ilegalidades de la banca
La resolución de la Corte no cierra el caso Fobaproa, aseguran senadores del PAN
El gobierno no se opone a la revisión de los créditos incluidos en el PCCC, dice Hacienda
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que da la razón al presidente Vicente Fox en su controversia constitucional contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no significa en modo alguno que el caso Fobaproa esté cerrado, sostuvieron los senadores de Acción Nacional Fauzi Hamdan, Luis Rico Samaniego y Alfredo Reyes Velázquez.
Integrantes los tres de la comisión especial para dar seguimiento al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), coincidieron en que la resolución de la Corte va únicamente en sentido de señalar que la ASF no tiene facultades para imponer al Ejecutivo órdenes o nulificar actos que corresponden a la autoridad administrativa, y el organismo del Congreso tiene otras opciones para exigir la reducción del costo fiscal del Fobaproa, luego de las irregularidades detectadas.
Hamdan, quien preside esa comisión, hizo notar que sería ''un error craso'' considerar que el fallo de la Suprema Corte da carpetazo al Fobaproa, ya que incluso las auditorías a los cuatro bancos continúan para ver si se puede reducir más el costo fiscal del rescate. Además, recalcó, la ASF tiene otros caminos, si considera que sus observaciones no han sido solventadas, entre ellas imponer responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
Los senadores Rico Samaniego y Reyes Velázquez señalaron que el martes comparecerá en el Senado el secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard. En la ocasión le insistirán en el cumplimiento del artículo quinto transitorio de la ley que rige a ese instituto, que establece la obligación de llevar a cabo las auditorías y en caso de que éstas reporten irregularidades, deslindar responsabilidades para que los infractores asuman los costos legales y económicos.
Rico Samaniego precisó que la ASF debe ahora diseñar otro camino para lograr que el resultado de la revisión de la Cuenta Pública de 2001, en la que encontró numerosas irregularidades en la compra de cartera vencida de los bancos, se concrete en una disminución del costo de los pagarés Fobaproa y en fincar responsabilidades a ''unos cuantos funcionarios del régimen anterior que incurrieron en dispendios y otras ilegalidades''.
A estas alturas, recalcó, el IPAB debe ya haber procesado tanto los resultados de las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados, a través de Michael Mackey, el trabajo del contralor interno del IPAB, Fortunato Alvarez, y las revisiones de la cuenta pública que realizó la ASF y que fueron motivo de la controversia constitucional.
Sobre ese punto Hamdan difirió, ya que, a su juicio, las observaciones que formuló la ASF a la Cuenta Pública de 2001 para descontar cerca de 4 mil millones de pesos a los bancos, ''son improcedentes e incluso la Corte determinó que no son atendibles''.
El legislador y litigante hizo notar que hubo ya una reducción de 116 mil millones de pesos, luego de un convenio entre el IPAB y los bancos y seguramente se darán otras, como consecuencia de las auditorías comenzadas a practicar desde diciembre a Banamex, Bancomer, HSBC y Banorte.
''El martes el secretario ejecutivo del IPAB vendrá para informarnos del grado de avance de esa auditoría y de la cobranza, no sólo de la cartera vencida, sino de los bienes en poder del instituto'', agregó Hamdan.
Decisión absurda, cobarde y lamentable, dicen perredistas
El comité ejecutivo nacional perredista afirmó que la Suprema Corte de Justicia dio una muestra más de que está al servicio del poder, sea económico o político, al desechar la revisión de los créditos irregulares del Fobaproa.
El PRD señaló que la Corte utilizó un argumento ''leguleyo'' y sólo convalidó el saqueo a la nación que representó el mal llamado rescate bancario. No es la primera vez que la Corte se pone al servicio del capital financiero. Desde mucho tiempo atrás, precisó, viene validando la usura y las ilegalidades de la banca.
El tema del Fobaproa, recordó el PRD, cuesta al país un billón 200 mil millones de pesos. Cuando fue autorizado por el PRI y por el PAN, el monto era de 530 mil millones de pesos.
Es una ''deuda'' que amenaza con convertirse en eterna por las condiciones en que está pactada (Cetes más varios puntos de interés trimestral), asentó.
En realidad, todo el rescate bancario es ilegal, apuntó. No sólo fueron los créditos cruzados, los créditos sin garantía, los autopréstamos y el sin fin de irregularidades ahí desarrolladas. Todo el esquema de salvamento fue hecho violentando la ley y convirtiendo en deuda pública el mal llamado rescate, sin la autorización del Congreso.
Previamente la Corte había autorizado a los bancos a apropiarse de los bienes de los deudores a pesar de la prohibición expresa en esta materia establecida en el artículo 27 fracción quinta de la Constitución.
Hace algunos años, indicó, la Corte salvó a la banca de su privatización ilegal. El ex presidente Carlos Salinas realizó las reprivatizaciones habiéndose vencido los poderes para ello. Los deudores lo denunciaron acreditando el hecho, tema que llegó al máximo tribunal, pero éste desechó el recurso con el argumento de que los deudores no tenían interés jurídico.
Hoy, una vez más, la Corte llena de vergüenza y de impotencia al país al tomar esta decisión absurda, cobarde y lamentable, resumió el PRD.
Se aclararon límites constitucionales, según Hacienda
La Secretaría de Hacienda ratificó anoche su compromiso con la transparencia, y estableció su plena coincidencia con la Suprema Corte de Justicia que determinó por mayoría de ocho votos que diversos oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son inconstitucionales. El gobierno federal no se opone a la revisión de los créditos incluidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), aseguró.
Estableció que la controversia no versó, ''como se ha sugerido equivocadamente sobre una negativa del Poder Ejecutivo federal a la fiscalización del Programa de Capitalización y Compra de Cartera'', que se abrió para apoyar a los bancos.
El Poder Ejecutivo, subrayó la dependencia en un comunicado oficial, ''nunca se ha opuesto ni se opondrá nunca a la fiscalización del programa'', el que ha sido objeto de las revisiones siguientes: la anterior Contaduría Mayor de Hacienda revisó las operaciones de ese programa dentro de las cuentas públicas de 1995 a 1998; la Cámara de Diputados ordenó la auditoría al consultor Michael Mackey en 1999 en 1999, misma a la que se refiere la Ley para la Protección al Ahorro Bancario.
La ''controversia constitucional fue para resolver un conflicto de división de poderes e invasión de competencia y clarificar el marco jurídico que rige la actuación de la ASF''.
Asimismo, indicó que el IPAB, ''sin que estuviera legalmente obligado a hacerlo, contrató auditores contables y legales para la realización de las auditorías denominadas GEL (de gestión, de identidad de objeto y de existencia y legitimidad de los créditos del programa), así como de legalidad de los créditos revisados por Michael Mackey.