Narcos, la mayoría de participantes, dicen funcionarios

Marchan contra AFI y PFP en Nuevo Laredo; dos ejecutados

La manifestación habría sido convocada por familiares de policías arraigados en el DF por disparar a federales

ALBERTO NAJAR ENVIADO

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 17 de junio. Dos personas fueron ejecutadas hoy en esta ciudad, una de las cuales murió frente al edificio de la presidencia municipal al término de una manifestación contra la presencia de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP), y para exigir la reincorporación de los policías municipales que están bajo investigación a las tareas de vigilancia en las calles. El cuerpo de la otra víctima apareció en una lujosa colonia al oriente de esta ciudad.

La nueva escalada de violencia ocurrió horas después que se intensificaron los patrullajes del Ejército y de las policías federales, los cuales incluyeron, la madrugada de hoy, una revisión en busca de drogas y armas en los centros turísticos y la zona roja de Nuevo Laredo.

Filiberto Peña Berlanga, de 20 años, recibió dos disparos de pistola calibre 40 en la cabeza cuando llegaba a la manifestación, la cual aparentemente fue convocada por familiares de policías arraigados en el Distrito Federal por enfrentarse con agentes de la AFI.

Pocos fueron los familiares de agentes que participaron en la protesta, misma en la que abundaron, de acuerdo con funcionarios del ayuntamiento, personas relacionadas con la venta de drogas al menudeo en varias colonias de la ciudad.

Torzales, brazaletes y gruesas medallas de oro fueron la constante entre los organizadores, quienes contrataron una decena de camiones para transportar a los manifestantes, a quienes ofrecieron comida, agua, música y hasta sombrillas nuevas para protegerse del sol. La inusual manifestación cobra relevancia por el hecho de que de ésta salieron los presuntos ejecutores del veinteañero que hasta hace un año se dedicaba a lavar autos.

De acuerdo con algunos testigos, Peña Berlanga abordó su camioneta Blazer verde con placas de Texas junto con su madre, Lidia Margarita Berlanga Martínez, y su hijo Filiberto, de tres años. Al echar a andar la unidad fue rodeado por los manifestantes, y de entre ellos aparecieron dos jóvenes "con aspecto de cholos", según relataron, quienes accionaron un revólver calibre 40 sobre la familia.

Luego huyeron en una camioneta blanca sin que nadie pudiera detenerlos, a pesar de que a una calle del lugar donde ocurrieron los hechos se ubica la base 1 de la Policía Municipal (que se encuentra semivacía) y la Dirección de Protección Civil.

El menor recibió un tiro en el brazo que le lastimó una costilla; a la mujer una esquirla de bala le rozó la mejilla. Aunque su estado de salud no es grave, por la noche fueron trasladados a un hospital privado para su atención.

Casi a esa misma hora se recibió una llamada anónima en el conmutador central de la policía -conocido como C 4- para informar de la ejecución de cinco personas afuera de la ciudad, lo que provocó la movilización de elementos de AFI, PFP y del Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército.

Por la mañana, los manifestantes habían tomado durante un par de horas las instalaciones del palacio municipal, e incluso pretendieron entrar a la oficina del alcalde David Peña Treviño. No hubo forma de detenerlos, pues desde el lunes pasado en Nuevo Laredo no hay policía municipal en activo.

El objetivo de la manifestación fue evidente. Varios jóvenes encararon a los agentes de tránsito que custodiaban la oficina del alcalde; otros exigían a gritos la salida de "los chilangos", y hubo quien pedía que se linchara al funcionario.

Todos se calmaron en cuanto una mujer, identificada como Martha, quien lucía en el pecho una medalla de oro de unos 10 centímetros de diámetro, les ordenó sentarse y guardar silencio.

El alcalde Peña Treviño exigió hablar sólo con los familiares de los agentes, de quienes dijo tener una lista "con nombres y apellidos". Pocos acudieron a la cita.

Una de las demandas más reiteradas fue que la vigilancia de la ciudad quedara a cargo "de gente de Tamaulipas, no de los chilangos". Curiosamente, este mismo grupo exigió, hace un mes, la salida de la policía estatal de Nuevo Laredo, corporación integrada sobre todo por tamaulipecos.

La ejecución de Peña Berlanga cayó como balde de agua fría en una ciudad cuyos sectores sociales y de negocios empezaban una tibia campaña por mejorar la imagen de Nuevo Laredo.

Desde el miércoles pasado, por ejemplo, el gobierno del estado ha promovido la difusión televisiva de la ceremonia de presentación del programa integral de seguridad pública para Nuevo Laredo.

Las imágenes destacan unos segundos del discurso leído por el presidente del Comité de Desarrollo Industrial de la ciudad, Tomás Valdéz Dávila, quien ha sido uno de los más críticos de la situación de inseguridad en Nuevo Laredo. El espot del gobierno estatal sólo muestra el momento en que el empresario agradece la presencia del gobernador.

Es el mismo tono que emplea la Cámara de Comercio local, cuyo presidente interino, Francisco Román Partida, insistió en que la seguridad pública es un objetivo plenamente alcanzable.

La realidad, sin embargo, lo cerca: además de las dos ejecuciones de este viernes (la segunda víctima fue identificada como Romualdo Valenzuela Alanís), los problemas de inseguridad de este año han provocado una caída de 60 por ciento en las ventas del comercio.

Mientras, en otra parte de esta localidad fronteriza, 20 minutos después de que se realizó la manifestación antes citada, dos sujetos armados levantaron a una persona no identificada que conducía una pequeña camioneta con placas de Nuevo León a la altura del cruce de las avenidas Zaragoza y Aldama, donde la Coordinación Regional de Servicios Periciales encontró cuatro cartuchos percutidos calibre 9 milímetros.

Renuncia funcionario de la PGR en Sinaloa

El subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona centro de Sinaloa, Eugenio Villa López, renunció a su cargo y evitó dar una explicación pública sobre su decisión, la cual ocurre dos días después de que fue detenido Miguel Angel Guzmán, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán.

Desde ayer se supo extraoficialmente de la dimisión de Villa López, quien fue visto en los patios de la sede de la delegación estatal de la dependencia, pero se negó a atender a los reporteros que pretendían interrogarlo al respecto.

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la queja interpuesta por familiares de Miguel Angel Guzmán Loera, detenido el pasado miércoles por un grupo de elite del Ejército Mexicano en un restaurante de Culiacán, acusado de ser uno de los operadores del cártel de Sinaloa.

María Consuelo Loera, madre del detenido, acusó a los militares de no contar con una orden de aprehensión y de incurrir en vejaciones durante el arresto. La queja fue turnada a la CNDH con el número 111/120/05 y se espera que el organismo emita una respuesta formal al respecto.

Por otra parte, la Secretaria de Seguridad Pública de Tamaulipas solicitó la colaboración de la FBI (Oficina Federal de Investigaciones estadunidense) para concluir las investigaciones sobre policías municipales y estatales que han prestado servicio en la región fronteriza de la entidad. "Nos urge determinar qué elementos son confiables y cuáles no", afirmó Ives Soberón, titular de la dependencia.

(Con información de Carlos Figueroa, Javier Valdez y Martín Sánchez).