En su resolución, la Corte debe ir al fondo, no quedarse en la forma: senadores
SCJN analiza salvar la facultad fiscalizadora de la ASF para revisar la cuenta pública
Debe quedar claro que el auditor superior puede fiscalizar todo recurso público: panistas
Hacienda no presionó a ministros para fallar contra la Auditoría, asegura García Tamés
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizan la posibilidad de que quede a salvo la facultad fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para futuras revisiones de la cuenta pública, aunque este jueves determinen que ese órgano del Poder Legislativo ''invadió la esfera del Ejecutivo'', al ordenarle a la Secretaría de Hacienda y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) el no pago de créditos presuntamente irregulares.
Más aún, hay quienes consideran que la decisión del máximo tribunal no afectaría las facultades y atribuciones que tiene la ASF, particularmente en lo que respecta al inicio de sanciones legales a funcionarios que actúen ilícitamente y causen un perjuicio al erario.
Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda no presionó a la SCJN para fallar en contra de las recomendaciones hechas por la ASF e impedir una revisión de los créditos irregulares del rescate bancario que fueron transferidos al IPAB; ''tan es así que acataremos la decisión que tomen los magistrados'', afirmó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Alonso García Tamés.
El funcionario, quien participó en el Día de la Competencia 2005 organizado por la Comisión Federal de Competencia (CFC), aclaró que ''no podría comentar sobre el tema, no sé a qué se refiere, pero seguramente (eso) no fue una comunicación que haya salido de la subsecretaría a mi cargo''.
Ayer, en medios del Poder Judicial trascendió que en caso de que la Corte mantenga el mismo criterio adoptado el pasado martes (por ocho votos contra tres), en sentido de que los 32 oficios que dirigió la ASF a la Secretaría de Hacienda y al IPAB contenían ''órdenes'' y no ''observaciones'', se abre paso para que el pleno determine que la Auditoría invadió la competencia exclusiva del Ejecutivo en el manejo de la administración pública, y ya no sería necesario que la Corte entrara al estudio de fondo del asunto.
Es decir, bastaría al pleno señalar que la Auditoría no tiene atribuciones para, en el marco de la Cuenta Pública 2001, ordenarle a Hacienda y al IPAB no respaldar los pagarés que contienen créditos irregulares.
Esto tendría particular importancia, porque la Corte no se metería a analizar las funciones y límites de la actuación de la ASF; dejaría de lado el análisis de la ''anualidad'' en la revisión de la Cuenta Pública y la posibilidad de que la Auditoría finque responsabilidades en contra de presuntos culpables de dañar al erario.
Por lo que respecta al principio de anualidad, no hay consenso entre los ministros sobre la aplicación de este principio de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública y la deuda pública asumida por el gobierno federal después del rescate bancario.
Hay quienes opinan que la ASF sólo puede auditar un año fiscal determinado, lo que dejaría fuera la revisión de créditos de años anteriores que ilícitamente se hubieran convertido en deuda pública.
Pero también hay ministros que consideran que el pago de la deuda por incluirse anualmente en el Presupuesto de Egresos trasciende el ejercicio fiscal auditado y que, por tanto, procede la revisión de todas las irregularidades que sean detectadas.
En todo caso, explicaron las fuentes, hay ministros que están preocupados porque el fallo que emitan este jueves, no deje ''sin dientes'' a la ASF, lo que podría ocurrir si entran al fondo del asunto.
De los ocho ministros que integran el pleno, sólo Genaro David Góngora Pimientel, Juan N. Silva Meza y José Ramón Cossío, convalidaron plenamente la actuación de la ASF, al considerar que la Auditoría sólo hizo ''observaciones'' para que fueran subsanadas algunas ''irregularidades'' para evitar el daño de la hacienda pública, esto con base en el quinto artículo transitorio de la Ley del IPAB.
La ministra instructora de la controversia constitucional, Margarita Beatriz Luna Ramos, afirmó el pasado martes que la Corte no pretende evitar que la ASF cumpla sus funciones, ya que las auditorías al Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) pueden hacerse por otras vías.
El país se fortalecerá si se deja de pagar a los bancos, dicen senadores
La SCJN debe ir al fondo en la resolución de la controversia constitucional que presentó la Secretaría de Hacienda en contra de la decisión de la Auditoría Superior de la Federación de exigir al Ejecutivo que descuente a los bancos rescatados cerca de 4 mil millones de pesos por créditos irregulares, consideraron los senadores del PAN, Alfredo Reyes Velásquez y Alberto Rico Samaniego.
En conferencia de prensa explicaron que el martes por la noche en su calidad de integrantes de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se reunieron con el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela Guitrón, quien escuchó sus puntos de vista y les dijo que en el asunto del rescate bancario y la controversia con los cuatro bancos cuya deuda pasó al entonces Fobaproa, es necesario analizar las auditorías y observaciones que hicieron Michel Mackey, el entonces contralor interno del instituto, Fortunato Alvarez y los resultados de las llamadas auditorías Gel.
Los legisladores consideraron que es necesario que la Corte no se quede sólo en las formas y decida que el auditor Superior de la Federación no puede ordenar al Poder Ejecutivo que lleve a cabo algo, sino dejar claro que tiene facultades para fiscalizar todo recurso público y enviar sus observaciones a la dependencia en cuestión.
De lo contrario, dijeron, se estaría convalidando un rescate bancario fraudulento, cuyo altísimo costo recae sobre la gran mayoría de los mexicanos, ya que se convirtió en deuda pública, sin llevar a cabo el saneamiento previsto en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
En ese sentido, consideraron incorrecto que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, haya tratado de ''amedrentar'' a los ministros de la Corte con la versión de que descontar un solo peso de los pagarés que el IPAB debe pagar a Banamex, Bancomer, HSBC y Banorte, llevaría al país a la catástrofe financiera.
Revelaron que ante Azuela argumentaron que ya hubo una primera reducción de 116 mil millones de pesos en los pagarés, por lo que la deuda que era de 223 mil millones, quedó en 107 millones y nada pasó. ''Al revés, el país saldrá fortalecido si se cumple la ley y se deja de pagar a los bancos -que incluso están ahora en manos de extranjeros- créditos ilegales, que nunca debieron formar parte del rescate bancario'', afirmaron.
Respecto a la postura que asumió el presidente de esa comisión investigadora del IPAB, el también panista Fauzi Hamdan -al deslindarse del escrito que entregaron a Azuela- los senadores blanquiazules respondieron que el acuerdo lo tomaron la mayoría de los integrantes de ese órgano legislativo y que seguirán adelante en ese afán de que impere la ley en el desaseado rescate bancario.