La dependencia emitió una recomendación al gobernador Marcelo de los Santos
Funcionarios ejecutaron requisa de La Jornada San Luis hace un año: CEDH
Desmiente un oficio del secretario de Gobierno, Alfonso Castillo, en el cual afirma que personal a su cargo no participó en los hechos
El aseguramiento, condenable
San Luis Potosí, SLP, 22 de junio. La requisa de La Jornada San Luis, ocurrida hace un año, fue ejecutada por al menos dos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno: Jesús Zarzosa Sayavedra y Claudio Ortiz Sánchez, informó este miércoles la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En una recomendación emitida hoy, el organismo pidió al gobernador, el panista Marcelo de los Santos, que inicie una investigación "exhaustiva" para determinar la responsabilidad de esos funcionarios.
También desmintió un oficio del secretario de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca, en el cual aseguró que el personal a su cargo no había participado en los hechos del 18 de junio de 2004, y le sugirió realizar las acciones pertinentes para que sus funcionarios "se abstengan de acciones lesivas a la libertad de expresión".
Lo anterior, según la recomendación 12/05 derivada del expediente CEDH-QO-561/04 por violaciones al derecho a la información y a la libertad de prensa.
La CEDH se basó en una investigación de oficio sobre los hechos sucedidos la madrugada del 18 de junio de 2004, cuando la edición 2000 del diario fue comprada masivamente.
La entrega informaba en primera plana sobre un presunto soborno al presidente municipal de Cerro de San Pedro, Oscar Loredo, a cambio de que otorgara permisos a la empresa Minera San Xavier, donde participó el secretario de Gobierno, Castillo Machuca, y Jacobo Payán Latuff, empresario y amigo del gobernador, quien habría ofrecido favores de La Jornada San Luis, por su condición de socio de la casa editorial en ese entonces.
El documento, firmado por Magdalena González Vega, titular de la CEDH, señala que luego de la investigación, que se basó en la existencia de la nota periodística, los testimonios de dueños de establecimientos de venta de periódicos y del hecho de que "por lo menos" dos funcionarios públicos compraron ejemplares de forma masiva, concluyó que "sí fue coartado el derecho que tenemos todos los ciudadanos de recibir información, toda vez que la nota periodística (...) sí tenía alto contenido de interés público, pues en ella se denunciaba un presunto ofrecimiento económico hacia el alcalde de Cerro de San Pedro, noticia que los habitantes de la ciudad de San Luis Potosí teníamos derecho a conocer oportunamente".
Sostiene que es "condenable el acto ejecutado por servidores públicos, como son Jesús Zarzosa Sayavedra y José Claudio Ortiz Sánchez, pues con su participación en la compra masiva de ejemplares actualizaron un atentado contra la libertad de prensa, pues impidieron que muchos ciudadanos (...) se enteraran y conocieran una nota que, si bien es cierto, involucraba directamente a la Secretaría General de Gobierno, a la cual ellos pertenecen, también lo es que una nota periodística no implica necesariamente la verdad absoluta sobre un hecho, sino simplemente registra un acontecimiento que puede ser sujeto a verificación, pues el ejercicio de un periodismo democrático permite a todas las partes el derecho de replica".
Por lo anterior, la CEDH emitió la recomendación al gobierno estatal mediante la cual le pide ordenar al órgano de control competente que inicie una exhaustiva investigación tendiente a determinar la responsabilidad de los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno involucrados en los actos denunciados por La Jornada San Luis y que resultan violatorios de derechos humanos.
Además, que gire instrucciones pertinentes a efecto de que los servidores públicos se abstengan de efectuar cualquier tipo de acciones lesivas a quienes ejercen la libertad de expresión; y que sean instruidos y capacitados para cumplir con el respeto que deben a los derechos humanos y a las garantías que la ley establece.
Por último, pide que "haga del conocimiento de todos los servidores públicos a su cargo los principios contenido en la Declaración de Chapultepec, que señala los parámetros para el respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión, considerando que la libertad de prensa es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad".