Solicita al IFE y a la Fepade vigilar la actuación del jefe del Ejecutivo

No intervenir en la elección de 2006, exige la Comisión Permanente a Fox

Reivindica su derecho de apoyar ideología y valores del partido que lo llevó al poder

ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió al presidente Vicente Fox Quesada no intervenir en la elección de 2006 y, al mismo tiempo, solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, seguir de cerca la actuación del jefe del Ejecutivo federal, después que éste declarara que participará abiertamente y apoyará al candidato de su partido.

De hecho, este fue el único tema que se debatió ayer en la Comisión Permanente, en medio de recriminaciones entre todas las fuerzas políticas.

De entrada, la senadora Martha Tamayo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien presentó el punto de acuerdo, advirtió al presidente Vicente Fox ante el pleno: "Escuche y entienda que en adelante tendrá que responder ante la ley por sus palabras. Piense, señor, deténgase y piense antes de hablar". Aseguró que se prepara "una elección de Estado orquestada desde Los Pinos".

El senador panista Javier Corral Jurado aclaró que en su partido no quieren apoyos indebidos ni el uso de recursos públicos en apoyo al abanderado de Acción Nacional (PAN), y destacó que se requiere congruencia y una mínima condición moral para criticar. En ese sentido, recordó "el desvío millonario a la campaña priísta de Francisco Labastida Ochoa a través de Pemex".

Manifestó que no le gusta que el presidente Fox hable de participar en el proceso electoral de 2006, sin aclarar lo que es la promoción política, y coincidió con lo expresado antes por el diputado Rafael García Tinajero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de que el centro del debate es legislar para impedir el uso de dinero mal habido o de recursos públicos en las campañas y precampañas electorales.

Martha Tamayo recordó que en 2000, el entonces candidato Vicente Fox exigió al presidente Ernesto Zedillo mantenerse alejado del proceso electoral, y hoy, en "una cínica desmemoria o el recurrente doble discurso", anuncia desde Moscú que promocionará el proyecto y los valores de su partido y que defenderá su militancia, pero que no figurará como árbitro.

Estas declaraciones, sostuvo la senadora priísta, pueden entenderse como actos preparatorios de delitos electorales tipificados en el Código Penal Federal, por lo que el PRI evalúa presentar una denuncia de hechos ante la Fepade, además de mantener abierto un expediente con todas las irregularidades que siga cometiendo el Presidente de la República.

De inmediato, el senador del blanquiazul Juan José Rodríguez Prats rechazó que el jefe del Ejecutivo viole la ley, y preguntó al pleno: "¿En qué se distingue lo que hace López Obrador de lo que hace el Presidente? ¿Por qué -insistió- el jefe de Gobierno sí puede hacer campaña y promover a su partido y Fox no?"

Tamayo volvió a la carga. Sostuvo que sí hay sanciones penales. Mencionó el artículo 405, fracción sexta, del Código Penal Federal, en el cual se establece que se impondrá multa y hasta prisión "al funcionario que en el ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre los electores".

Entonces la perredista Leticia Burgos entró a la discusión y, dirigiéndose a Corral Jurado, advirtió que además del escándalo del Pemexgate también está el de Amigos de Fox.

El panista le replicó que el debate de fondo es que nadie eluda sus responsabilidades y sacó a relucir el caso de López Obrador, quien, dijo, ha sabido utilizar "incluso la protesta ciudadana contra su desafuero para su promoción electoral".

El senador Corral Jurado insistió en que en otras naciones los presidentes encabezan actos proselitistas de sus partidos, y dijo que lo criticable es que utilicen la estructura gubernamental mediática para impulsar a sus candidatos.

Urge, agregó Corral Jurado, que el Congreso se aboque a lo suyo, no a exhortos al IFE, sino a legislar para entrarle a la reforma electoral.

Los panistas votaron contra el punto de acuerdo, que fue aprobado con los sufragios de PRI, PRD y del Partido Verde Ecologista de México.