Debe controlarse a los proveedores de instrucción transfronteriza, advierten escuelas

Riesgoso, permitir que organismos comerciales regulen la educación

Peligran los servicios de los estados-nación

KARINA AVILES

Medio millar de universidades e instituciones educativas de Iberoamérica firmaron hoy la declaración universal Compartiendo la calidad de la educación superior más allá de las fronteras, en la que advierten a los gobiernos que la enseñanza superior transfronteriza regulada por los organismos comerciales puede entrar en conflicto y poner en riesgo la capacidad de los sistemas educativos de los estados-nación y, por ello, les exigen controlar a estos proveedores, contribuir a defender el principio de que la educación debe ser asequible, no sólo para los estudiantes que puedan pagar, e infundir el pensamiento crítico a escalas local, nacional y mundial.

Asimismo, la cuarta Conferencia Iberoamericana de Rectores Virtual Educa, en su declaración del Palacio de Minería, acordó elaborar un modelo de reconocimiento de la calidad de la enseñanza universitaria a distancia con el propósito de establecer controles y evitar que los programas que se ofrecen sean un fraude educativo y un negocio de jugosas ganancias.

Estos manifiestos se dieron a conocer en el contexto del Encuentro Internacional de Educación Superior UNAM 2005. El primero de ellos tiene repercusión a escala mundial, pues se trata de un documento que ya fue signado por universidades de Africa, Asia, Europa, al que ahora se suman las instituciones educativas de nivel superior de Iberoamérica. El mismo será presentado el próximo octubre en la Cumbre de jefes de Estado y Ministros de Salamanca y en la Reunión de la Asociación Internacional de Universidades, que se llevará a cabo en noviembre en Alejandría, Egipto.

En la declaratoria, las 500 universidades, asociaciones y organismos educativos hacen recomendaciones a los gobiernos para que adopten una agenda de acción que respete los valores de la enseñanza como un bien público y atiendan las limitaciones que conlleva que el sector educativo forme parte de acuerdos como el General de Comercio y Servicios de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

"Algunos de los gobiernos buscan administrar la educación superior transfronteriza por medio de regímenes de comercio multilateral y regional, que tienen como propósito facilitar el flujo de bienes privados y servicios. Pero este enfoque tiene tres limitaciones principales: en primer lugar, los marcos comerciales no están diseñados para lidiar con los asuntos académicos, la investigación o los propósitos sociales y culturales más amplios de la educación superior transfronteriza. Segundo, las políticas comerciales y las que están relacionadas con la educación nacional pueden entrar en conflicto, poniendo en riesgo la capacidad de la educación superior para llevar a cabo su propia misión social y cultural.

"Tercero, la aplicación de reglas mercantiles para el manejo de complejos sistemas de educación superior nacional diseñados para servir al interés público podría tener consecuencias indeseadas, las cuales, a su vez, podrían ser dañinas para dicha misión."

Por ello, establecen, los acuerdos y las políticas internacionales para la regulación de la educación superior transfronteriza -particularmente en el contexto de la OMC- deben respetar el derecho de los gobiernos y de los órganos competentes para establecer las reglas de funcionamiento de sus sistemas de educación superior, y proteger la inversión pública con la finalidad de asegurar el acceso y la equidad para los estudiantes nacionales.

Entre los puntos de la agenda que piden adoptar a los gobiernos destaca el de entablar un diálogo con las instituciones de educación superior para que las políticas y prácticas nacionales e internacionales promuevan los principios de la enseñanza como un bien público, así como cooperar con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales "para controlar que los proveedores extranjeros de educación superior que operan dentro de las distintas naciones tengan las autorizaciones y normatividades apropiadas". Establecen que los principios de la educación transfronteriza deben contribuir al bienestar económico, social y cultural de los estados-nación, fortalecer la capacidad de la enseñanza superior en los países en vías de desarrollo, para promover la equidad a escala mundial, y hacer posible el acceso a los alumnos calificados con necesidades económicas, además de rendir cuentas a la sociedad, los estudiantes y los gobiernos.

En cuanto a la declaración del Palacio de Minería, se acordó establecer un comité que impulsará grupos de trabajo para que impulsen este modelo iberoamericano de reconocimiento de la calidad de la educación superior a distancia.

América Latina y el Caribe, la región con mayor desigualdad social en el mundo, con 42 millones de analfabetos, tiene el mismo número de estudiantes que hace 15 años. En la zona, el acceso educativo a los indígenas no llega ni a 2 por ciento, pese a que esta población es de 50 millones, los alumnos que van a la universidad no son ni 20 por ciento; en estas tierras viven 150 mil investigadores que representan apenas 3.5 por ciento de los científicos del mundo, mientras que Estados Unidos concentra una cuarta parte del total mundial y, pese a ello, en los 40 años pasados se ha registrado una fuga de cerebros de más de un millón de profesionales latinoamericanos que han emigrado a los países desarrollados.

Ante este panorama presentado por representantes de la Organización de Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacaron la importancia de establecer un espacio común de educación superior conformado por los países iberoamericanos y construir un modelo de universidad iberoamericana para el siglo XXI que haga frente a estos rezagos.

Al quedar formalmente inaugurados los trabajos del Encuentro Internacional de Educación Superior UNAM 2005, el secretario general de la casa de estudios, Enrique del Val, afirmó que "poco o nada es lo que hacen muchos de los gobiernos de la región para hacer frente a esta situación". Enfatizó que, en nuestras naciones, el crecimiento económico es insuficiente para generar el desarrollo que necesitamos.

"Prueba de ello es el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que se destina a la educación, y que se aproxima a 4 por ciento como promedio en esta parte del orbe. Ningún país latinoamericano alcanza la asignación que muchos consideran como ideal, de 8 por ciento del PIB a la educación", apuntó.

Por su parte, el director del Instituto de Educación Superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Claudio Rama, precisó que hoy, en las aulas universitarias de esta zona, está el mismo número de alumnos que hace 15 años, a diferencia de los países industrializados, que han duplicado su cobertura hasta alcanzar 70 u 80 por ciento.

Dijo que en los años recientes se ha incrementado el proceso de diferenciación institucional. Esto ha significado, por ejemplo, el surgimiento de 280 universidades religiosas en América Latina, con 14 por ciento de la cobertura.

Sin embargo, advirtió, la diferenciación conlleva un fuerte peligro, como es la excesiva proliferación de instituciones y la caída de la calidad educativa. Apuntó que en Finlandia, el promedio de alumnos por universidad es de 7 mil 477, mientras que hay casos como el de México, donde el promedio es de mil 400 estudiantes por institución universitaria.

América Latina, agregó, tiene 50 millones de indígenas, 90 por ciento de ellos están localizados en cinco países, uno de los cuales es México. Sin embargo, la tasa de cobertura no supera el 2 por ciento y, en algunos casos, puede llegar a ser más baja.

Por su parte, el rector de la Universidad de La Habana, Juan Vela, indicó que Latinoamérica es la región con mayor desigualdad social en el mundo.

Por su parte, la secretaria General Adjunta de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Rosario Fernández, destacó que el Espacio Común Iberoamericano de Educación Superior es una estrategia para impulsar los procesos de integración reales en la región.

Durante su intervención, la secretaria de Cultura del gobierno capitalino, Raquel Sosa, señaló que la educación no puede ser un asunto privado y de unos cuantos, e insistió en el papel de la enseñanza pública como eje central para avanzar en el crecimiento de las naciones.