La guerra y los banqueros
La guerra ha jugado clásicamente un papel relevante en los cambios epocales. Las continuas guerras de religión que atravesaron y fragmentaron la Europa del siglo XVI marcaron e impulsaron el paso de la Edad Media a la modernidad. Aunque los antecedentes más remotos de las instituciones financieras y de la banca puedan remontarse a la antigüedad, con las primeras operaciones comerciales ligadas a los templos de Mesopotamia o al código babilónico sobre préstamos y depósitos del año 1800 a.C., el origen de los bancos tal como los conocemos hoy en día data, precisamente, de esa Europa del siglo XVI caracterizada por la guerra. Guerra y comercio caminan de la mano en la historia.
De igual manera que las guerras de religión dieron origen al mundo moderno, la cuarta guerra mundial, con su carácter ilimitado y permanente, caracteriza desde hace años el paso global de la modernidad a la posmodernidad. Como entonces, instituciones financieras y guerra no son elementos disonantes en el nuevo escenario bélico. Por un lado, la globalización de la nueva guerra es, al mismo tiempo, la globalización de las lógicas de los mercados financieros. Por otro lado, los bancos se erigen en agentes vitales en el despliegue de las estrategias militares: por medio del crédito financian las intervenciones y activan el negocio de la reconstrucción de los países que las bombas destruyen.
Pero la guerra posmoderna es diferente de la guerra moderna. La modernidad nace con la obsesión de regular la guerra y de separarla de la política. Con el propósito de convertirla en un estado excepcional reservado únicamente a los conflictos entre entidades soberanas, el objetivo fundamental era desterrarla del campo de la política interna dentro de cada sociedad. Por el contrario, la guerra actual torna en regla permanente el estado de excepción y desvanece por completo su tradicional distinción de la política. Un propósito parece estar en la base de su desarrollo: erigirla en principio organizador fundamental de la sociedad, convirtiendo la política en herramienta y disfraz a su servicio. La guerra de nuestros días se convierte tendencialmente en relación social permanente. Lo que antaño se ceñía a una estructura legal de regulación hoy aparece como principio regulador que instituye e impone su propio marco legal de referencia. Hemos pasado de la regulación de la guerra a la guerra como forma de regulación.
El estado de Chiapas es un escenario paradigmático de la guerra de nuestros días. Desde hace años los sucesivos gobiernos mexicanos han respondido a las aspiraciones de justicia, dignidad y democracia de las comunidades indígenas en resistencia con una doble guerra: una que ha matado directamente a través de acciones paramilitares y otra que ha pretendido dejar morir mediante el corto circuito sistemático de los medios que las propias comunidades han activado, no solamente para sobrevivir en un contexto tan difícil de abandono y contrainsurgencia, sino para avanzar en la producción de formas de vida social más justas y democráticas.
Hace unas semanas hemos sabido que BBVA-Bancomer se ha sumado a esta estrategia de guerra mediante la cancelación de las cuentas de Enlace Civil, el espacio a través del cual llega la ayuda internacional y humanitaria a las comunidades indígenas zapatistas del sureste de México. Esgrimiendo razones de seguridad relacionadas con una supuesta y disparatada actividad de lavado de dinero, el banco ha criminalizado a un sinfín de ciudadanos e instituciones del mundo que a través de Enlace Civil contribuyen a financiar clínicas, escuelas, bibliotecas, campañas de vacunación y de potabilización del agua, casas de salud, etcétera, en territorio rebelde chiapaneco. De esta manera BBVA-Bancomer protagoniza una operación de evidente orientación contrainsurgente y se convierte en un banco que hace la guerra.
En este contexto, diferentes colectivos civiles y asociaciones de diversas partes del planeta han impulsado en los últimos días una campaña de información que persigue, como elemento más inmediato, el boicot a este banco mediante la cancelación masiva de cuentas corrientes, así como la denuncia pública de su ataque a las comunidades indígenas en resistencia. Implicarse en esta campaña no significa únicamente seguir tejiendo un precioso puente de cooperación y solidaridad con las comunidades zapatistas del sureste de México. Es, sobre todo, actuar directamente contra la guerra y ponerse decididamente del lado de la democracia y la justicia. Es necesario y urgente. ¿A alguien se le ocurren razones más loables por las que actuar?