Fue violada la Ley Federal de Juegos y Sorteos, señala ante la SFP
Organización anticasinos presenta una denuncia contra el ex secretario
La organización social Di no a los casinos, sí al turismo nuevo presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia formal en contra de Santiago Creel Miranda, en su anterior calidad de secretario de Gobernación, y del director general adjunto de Juegos y Sorteos de esa dependencia, Ezequiel González Matus, porque ''en presunta coalición'' otorgaron diversos permisos a la subsidiaria de la empresa Televisa, denominada Apuestas Internacionales, así como a Promojuegos de México y Mio Games, entre otras, por incurrir en presuntas irregularidades y ''violar'' la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS), así como el reglamento de esa ley.
Aun cuando la víspera la SFP aseguró que no había recibido denuncias contra el actual precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, la presentada por esa agrupación el pasado 14 de junio -según consigna el sello de la secretaría técnica de la oficina del titular de la dependencia, Eduardo Romero Ramos-, advierte que es necesario que se ''investigue por qué los funcionarios de Gobernación con toda prisa y apenas a unos días del relevo de su titular otorgaron supuestos ''permisos'' para el establecimiento de salas de apuestas, aplicando un reglamento que ha sido impugnado por su inconstitucionalidad por la Cámara de Diputados, en razón de ir más allá de lo establecido por la propia ley''.
Además, asienta, los permisos se otorgaron "sin que se manifestara por escrito la ubicación exacta de los establecimientos de juego autorizados, y sin la documentación que acredite que los solicitantes cuentan con la opinión favorable de las entidades federativas, ayuntamientos o autoridades delegacionales correspondientes", como ordena el reglamento cuya aprobación de "fondo" -subraya- se encuentra subjudice.
Esto porque la Corte aún no resuelve la controversia constitucional que desde noviembre de 2004 existe entre el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados en torno a ese reglamento que, según declaró en su momento Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva de la Cámara, sobrepasa los alcances de la ley, y va en contra de la Constitución.
En la denuncia se exige otra investigación "exhaustiva" de los procedimientos que se hicieron al interior de Gobernación y del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, y que llevaron al otorgamiento de permisos para centros de apuestas y salas de sorteos a las siguientes empresas: Juega y Juega SA de CV; Emex, SA de CV; Promociones e Inversiones de Guerrero, SA de CV, y Eventos Festivos de México, SA de CV.
Asimismo, la agrupación solicitó ayer por escrito al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, la inmediata cancelación, "no sólo de los permisos otorgados en lesa patria por Santiago Creel, sino también los de todas las salas de apuesta permanente del tipo 'Yak', pertenecientes a la empresa Corporación Interamericana de Entretenimiento y los de la empresa Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon'', alcalde priísta de Tijuana.
En entrevista con La Jornada, Daniel Olivares Villagómez, dirigente de esa organización que representa a 800 agrupaciones, principalmente de pequeños y medianos empresarios de hoteles y restaurantes, así como amas de casa, entre otros, destacó que los permisos aprobados durante la gestión de Creel en Gobernación "dan la posibilidad de establecer en conjunto más de 730 salas de juego en todo el país".
Esto, dice, "es peligrosísimo por los altos costos sociales que representa esa actividad, ya que por cada dólar que ingresa en las salas de juego la sociedad tiene que gastar seis más para enfrentar el incremento de la delincuencia organizada, la criminalidad asociada a casos de ludopatía (calificada por la OMS como una adicción), narcotráfico, alcoholismo y otros males". Además, sostiene, "Creel Miranda abrió las puertas masivamente al lavado de dinero en las salas de apuesta, pues ni el inconstitucional reglamento que promulgó ni los permisos que otorgó obligan a los establecimientos a identificar plena y fiscalmente a los jugadores. De esta manera, las casas de juego pueden legitimar dinero mal habido en forma masiva, simple y barata para el narco".
El también director del corporativo Convenciones México sostiene que es "anticonstitucional" la aprobación de esos permisos porque la LFJS -que data de 1947- sólo aprueba el establecimiento de hipódromos, galgódromos y el jai-alai; todos los demás juegos se consideran prohibidos. "Por ello, Gobernación no puede dar un permiso para cualquier otro tipo de juego".
Sobre el reglamento de la ley, emitido en septiembre de 2004 por el presidente Vicente Fox Quesada y el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda -el cual no se violó, según declaraciones de Abascal (La Jornada/11/06/2005)-, Olivares asegura que "además de ser inconstitucional, porque va mas allá de lo que establece la ley, en el permiso que se otorgó a la subsidiaria de la empresa Televisa no se especifica la ubicación de las salas de juego y centros de apuesta, ni tampoco consultaron a los municipios, entidades y delegaciones. Esto quiere decir que ni siquiera cumplieron el reglamento inconstitucional que ellos mismos promulgaron", señala.
Según Olivares, estos permisos se aprobaron "con cierta maña, porque dejan abierta la posibilidad de que se realicen juegos electrónicos a través de la televisión e Internet, con lo que también se viola el reglamento, porque no habla de esto y menos la ley.
''En mi opinión -agrega- Creel se animó a dar esos permisos porque, aunque sabe que el reglamento está impugnado por la Cámara de Diputados, en caso de que la Corte lo declare inconstitucional los empresarios que ya obtuvieron las autorizaciones simplemente buscarían ampararse y podrían jugar con los resquicios legales que existen".
Sobre las autorizaciones otorgadas a la empresa Televisa indica que "en el periodo de 25 años que estipulan va a ganar alrededor de 8 mil 300 millones de pesos, y dado que va a transmitir por televisión juegos incesantes, los ciudadanos pagarían en costos sociales aproximadamente 50 mil millones de dólares en México, según el índice Grinols -que mide las repercusiones sociales de las casas de juego-, desarrollado en la Universidad de Illinois".