El IPAB busca legalizar el rescate bancario y cargar a mexicanos $250 mil millones

La Auditoría invadió la esfera del Ejecutivo, dictamina la SCJN

Cerró la posibilidad de que la ASF revise la legalidad de los pagarés

La opacidad se niega a ceder ante la transparencia: Góngora Pimentel

IPAB: la revisión de operaciones sigue

JESUS ARANDA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó por mayoría de ocho votos a tres que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) invadió la esfera de responsabilidades del Ejecutivo federal, al ''ordenarle'' en 32 oficios girados a la Secretaría de Hacienda y al IPAB la revisión de créditos presuntamente irregulares que se convirtieron en deuda pública. Con esta decisión se cerró la posibilidad de que la ASF revise la legalidad de los pagarés convertidos en deuda pública entre 1995 y 1998 al ratificar los ministros el principio de anualidad en la revisión de la cuenta pública y la anulación en su totalidad de los oficios impugnados.

Contrario a la decisión mayoritaria, el ex presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, cuestionó el fallo al señalar que los poderes (incluido el Poder Judicial de la Federación) y los niveles de gobierno se sienten agredidos por la actuación de la ASF, porque no existe la costumbre ni la cultura de que la administración de recursos públicos sea controlada: ''la opacidad se niega a ceder terreno a la transparencia y al control de cuentas'', e insistió en que la intención de la Auditoría era ''desactivar créditos ilegales que se tornaron en deuda pública''.

En su intervención, que generó molestias y rostros adustos de los ministros que momentos antes habían ratificado la invalidez de los oficios de la Auditoría relacionados con la Cuenta Pública 2001, Góngora hizo un llamado al Congreso de la Unión a que realice reformas constitucionales y legales ''que le den verdadera viabilidad y funcionalidad a la ASF''.

Es necesario, subrayó antes de que se oficializara en la sesión pública de ayer el alcance del dictamen de la controversia constitucional que presentó el Ejecutivo federal en contra de la ASF, dotar a la Auditoría de herramientas jurídicas ''claras e inobjetables'', para que juegue el papel que le corresponde en el control de la actividad financiera del Estado, para lo cual resulta indispensable, dijo, elevar a rango constitucional que las resoluciones de la ASF tengan efectos vinculatorios para los poderes públicos.

De lo contrario, advirtió, ''esta institución, que debería ser uno de los puntos estructurales de la transición democrática, puede convertirse en otra expectativa más de la ciudadanía''.

Las palabras de Góngora sorprendieron a los presentes en el salón de sesiones del tribunal. Les recordó que en dos controversias anteriores -una sobre las atribuciones de los municipios en materia de fiscalización y otra con relación a los contratos de servicios múltiples-, el pleno había votado en contra de la actuación de la ASF, con el argumento de que había violado la esfera de competencia del Ejecutivo.

Cuestionó a sus compañeros que no hayan sido capaces de comprender la ''nueva realidad'' de la ASF, aunque también comentó que eso se debe en parte a ''una legislación oscura'' que si no se concatena con los principios constitucionales, poco ayuda a la labor de la propia Auditoría.

La revisión de la cuenta pública dejó de ser una ''función política'' para convertirse en una ''efectiva función técnica de control, de corrección de las irregularidades y de castigo a quienes hacen mal uso de los recursos públicos''.

Sin embargo, destacó, ante el acrecentamiento de las facultades de revisión y control, el principio de división de poderes se flexibiliza para dar paso a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, ''que los ciudadanos desean fervientemente salvaguardar''.

Esta nueva realidad, reprochó, ''no ha sido del todo comprendida en el caso de la ASF'', lo que en su momento motivó que uno de los ministros comentara que ésta pretendía convertirse en ''supremo poder conservador''.

Cuando terminó la sesión, el ministro Sergio Aguirre Anguiano comentó en voz alta en alusión a Góngora Pimentel: ''Aprovechaste la sesión para leer tu boletín''. La única que cuestionó las palabras de Góngora y que justificó su voto fue Olga Sánchez Cordero, quien insistió en que la Auditoría no tiene facultades para ordenar qué hacer a entidades dependientes del Ejecutivo.

En su intervención y en entrevista, la ministra instructora Margarita Beatriz Luna Ramos justificó el sentido de la resolución, al afirmar que la Corte no descalificó la labor de la ASF ni le impide que realice su labor, pero siempre y cuando su actuación respete el marco constitucional y legal.

ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) continúa con la revisión de las operaciones realizadas por Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC (antes Bital) durante el rescate bancario, en las que trata de determinar si los apoyos que recibieron del gobierno federal se apegaron a la legalidad, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ayer ponerse del lado del Ejecutivo federal en la controversia sobre el saneamiento financiero.

Al respecto, Mario Di Costanzo, ex secretario técnico de la Comisión del Congreso para investigar las operaciones del IPAB, manifestó que el instituto, apoyado por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pretende legalizar, a espaldas del Congreso, parte del rescate bancario y cargar a los contribuyentes créditos ilegales por más de 250 mil millones de pesos.

Dijo que estos financiamientos están incluidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), del que se beneficiaron esas cuatro instituciones, y que las auditorías llamadas GEL (Gestión, Existencia y Legalidad), que realiza el IPAB, serán una simulación y maquila de datos financieros. De haberse hecho de manera correcta, se hubiesen detectado las irregularidades en el Fobaproa, recalcó.

De acuerdo con informes del IPAB, hasta el momento no se ha encontrado nada adicional a los 9 mil millones de pesos que pagaron los bancos involucrados en el PCCC el 15 de julio de 2004 para desistirse de los amparos en contra de las auditorías. Inclusive uno de los principales bancos asegura que nada habrá adicional a lo ya cubierto el año pasado.

El vocal ejecutivo del instituto, Mario Beauregard, anunció que en mayo o a más tardar en junio, daría a conocer los resultados de las auditorías GEL para transparentar la información de lo ocurrido con los créditos que recibió el Fobaproa a través del PCCC, cuyas operaciones fueron cuestionadas por la Cámara de Diputados.

Davis, juez y parte en la calificación de auditorías

Di Costanzo manifestó que los despachos Geoessler, La Paz Costemalle y Hernández Marrón contratados por el IPAB para llevar a cabo las auditorías, no tienen facultad para determinar ilegalidades. Entregarán sus trabajos y serán turnados a despachos jurídicos que, conjuntamente con la CNBV determinarán la existencia o no de ilegalidades.

Esto, agregó, dejará a la CNBV y a su presidente, Jonathan Davis, en calidad de juez y parte, porque este funcionario fue integrante del comité técnico del Fobaproa, razón por la cual se autocalificará sobre las operaciones que entonces se realizaron. Ello no permitirá que se descubran todas las ilegalidades cometidas por los bancos y el comité técnico del Fobaproa durante el rescate bancario.

Según el analista financiero, por instrucciones del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, no será utilizada la totalidad de la Ley de Instituciones de Crédito para realizar las revisiones GEL. Entonces, el marco jurídico sobre el cual se determinarán las ilegalidades es incompleto.

Subrayó que la reducción en el costo de los pagarés Fobaproa que anunciaron la Secretaría de Hacienda y la CNBV es falsa, porque la realidad es que se transferirá a los contribuyentes una deuda de más de 250 mil millones de pesos.

Además, los acuerdos de pérdida compartida señalaban que de la cartera que no se cobrara, 25 por ciento de pérdida sería para los bancos y 75 por ciento sería absorbido por el gobierno federal. De esta manera, se deduce que si los bancos absorbieron una pérdida de 49 mil 65.5 millones de pesos, el gobierno federal deberá responder por 147 mil 195 millones de pesos de pérdidas, que representan 75 por ciento.

Esto quiere decir que a los 107 mil 52 millones de pesos que se convertirán eventualmente en deuda pública por el convenio anunciado, habrá que sumarle los 147 mil 195 millones de pesos que asumirían por concepto de pérdidas compartidas. Esto hace que en realidad el costo total del PCCC para los contribuyentes sea de 254 mil millones, lo que representa un monto mayor que el valor bruto de los pagarés.