Comisión del Congreso señala que no atendió con debida diligencia la amenaza islamista
Aznar manipuló con fines electorales la información de los ataques del 11/M
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Madrid, 22 de junio. La Comisión de Investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004, integrada por miembros del Congreso, concluyó que el anterior gobierno del presidente José María Aznar, del derechista Partido Popular (PP), "manipuló y tergiversó" la información sobre los ataques perpetrados en Madrid "para influir en la opinión pública con interés electoral".
Inmediatamente después de los atentados y en los días que siguieron al 11/M, Aznar aseguró que existían indicios de que los atentados fueron obra de la organización armada vasca ETA.
Trascendió más tarde que el entonces mandatario incluso llamó por teléfono personalmente a directores de medios de comunicación para asegurarles que las investigaciones policiales apuntaban en este sentido, aunque expertos sostenían que la operación y la magnitud de los ataques, a bordo de seis trenes suburbanos, nada tenían que ver con lo que es habitual en las operaciones de ETA.
El gobierno de Aznar siguió culpando a ETA incluso cuando Al Qaeda reivindicó los ataques y la investigación policial no dejó dudas de que los ataques fueron obra de islamitas.
Durante varios meses, la comisión del Congreso interrogó a numerosos responsables de seguridad y desclasificó diversos documentos secretos que confirmaron tanto la autoría de la matanza de casi 200 personas, así como la utilización de la información por motivos "partidistas" del gobierno de entonces.
Tras varios meses de largas comparecencias e interrogatorios, finalmente hoy llegaron a su fin los trabajos de la comisión del 11/M, para lo que se redactó un documento final de 200 páginas, firmado por todos los grupos parlamentarios, con excepción obvia del PP.
Las razones que dio el partido conservador para rechazar las conclusiones fueron varias, si bien lo que más llama la atención en que a más de un año después de los atentados insisten en que "todavía no se puede descartar la participación de ETA" en la matanza o, en su defecto, una supuesta conspiración de "grupos terroristas" con el objetivo de despojar del poder al PP.
Entre las centenares de recomendaciones hechas por la comisión, la mayoría de carácter técnico para fortalecer los mecanismos de seguridad del país y los sistemas de lucha contra el terrorismo, los diputados también sugieren una batería de reformas legales para ayudar a las víctimas de atentados terroristas y endurecer las penas por estos hechos.
Sin embargo, la cuestión más polémica de las conclusiones fue la que se refirió a la política informativa que desplegó Aznar y sus ministros, que utilizaron todos los mecanismos del Estado para propagar la idea falsa de que el principal sospechoso de los atentados era el grupo armado vasco.
A este respecto, los diputados expresaron su "censura a la actuación del anterior gobierno por no haber respondido con la debida diligencia a la amenaza del terrorismo islamista y por responder a los atentados de forma interesada y con la vista puesta en las elecciones generales que debían celebrarse tres días después".
El documento fue firmado por el Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana de Cataluña, Convergencia i Unión, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida y el Grupo Mixto (integrado por cuatro formaciones nacionalistas más). Todos ellos sostienen: "puede afirmarse que la conducta del gobierno estuvo motivada por sus exclusivos y excluyentes intereses de partido", mientras que "en contraste el comportamiento de la totalidad de las fuerzas políticas y parlamentarias en aquellos momentos fue absolutamente respetuoso, mientras que la tragedia fue seguida de una información tendenciosa por parte del gobierno, que sugirió constantemente que había sido ETA".