Editorial

El costo del desprecio

Las comunidades indígenas de Chiapas que se levantaron en armas el primero de enero de 1994 habían hecho anteriormente muchos intentos por llamar la atención, en forma pacífica, sobre su situación exasperante: el desdén oficial, la represión sistemática, el saqueo de sus tierras y sus recursos, la marginación y la insalubridad y, sobre todo, la anulación de su identidad por el México público y privado que aspiraba ­la aspiración sigue en pie­ a ingresar al primer mundo sin reparar que muchos de sus habitantes vivían ­y aun viven­ en un país insensible y áspero, con elites que se encaraman en una montaña de miseria para imitar los patrones (políticos, culturales, de consumo) de Estados Unidos y Europa occidental. Durante la salvaje "modernización" salinista, y desde mucho antes, los pueblos indios del sureste se reunieron, formularon llamados a la conciencia nacional y marcharon a la capital de la República para denunciar el ahondamiento creciente de una fractura histórica entre el país de unos cuantos, que lo tenía todo ­y que lo sigue teniendo, hoy más concentrado que hace 11 años­ y la nación de los más, que hasta la fecha no tiene nada.

No fueron escuchados. El gobierno, y con él las clases acomodadas y un buen sector de las medias, vivían una borrachera de modernidad que parecía cubrir los sufrimientos esenciales de mayorías sin casa, sin tierra, sin escuela, sin hospitales, sin voz ni voto. Esos pueblos indios decidieron jugarse, entonces, lo único que les quedaba, la dignidad, para hacerse escuchar por el resto de México y por el mundo. Irrumpieron en plena celebración por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para recordar que uno de los socios en ese instrumento internacional era un país generoso con los capitales extranjeros, con los altos funcionarios y con los acaudalados nacionales, pero implacable y depredador con sus propios desamparados. Las autoridades respondieron, inicialmente, con una feroz represión militar contra los alzados, pero tras unos días de combates la sociedad hizo escuchar su voz y exigió el cese de las hostilidades. Los rebeldes, a su vez, escucharon el mensaje de la ciudadanía movilizada, revisaron sobre la marcha sus estrategias y sus convicciones, y decidieron darle una oportunidad a la negociación pacífica. El salinismo, por su parte, no tuvo más remedio que detener los operativos militares e iniciar un vasto ejercicio de simulación política a fin de exhibir una imagen mínimamente presentable ante la opinión pública internacional. Priísta al cabo, inició negociaciones, no para atender las raíces del conflicto, sino para ensayar la corrupción y la cooptación de los alzados, y acabó naufragando en su propia descomposición y en las pugnas entre el entonces comisionado para la paz, Manuel Camacho, y el candidato sustituto, Ernesto Zedillo.

Cuando éste asumió la Presidencia hizo como que continuaba las negociaciones y se dedicó a preparar, en las sombras, un golpe de mano contra la dirigencia rebelde; el 9 de febrero de 1995, mientras mantenía la ficción de los contactos, hizo avanzar al Ejército a las comunidades zapatistas, giró órdenes de aprehensión contra la dirigencia indígena y a punto estuvo de hundir al país en una confrontación sangrienta y generalizada. La sociedad civil se movilizó nuevamente y logró imponer una mínima racionalidad que se tradujo en la Ley para el Diálogo y la Negociación en Chiapas y la constitución de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión. Se restablecieron las negociaciones, esta vez en San Andrés Larráinzar, y los representantes gubernamentales y los rebeldes lograron conformar un documento fundamental para realizar modificaciones constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas que, de haber prosperado, habría sentado las bases para sanar la fractura entre el Estado y los pueblos indios. Pero el gobierno de Zedillo volvió a traicionar, desconoció lo firmado por sus propios enviados en San Andrés y se empeñó en la vía de la contrainsurgencia: cercar a las comunidades, hostigar a sus habitantes, armar grupos paramilitares de choque, provocar a los zapatistas. Esa estrategia criminal dio por resultado el desplazamiento de pueblos enteros que hubieron de internarse en la selva a pasar hambre y enfermedades, la violación de innumerables mujeres por efectivos militares y parapoliciales, la destrucción de viviendas, el robo de las escasísimas pertenencias de las comunidades, el acoso permanente. La política zedillista hacia los insurgentes culminó con la matanza de Acteal, organizada y dirigida por mandos policiales y militares, y cuyos principales responsables políticos son Zedillo y su secretario de Gobernación de entonces, Emilio Chuayffet. La paciencia de los alzados no se agotó ni siquiera con el asesinato de mujeres embarazadas ni con el allanamiento y la destrucción de sus comunidades por la tropa ni con la falta de palabra del Ejecutivo federal. Se mantuvieron fieles a la demanda de paz de la sociedad y esperaron tiempos mejores.

Vicente Fox llegó a la Presidencia precedido por su promesa demagógica y absurda de que resolvería "en 15 minutos" (así lo dijo) el conflicto de Chiapas. En los primeros tiempos de su gobierno las condiciones para avanzar en una solución real al problema parecieron propicias. El mandatario envió al Congreso, como iniciativa propia, la propuesta de reformas legales elaborada por la Cocopa con base en los acuerdos de San Andrés. En señal de buena voluntad, los zapatistas enviaron a la capital a una parte de sus dirigentes. Pronto pudo percibirse que la clase política del país no estaba a la altura de las circunstancias. Hubo voces racistas escandalizadas por la posibilidad de que los representantes indígenas usaran la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro. Se hizo evidente que Fox no había realizado ningún trabajo político antes de enviar la iniciativa legal y que, así, la condenaba al fracaso. Finalmente, los legisladores aprobaron una vergonzosa parodia de lo acordado en San Andrés y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, una a una, las inconformidades interpuestas contra el engendro de modificaciones legales. El titular del Ejecutivo, por su parte, dio por culminados los "15 minutos" y declaró que el conflicto estaba resuelto. Desde entonces (2001) parece creerlo así.

La contrainsurgencia se ha disimulado, pero no ha cesado. En fechas recientes se ha sabido de la reactivación de grupos paramilitares orientados y financiados por la oligarquía chiapaneca tradicional, por las autoridades locales y las federales. La esfera política del país ha confundido la prudencia de los zapatistas con la extinción de su alzamiento y de las causas que le dieron origen. El desprecio del México oficial a los indios alzados ha llegado a tal punto que los supone inexistentes.

El empecinamiento ­de los tres poderes de la Unión, de los partidos, del gobierno estatal, de los emporios mediáticos­ por volver invisibles a los indígenas chiapanecos dura ya más de cuatro años, pero todo tiene límite. Las causas de la rebelión de 1994 están presentes y vigentes, aunque no aparezcan en los noticiarios, con el agravio añadido del tiempo: cuatro años más de miseria, ninguneo, provocaciones, cancelación de esperanzas personales y colectivas de dignidad, justicia, democracia, educación, salud y desarrollo respetuoso. Nadie puede reprochar a los zapatistas que no hayan tenido paciencia, contención y voluntad de paz. No son ellos, sino el México oficial, el que alienta, con su insensibilidad, su ceguera y su falta de sentido, la desestabilización y la amenaza de la violencia. Tal vez el sureste del país esté próximo a una nueva explosión indeseable y de consecuencias impredecibles pero necesariamente graves. Es posible que la sociedad deba salir de nueva cuenta a las calles a despertar a las autoridades de su prolongada siesta sexenal, a decirles que en Chiapas se gesta un nuevo estallido y que la responsabilidad corresponde, una vez más, al gobierno.