El detenido podría enfrentar el proceso en su casa

Ingresan al Reclusorio Oriente a Straffon por la guerra sucia

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Alejandro Straffon Arteaga, ex procurador de Justicia de Hidalgo, se encuentra desde ayer en el Reclusorio Oriente, luego de que la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR) lo detuvo en la ciudad de Pachuca y lo puso a disposición del juez 12 de distrito, Juan José Olvera López, con sede en el Distrito Federal.

A más tardar a las 4:40 horas del próximo sábado el juzgador determinará si lo libera por falta de elementos para enjuiciarlo o si lo deja sujeto a proceso penal por su presunta responsabilidad en la desaparición de seis integrantes de la Brigada Campesina de los Lacandones, ocurrida el 18 de noviembre de 1974.

Se trata del tercer ex funcionario de "alta jerarquía" que ha sido detenido por delitos presuntamente cometidos durante la llamada guerra sucia, mismos que son investigados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

El primero fue Miguel Nazar Haro, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), quien enfrenta desde su casa dos procesos penales por la desaparición de dos ex guerrilleros. El segundo fue Wilfrido Castro Contreras, ex director de la Policía Judicial de Guerrero, también detenido en su domicilio particular y en espera de recibir sentencia por otro caso de desaparición forzada.

Durante la audiencia en que le fueron leídos los cargos al inculpado -en presencia de sus abogados, agentes del Ministerio Público de la Federación y representantes de los medios de comunicación-, el ex funcionario acusado del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro rechazó rendir su declaración preparatoria; pidió su libertad preventiva domiciliaria, a la que tiene derecho por tener más de 70 años y debido a su delicado estado de salud, y manifestó que sus ingresos mensuales ascienden a 28 mil pesos, cantidad con la que él y dos de sus hijos se mantienen.

Si bien el delito que se imputa a Straffon está señalado como grave por el Código Penal Federal, y por ello no tiene derecho a la libertad provisional bajo caución, la reciente reforma al artículo 55 de esa misma ley le permite enfrentar un eventual proceso desde su domicilio, aunque eso quedará a criterio del juez Olvera.

Ayer, antes de que concluyera la diligencia, un agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado solicitó al impartidor de justicia que niegue a Straffon la prisión domiciliaria, por considerar que existe el riesgo inminente de que evada de la acción de la justicia.

Por el contrario, el abogado del ex procurador, Armando Vázquez, aseguró en entrevista que su cliente tiene 82 años y "está muy enfermo; ustedes vieron todas las medicinas que le entregamos en la rejilla de prácticas del juzgado".

Straffon Arteaga fue procurador de Hidalgo durante la administración estatal de Manuel Sánchez Vite. La noche del pasado martes fue detenido en un domicilio particular, y debido a su delicado estado de salud fue subido a una ambulancia y posteriormente trasladado a las instalaciones de la PGR.

La autoridad judicial notificó a Straffon que la Femospp le imputa el secuestro y desaparición de Daniel Pérez, Francisco Javier Coutiño, Sebastián Vázquez, Eduardo Candelario Villaburo, Bartolomé Pérez y Andrés Gómez, ilícitos cuya perpetración comenzó el 18 de noviembre de 1974.

El caso se originó en esa fecha, cuando los campesinos fueron detenidos por la Policía Judicial de Hidalgo con motivo de sus actividades clandestinas; el entonces procurador general de Justicia, Alejandro Straffon, los entregó mediante un oficio que supuestamente lleva su firma, y sin justificación alguna, a Miguel Nazar Haro, entonces subdirector de la Dirección Federal de Seguridad.

De acuerdo con el testimonio de Conrado Serafín Gervacio (familiar del ex guerrillero Lucio Cabañas), mismo que consta en la causa penal 53/2005-I abierta en contra de Straffon, el 26 de noviembre de 1974 fue detenido en Guerrero y posteriormente enviado, "sin que se me mostrara orden de aprehensión", al Campo Militar número uno, en la ciudad de México.

En las instalaciones castrenses, a decir del propio Conrado, fue compañero de reclusión de los seis integrantes de Brigada Campesina de los Lacandones, actualmente desaparecidos.

En su testimonio refirió que todos los detenidos eran torturados con toques eléctricos en piernas y brazos, presuntamente a manos de militares, a los que nunca pudo ver el rostro porque "siempre nos tenían con los ojos vendados". Fue la última vez que fueron vistos con vida los seis campesinos, según consta en el expediente del caso.