México ¿Seguro?
El repunte en los niveles de violencia que se asocian a la operación del crimen organizado en el país ya está creando un estado de paranoia y sicosis en el imaginario colectivo de los mexicanos. A escala nacional asistimos al inicio de un proceso con el que los bajacalifornianos ya parecemos estar habituados; es decir, el grado de descomposición social implícito al fenómeno de la criminalidad estructural ya se asume con naturalidad y resignación. En lo que va del año se ha asesinado a 243 personas en Baja California, que de los estados fronterizos posee la tasa de homicidios más elevada, al alza y aun mayor que la de Tamaulipas, con 149 homicidios al 20 de junio, 81 de los cuales se relacionan con el narcotráfico. Cabe destacar que Tamaulipas tiene más habitantes que Baja California.
Más allá de lamentarnos, pocas son las acciones efectivas que como sociedad parecemos estar dispuestos a adoptar para asumir la parte que nos corresponde por haber contribuido a generar las condiciones decadentes por las cuales padecemos la ola de criminalidad que pudiera haber llegado para quedarse. Como sociedad, deberíamos recordar que el Estado mexicano, además de monopolizador tanto de la violencia como del poder político-económico, obedece a los intereses de las oligarquías que lo conforman. Por ello es razonable que la actual gerencia encargada del changarro conocido como gobierno "nacional" rinda cuentas al patrón mayor, allende el Bravo, cuya opinión le importa más que cualquier otra, incluida por supuesto la de los mexicanos.
Los regaños estadunidenses por la inseguridad fronteriza en México fueron los que motivaron, más que otra razón, los recientes estados de sitio y las operaciones de ocupación policiaco-militar en aquellas entidades afectadas por la ola de violencia. La presencia cotidiana de soldados en las calles del país cumple también otra función más allá de la sólo policial: acostumbrar a la ciudadanía a la intervención militar en asuntos rutinarios en los que la autoridad civil es incapaz de responder.
Pero aun sin negar el recrudecimiento de la violencia fronteriza atribuida al crimen organizado, hay otros estados de la geografía nacional donde por otras causas es mayor la inseguridad manifestada en los índices de muertes por agresión. Tal es el caso, por ejemplo, de las entidades hermanas de Oaxaca y Guerrero, cuya centenaria marginación estructural explica sus altos niveles endémicos de violencia, los más altos del país en lo que a asesinatos se refiere. No es la situación de la frontera norte, donde los vínculos de la violencia homicida y el narcotráfico tienen otras causas comunes, mantienen ligas con los aparatos de poder.
El caso de Baja California es sintomático de la estrecha correlación entre la llegada del PAN en 1989 al gobierno y el proceso de descomposición criminal, que a partir de tal fecha ha mantenido un comportamiento fluctuante pero creciente. Si bien es cierto que lugares como Sinaloa, con 291 asesinatos en 2005, padecen niveles mayores de violencia, su tendencia es a la baja, al contrario de lo que ocurre en la parte norte de la península, donde 47 por ciento de las muertes por agresión en este año están vinculadas con el crimen organizado o el narcomenudeo.
Además, Baja California constituye un escenario estratégico para la seguridad de México, pero sobre todo para el gobierno estadunidense. En el estado se construirán, pese a la oposición social, las regasificadoras que abastecerán el demandante mercado energético de California, cuya rígida normatividad ambiental prohíbe lo que Fox permite en territorio nacional. Vamos, ya hasta fue a negociar con Putin el envío del gas ruso necesario para Estados Unidos vía el patio trasero bajacaliforniano.
No es casual tampoco que en la península se haya capturado en estos días, bajo pedido de ya saben quién, a extranjeros que constituyen "riesgos" para la seguridad estadunidense: un paquistaní en Rosarito, supuesto traficante de misiles, y un británico en La Paz, dizque vinculado al 11 de septiembre, lo que luego se demostró era falso. Hace años en Ensenada también fue detenido, a petición de Aznar, un vasco acusado de etarra. La celeridad para detener a supuestos enemigos contrasta con la permisividad al terrorista Luis Posada Carriles, quien se placeó impune a lo largo de México rumbo al santuario estadunidense. También al gobierno panista le ha costado trabajo detener a otros terroristas de Estado, como algunos responsables de la guerra sucia de los años 70 o al genocida guatemalteco Donato Ruiz, a quien dejaron ir, quizá porque las afinidades ideológicas de todos ellos son acordes con la filosofía del panismo, al que poco parecen importarle las atrocidades cometidas.
Contra los narcotraficantes, el gobierno foxista aparenta perseguirlos, pero sabe con quién se mete: son poderosos, tienen infinidad de recursos materiales, financieros, humanos y bélicos, pueden defenderse y responder; mejor dejarlos tranquilos, hacerse de la vista gorda y simular que se les combate, y es que de todas maneras en ocasiones, en México, la línea que separa al crimen organizado y al Estado es muy oscura y se confunde.
La única estrategia que tiene ciertas posibilidades de éxito en contra del narcotráfico será aquella que se produzca de un acuerdo bilateral México-Estados Unidos, donde cada país asuma sus propias responsabilidades y se comprometa a realizar las acciones que estén bajo su competencia. De lo contrario los operativos como los actuales sólo serán actos publicitarios, tan propagandísticos como inútiles.