El Comité 68 exige que se consigne a la brevedad el expediente de la matanza de Tlatelolco

La Corte y el Legislativo, "cómplices para no castigar crímenes del pasado"

GUSTAVO CASTILLO, ANDREA BECERRIL, VICTOR BALLINAS Y ALMA MUÑOZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Legislativo se han hecho cómplices para no castigar los crímenes del pasado, señalaron integrantes del Comité de 68 pro Libertades Democráticas, quienes afirmaron que no buscan "venganza o ver en la cárcel" al ex presidente Luis Echeverría Alvarez o a los ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, sino "que lo ocurrido se aclare y se conozca el paradero de los desaparecidos".

Por su parte, José Francisco Landero Gutiérrez, diputado de Acción Nacional, presentó ante la tribuna de la Comisión Permanente en el Senado de la República una propuesta para eliminar de todos los espacios públicos el nombre del ex presidente Echeverría por su actuación en la represión de jóvenes que se manifestaban en la plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, y en la matanza del jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971.

El panista resaltó que es urgente eliminar el nombre del ex presidente de todos los espacios públicos, porque los jóvenes muertos y heridos merecen que por lo menos el nombre de quien tuvo una responsabilidad definitiva en los acontecimientos de esos años no sea recordado en esos sitios que pertenecen a los ciudadanos mexicanos.

En la sesión, legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no pudieron presentar, por segunda ocasión, la discusión en tribuna en torno a la posibilidad de enjuiciar a Echeverría Alvarez y Moya Palencia. Una semana antes los legisladores priístas se salieron del recinto para romper el quórum, y ayer la sesión se suspendió cuando faltaban varios temas por discutir, con el argumento de que los diputados debían ir a San Lázaro a la sesión del periodo extraordinario.

Salvador Martínez della Rocca, diputado perredista, comentó que el PRI y el PAN no quieren debatir el tema. "Estaba agendado ya para discutirse, y de nueva cuenta, con el argumento de que teníamos que estar -los diputados- en la Cámara para la sesión del periodo extraordinario, se suspendió la sesión de la Permanente y de nueva cuenta el tema se agendó para el próximo miércoles."

Por su parte, en conferencia de prensa, integrantes del Comité 68 exigieron que la Femospp consigne ya el expediente relativo a la matanza del 2 de octubre de 1968. Raúl Alvarez Garín, Jesús Martín del Campo, Félix Hernández Gamundi y David Roura, entre otros, afirmaron que la aplicación de la ley está lejos de beneficiar a las víctimas de lo sucedido de 1968 a 1982, cuando el gobierno reprimió al menos dos manifestaciones de manera violenta y asesinó a decenas de jóvenes durante las mismas, así como también realizó operaciones militares y policiacas en las que desaparecieron al menos 500 personas.

El Comité del 68 aseguró que la decisión de la SCJN "es jurídicamente fraudulenta y violatoria del principio de exahustividad y congruencia que deben poseer las resoluciones jurisdiccionales", además de no reconocer la posible aplicación de los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.

Advirtieron que no descartan solicitar a organismos internacionales que conozcan de casos como los del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. De entrada se espera que la próxima semana integrantes de organizaciones civiles realicen manifestaciones informativas en distintas embajadas y consulados.

Retrasan consignación

En entrevista por separado, Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Femospp, informó que no será hoy, sino dentro de 48 horas cuando consigne el expediente del 2 octubre de 1968, porque "se están afinando detalles y otras cosas, en cuestión de calendarios, y mañana (este jueves) no parece muy aconsejable presentarlo".

Luego de asistir a la misa de Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, el fiscal especial consideró paso importante que el Senado aprobara el Estatuto de Roma, aunque le pareció "reprobable" introducir reservas, como la no retroactividad, lo cual, afirmó, "pudiera pervertir el recto sentido de los instrumentos internacionales con los que nos comprometemos".

No quiso adelantar los nombres de presuntos culpables integrados en el expediente del 2 de octubre. Sin embargo, especificó que existe el compromiso del Ejecutivo federal de resolver los casos de la matanza de Tlatelolco y del jueves de Corpus. Adelantó que presentará un informe "histórico" a la sociedad mexicana al respecto para someterlo a consulta de la sociedad civil.