CIUDAD PERDIDA
De premios y varas justicieras
Respuesta a carta
Bienvenidas las amenazas
DURANTE DOS días continuos los lectores de La Jornada pudieron atestiguar la amenaza y desmentido que sobre el autor de Ciudad Perdida lanzó la juez federal María Elena Leguizamo Ferrer, por las opiniones que sobre su trabajo se vertieron en este espacio, a las que ella llama "crítica periodística infundada".
DICE LA señora Leguizamo que no es cierto que fue premiada, hace más de un año, con una magistratura porque ella la ganó a pulso, es decir, después de participar en un examen que constó de tres etapas. Uno siempre había creído que un premio significa el reconocimiento al esfuerzo realizado en la labor cotidiana, pero acepto el desmentido, la señora parece no merecer ningún premio.
DICE LA señora juez que su esposo Moisés Moreno Hernández -quien fungió como subprocurador de control de procesos de la PGR en la época del panista Antonio Lozano Gracia (léase los tiempos de la osamenta de la finca El Encanto y La Paca)- hoy está dedicado a la academia y que ella y él no tienen filiación política alguna, que comparten "únicamente la academia y la familia".
PRIMERO: ¿QUE suponía la juez, que después del numerito de Lozano Gracia el señor Moreno Sánchez, su esposo y ex colaborador del ex procurador panista, debería seguir en un cargo público?
SEGUNDO: SI es verdad que la pareja sólo comparte "la academia y la familia", y de lado quedan las ideas políticas y las amistades, como la de Fernández de Cevallos, y cada uno está dedicado a "actividades distintas", es necesario ofrecer una disculpa pública a la distinguida pareja.
TERCERO: RESPECTO de su decisión de otorgar la protección de la justicia federal a Carlos Ahumada, en la Ciudad Perdida del 1O de junio se dice que la juez no consideró culpable de fraude al empresario porque él era simple accionista y no el presidente del consejo de administración de la empresa Pagoza, y tampoco consideró que Ahumada fuera propietario de más de 90 por ciento de las acciones.
LO ESCRITO en este espacio se refuerza con lo establecido en la resolución de la juez y se expresa aún con mucha mayor claridad. Veamos: en la hoja 15 de la sentencia se dice que "el juez responsable no toma en consideración que a la fecha del evento delictivo (así lo califica ella), el hoy quejoso (Ahumada) era un simple accionista mayoritario de la persona moral y no tenía ningún cargo en la administración de la empresa Pagoza, Urbanizadores y Constructores"; un poco antes, inclusive, asegura que el dictamen del juez que acusa a Ahumada "es violatorio de las reglas de lógica". El propietario del Grupo Quart, habría que resaltarlo, era, o es, dueño de más de 90 por ciento de las acciones de Pagoza.
POR LO que hace a que Carlos Ahumada, sin mayor interés, hubiera recomendado a uno de sus incondicionales como funcionario de la GAM, la juez dice en la hoja nueve:
"EL HECHO de recomendar al delegado en Gustavo A. Madero al contador público Luis Salazar Cano, dada la falta de pruebas, no puede ser considerada como parte de un plan para la comisión del delito de fraude; por lo que no puede ser considerado un acto ejecutivo como lo establece el juez de la causa; ni siquiera existe base para afirmar que ello puede constituir un acto probatorio, en atención a que el mero hecho de la recomendación puede ser confundida con un acto inocente que no revela en sí mismo el fin de cometer algún delito".
ASI LO dice la sentencia que emitió la juez en favor de Ahumada. Ahora, si las opiniones de Ciudad Perdida a la señora María Elena Leguizamo Ferrer no le gustan y por ello lanza amenazas, bienvenidas. Esa es otra prueba de la justicia que imparte.