Construyó la prisión femenil de Santa Marta y el penal para "primodelincuentes"

La administración de López Obrador modifica el mapa carcelario en el DF

Por cada mujer presa hay casi 20 hombres privados de la libertad, afirma el GDF

JAIME AVILE

Por cada mujer presa en una cárcel de la ciudad de México hay casi 20 hombres (18.75) en la misma circunstancia -la relación es de mil 600 a 30 mil-, pero la expresión "en una cárcel" es literalmente exacta en lo tocante a las internas ya que, desde mayo de 2004, por instrucciones del Gobierno del Distrito Federal (GDF), todas fueron concentradas en el flamante Centro Femenil de Readaptación Social (Cefereso) de Santa Marta Acatitla.

En mayo de 2003, cuando Martí Batres asumió como subsecretario de Gobierno del GDF, Andrés Manuel López Obrador le ordenó analizar la composición de la población carcelaria de la ciudad de México y buscar alernativas para aprovechar de manera más racional los espacios disponibles en los reclusorios preventivos Norte, Sur y Oriente, donde la población era mixta.

Batres descubrió que por cada mujer presa había casi 20 hombres tras las rejas, y que en las cárceles varoniles el hacinamiento era insoportable. Ante esto, el GDF apresuró la construcción del Cefereso de Santa Marta Acatitla y preparó el desalojo de las dependencias femeniles en los reclusorios arriba citados; asimismo, clausuró la Cárcel de Mujeres de Tepepan, cuyas instalaciones albergan actualmente a unas 250 enfermas siquiátricas y tienen clínica de especialidades, infraestruc- tura para realizar cirugías y áreas de hospitalización.

El traslado de las internas de Tepepan, el Norte, el Oriente y el Sur comenzó en mayo de 2004, y pronto el Cefereso de Santa Marta quedó sobrepoblado, pero los espacios que las mujeres desocuparon en los tres reclusorios fueron destinados a hombres con alguna de las siguientes características: ser ancianos, padecer enfermedades terminales o portar el virus del sida.

Al mismo tiempo, el GDF estaba construyendo, también en terrenos de Santa Marta Acatitla, un Centro de Readaptación Social Varonil (Ceresova), con capacidad para 8 mil internos, que originalmente López Obrador había concebido a partir de un acuerdo con el presidente Vicente Fox. La idea era sacar de los reclusorios a los reos procesados por delitos del orden federal y depositarlos en un solo establecimiento, para evitar, en la medida de lo posible, que contaminaran a los presuntos responsables de faltas al fuero común.

Eso iba a ser el Ceresova. López Obrador ofreció que el GDF realizaría la obra y la Presidencia de la República financiaría la inversión, pero el convenio no llegó muy lejos. Las constantes polémicas, el distanciamiento progresivo y finalmente la ruptura entre el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y la residencia oficial de Los Pinos desdibujaron por completo el acuerdo. Sin embargo, López Obrador decidió culminar el proyecto que ahora es una realidad.

El corredor delictivo

En la actualidad, en el Ceresova de Santa Marta Acatitla -no confundir con la penitenciaría varonil del mismo nombre, donde está en marcha el Programa de Educación Superior impulsado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México- se encuentran recluidos jóvenes menores de 30 años, clasificados como "primodelincuentes", es decir, como individuos que han cometido una falta penalizada con cárcel por primera vez y que no han perpetrado una transgresión legal de acto impacto.

Como un mecanismo adicional, de apoyo a la reforma penitenciaria de López Obrador, el GDF ha establecido 15 módulos de preliberados a lo largo del denominado "corredor delictivo", que va desde la colonia Vértiz-Narvarte hasta el municipio mexiquense de Ecatepec, pasando por las colonias de Los Doctores, Buenos Aires y Centro Histórico -en la delegación Cuauhtémoc-, y Morelos, Moctezuma, y la zona aledaña al aeropuerto capitalino, en la Venustiano Carranza, donde las autoridades han definido un patrón de conducta del hampa y de la población sometida al proceso de "readaptación social".

Pensando sobre todo en las necesidades de los jóvenes de menores recursos, los reos preliberados que tienen la obligación de firmar cada semana en el libro del juzgado que lleva su asunto, pueden hacerlo en alguno de esos 15 módulos -el que les quede más cerca de su domicilio- y así evitarse pérdida de tiempo y onerosos gastos de transporte, sabiendo que si faltan dos veces consecutivas a su cita con el aparato de la justicia automáticamente serán rencarcelados.

De acuerdo con estadísticas oficiales, cuando la administración de López Obrador asumió el poder en diciembre de 2000, había poco menos de 22 mil internos -contando a los de uno y otro sexo- en todo el sistema penitenciario del Distrito Federal, al que no estaban incorporados el Ceresova ni el Cefereso (Centro Femenil de Readapatación Social, que algunas voces proponen rebautizar como Ceresofe) de Santa Marta Acatitla, porque no existían.

Bajo esta lógica, las políticas de combate a la delincuencia elevaron a casi 32 mil el número actual de infractores presos, pero esta cifra, según especialistas consultados, "nunca es estática porque todo el tiempo hay personas que recobran la libertad y personas de nuevo ingreso, sean reincidentes o no", sin considerar a los niños del tribunal de Tlalpan para menores, que pertenecen a la esfera del gobierno federal.