Elude la responsabilidad del Estado: Magda Gómez
La prescripción, retroceso para la consolidación democrática
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de establecer la prescripción del delito de genocidio representa "un grave retroceso" para la transición democrática del país, en razón de que favorece una visión "autorrestringida" de la responsabilidad que tiene cualquier Estado para sancionar delitos de lesa humanidad, afirmó Magda Gómez, asesora jurídica del Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
Manifestó que "no es aceptable" que ministros del máximo tribunal busquen "encubrir con argumentos falsos la violación de tratados internacionales que no están sujetos a la no retroactividad".
Magda Gómez aseveró que con este fallo la Suprema Corte "dictó una línea legal que será considerada por jueces y magistrados, estrechando aún más el criterio que aplican para perseguir y sancionar estos delitos".
Sin duda, agregó, es una decisión que confirma que la SCJN optó por soslayar el derecho internacional, y con ello "limita la protección de que goza cualquier ciudadano en el ejercicio de derechos universales como el acceso a la justicia".
La asesora legal del Comité 68 consideró lamentable que los magistrados de la primera sala de la Suprema Corte sustentaran sus alegatos "sólo en el derecho interno, cuando la normatividad internacional ofrece las mejores herramientas jurídicas para sancionar crímenes de lesa humanidad y combatir la impunidad".
En contraste, dijo, la SCJN prefirió "encubrirse con formalidades legales para formular aseveraciones totalmente falsas y aberrantes, al no reconocer que en el momento de los hechos, y en las décadas subsecuentes, no existían las condiciones para ejercer la procuración de justicia y sancionar los responsables" de la matanza del 10 de junio de 1971.
Eludir la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en los crímenes del pasado, destacó, "no favorecerá la consolidación de la transición democrática, pues el combate a la impunidad y el esclarecimiento de los hechos no pueden ser soslayados".
Magda Gómez indicó que la sentencia aprobada por la Suprema Corte debe ser juzgada "tanto por los silencios que prevalecen como por el impacto que seguramente generará en la investigación y (la aplicación de) sanciones contra quienes participaron en los hechos del 2 de octubre de 1968 y de la llamada guerra sucia".
No obstante, aseguró que es indispensable continuar impulsando la sanción penal de quienes participaron en actos de lesa humanidad, "pues a diferencia de lo que ocurre en países como Argentina, donde se trabaja para corregir errores del pasado, aquí deberemos impulsar tanto la democratización del país como del máximo tribunal para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la vida sin que se apliquen candados de no retroactividad".
Agregó que en un Estado donde no se ha garantizado el fortalecimiento del sistema democrático, aprobar la prescripción del delito de genocidio "no sólo es regresivo para la consolidación de una cultura democrática respetuosa de los derechos humanos, sino para el ejercicio pleno de la justicia y el estado de derecho".