Gastaron de más en 2003; el PRD, el monto más alto
Plantea comisión del IEDF sanción a partidos por 22 millones de pesos
La Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) confirmó ayer que candidatos de PRD, PAN, PRI y PVEM que contendieron en las elecciones de 2003 en esta ciudad rebasaron los topes de campaña, por lo que propone sancionarlos con una multa conjunta de 22 millones 393 mil pesos, y notificar al Ministerio Público para que inicie la averiguación penal correspondiente por tratarse de un delito electoral.
La mayor sanción sería aplicada al PRD, que tendría que pagar 21.2 millones de pesos, pues 10 de sus entonces aspirantes a jefes delegacionales, y uno a diputado local, rebasaron los límites de ley. Para ello, el IEDF le suprimiría totalmente su financiamiento público en un mes y luego, durante 12 meses, le reduciría sus prerrogativas 15.4 por ciento, lo que se traduciría en la multa más alta impuesta por este órgano en toda su historia.
En conferencia de prensa, Eduardo Huchim y Rubén Lara, presidente e integrante de la Comisión de Fiscalización del IEDF, respectivamente, dijeron que luego de su sesión de ayer se sometió a votación el dictamen de las sanciones y de sus tres miembros sólo se abstuvo Rosa María Mirón Lince. Este documento se presentará ante el Consejo General del instituto a finales de este mes, para su discusión y, en su caso, aprobación.
Por lo que se refiere al partido del sol azteca, Huchim comentó que los candidatos a delegados que superaron los topes de campaña en 2003 fueron: Agustín Barrios Gómez (Miguel Hidalgo), con casi un millón de pesos; Lenia Batres (Benito Juárez), 570 mil pesos; Alejandro Sánchez Camacho (Milpa Alta), 479 mil pesos; Ruth Zavaleta, 321 mil pesos; Fátima Mena (Tláhuac), 176 mil pesos; Miguel Bortolini (Coyoacán), 175 mil.
Asimismo, Faustino Soto (Xochimilco), con 157 mil pesos; Virginia Jaramillo, 97 mil pesos, y Octavio Flores Millán (Gustavo A. Madero), actualmente prófugo de la justicia, 58 mil pesos. Además de Rodolfo Covarrubias, quien contendió por el distrito 16, quien superó los topes de campaña en 193 mil pesos.
Huchim May fue claro al precisar que se cerró ya el periodo para presentar pruebas y en los casos mencionados el PRD no comprobó esos excesos, que podrían llegar hasta el ámbito penal y concluir en cárcel para los responsables.
En el caso del PVEM enfrentaría una sanción de 771 mil pesos, es decir, reducción de sus prerrogativas en 15 por ciento durante dos meses, al serle imposible desvirtuar el rebase de topes de sus candidatos a diputados Héctor Gutiérrez de Alba, Armando Becerril, Martín Carlos Olavarrieta, Enriqueta Basilio, Teresa Becerril y Emilio García Ramírez.
Al PRI se le impondría una multa de 624 mil pesos, al superar los gastos fijados por la ley en el caso de los también aspirantes a diputados en 2003: Julieta Prieto Fuhrken; Miriam Gachuz, Eduardo de la Torre Malváez, Alejandro Ledezma y Sara Figueroa Canedo, actual legisladora del PVEM.
Correspondería al PAN enfrentar la sanción más baja, de 48 mil pesos, por las erogaciones excesivas de su entonces aspirante a delegado en Alvaro Obregón, Alejandro Soto. En el caso del PT y Convergencia se les aplicaría una multa de 159 mil y 186 mil pesos, respectivamente, por desacatar las normas de comprobación en los referidos comicios.
Durante la conferencia de prensa, el consejero Huchim, y a respuesta concreta, manifestó que no encontraron dinero de los videoescándalos en la revisión de los informes de los partidos políticos, lo que no implica que nunca los haya habido.
Previamente, el director de Comunicación Social del IEDF, Hugo Morales, dio lectura a una carta de la consejera Rosa María Mirón, en la que explicaba que su ausencia de ese acto se debía a que contravenía la ley en materia de transparencia, al tratarse de un caso que todavía no ha causado ejecutoria.
En respuesta, Huchim May descartó alguna anomalía en el hecho de presentar el dictamen de sanciones, y recordó que en otras ocasiones, cuando también se trataba de documentos sin aprobación del Consejo General del IEDF, la consejera Mirón Lince los acompañó sin mayor objeción.