Bordaberry comparece en calidad de "indagado"
Interrogan a ex dictador uruguayo por asesinato de opositores a su régimen
Ampliar la imagen
El ex dictador uruguayo Juan Mar�Bordaberry saluda al salir de un tribunal donde fue interrogado sobre el asesinato, en Argentina, de cuatro opositores FOTO Ap
Montevideo, 16 de junio. El ex dictador Juan María Bordaberry, quien gobernó Uruguay entre 1972 y 1976, fue interrogado hoy en calidad de indagado por el homicidio en Argentina de cuatro opositores a su gobierno, entre ellos dos legisladores, pero el juez se abstuvo de tomar decisión, ante un recurso de la defensa que demandó ampliación de pruebas.
Bordaberry fue liberado tras cuatro horas de interrogatorio por el juez penal Roberto Timbal, quien deberá decidir en un plazo de hasta 45 días si acepta el pedido de pruebas por los asesinatos del senador Zelmar Michelini (del izquierdista Frente Amplio), del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz (del centroderechista Partido Nacional), y de los guerrilleros tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires.
El abogado Gastón Chávez Hontou, representante de Bordaberry, alegó que por tratarse de un ex presidente, su defendido debe ser sometido a un juicio político antes de responder a la justicia, y pidió además la citación de nuevos testigos, entre ellos los ex guerrilleros tupamaros Kimal Amir y Luis Alemañy.
La fiscal Mirtha Guianze pidió 15 años de prisión para Bordaberry y para su canciller Juan Carlos Blanco -quien comparecerá ante el juez el viernes- por "coautoría de homicidio muy especialmente agravado" de los cuatro opositores.
Blanco ya está procesado por "coautoría de homicidio" y fue excarcelado en el caso de la maestra Elena Quinteros, secuestrada por los militares en los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo, y luego desaparecida.
La representante de las familias de las víctimas, la abogada Hebe Martínez Burlé, quien previo al interrogatorio anticipó que había suficientes pruebas para el procesamiento de Bordaberry, comentó a la prensa que lo sucedido demostró que "la democracia sirve, que da garantías, como no sucedió durante su mandato".
Admitió, sin embargo, que la presentación de los recursos de la defensa, "el uso que Bordaberry hizo de la democracia", y su liberación "estaba dentro de lo que podía esperarse".
La pena pedida por la fiscal "es el mínimo para homicidios especialmente agravados, que están penados en el Código con condenas de 15 a 30 años, pero después es el juez quien decide los años de cárcel, y en este caso que son cuatro homicidios pueden ser más de 15 años", explicó Martínez Burlé.
Además, a los homicidios de Michelini, Gutiérrez, Barredo y Whitelaw, puede sumarse la desaparición forzada de Benjamín Liberoff, un médico comunista secuestrado en Buenos Aires el 19 de mayo de 1976 en forma simultánea a sus compatriotas, dijo la abogada.
Juan María Bordaberry ganó la elección de 1971 como candidato del Partido Colorado, asumió en marzo de 1972 y en junio de 1973 recurrió a las Fuerzas Armadas para disolver el Parlamento e instaurar la dictadura. Los militares lo destituyeron en 1976, pero el régimen castrense se extendió hasta 1985.
Bordaberry tiene pendiente, además, un juicio penal por el golpe de Estado y está acusado por su presunta responsabilidad en el asesinato, en abril de 1972, de ocho militantes comunistas a manos de las fuerzas de seguridad.
Los responsables de crímenes durante la dictadura instaurada a partir de 1973 se beneficiaron con una ley de perdón llamada de "Caducidad", votada en 1986, y apoyada en referéndum en 1989. La ley establece que la justicia debe solicitar permiso al gobierno para investigar las desapariciones.
Tabaré Vázquez, el primer presidente de izquierda del país, anunció en su discurso de asunción en marzo que permitirá la investigación de los asesinatos ocurridos antes de ese periodo, así como la búsqueda de tumbas clandestinas en cuarteles militares, que comenzó en mayo.
Por otro lado, Vázquez, anunció que los niños de la calle podrán jugar futbol en una cancha emplazada en los jardines de la residencia oficial. A diferencia de sus predecesores, el mandatario no vive con su familia en esa residencia, sino que la utiliza únicamente para determinadas labores oficiales.