Ayer, más sucesos violentos en Chihuahua y Sinaloa
Responde el hampa con otros cinco homicidios
Investigan a 800 policías tamaulipecos; los ligan al narco
La espiral de violencia en el norte del país mantuvo su intensidad, pese a los patrullajes del programa México Seguro con la ejecución de tres personas, entre ellas un empresario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y dos asesinatos más en Sinaloa.
Alejandro Rubio Luján, de 29 años, propietario de uno de los bares más conocidos de Ciudad Juárez -frecuentado por narcotraficantes-, fue ultimado a balazos cuando se disponía a abrir ese negocio.
A la víctima se le relaciona con el traficante Apolinar Gallegos, detenido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) hace 21 días en una residencia del fraccionamiento Haciendas de la Paloma, y trasladado a la ciudad de México, donde se encuentra arraigado.
En Sinaloa, dos personas fueron ejecutadas a balazos en los municipios Badiraguato y Salvador Alvarado sin que hasta el momento las corporaciones policiacas hayan logrado detener a los responsables.
Uno de los homicidios ocurrió en la comunidad de Rancho Blanco, municipio Salvador Alvarado, en las cercanías de los límites con Chihuahua, donde un hombre identificado como Luis Enrique Ramírez Pérez, de 27 años, recibió seis impactos de bala en piernas, tórax y abdomen.
El otro asesinato tuvo lugar en la zona serrana de Badiraguato, donde Guadalupe Soto Velázquez, de 42 años, fue sorprendido cuando realizaba un trabajo de albañilería por un grupo de sicarios que le disparó en varias ocasiones.
Por otra parte, cinco custodios del penal de Culiacán fueron detenidos por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) por su presunta participación en la fuga de nueve reos, ocurrida el pasado 5 de mayo. Con estas aprehensiones son ya 48 los servidores públicos, entre custodios, jefes de seguridad, agentes y el director del penal, Alfredo López Reyna, arraigados en la ciudad de México como parte de las investigaciones en torno a la evasión.
A su vez, el Consejo de Seguridad Pública de Tamaulipas (CSPT) se deslindó de la contratación de 13 policías de Nuevo Laredo a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) detectó antecedentes penales, y que forman parte del grupo de 41 agentes municipales detenidos por un enfrentamiento con elementos de la AFI el pasado 11 de julio.
El secretario técnico del CSPT, Enrique Blackmore Smer, expuso que son los presidentes municipales los responsables de la contratación de los policías y no la dependencia a su cargo, la cual tiene las riendas del Centro de Comando, Control y Cómputo, conocido como C-4.
En otro orden, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) en Tamaulipas investiga a 800 policías ministeriales y ex comandantes de esa corporación por posibles nexos con el crimen organizado, y anunció que en las próximas semanas se pondrá en marcha un programa de depuración en las fuerzas policiacas del estado.
En Nuevo Laredo, elementos de la AFI decomisaron droga y varios cartuchos útiles durante el cateo a una bodega que era usada como casa de seguridad por presuntos narcotraficantes.
En Tijuana, Baja California, fue secuestrado José Jiménez Hernández, integrante de la dirigencia de la Confederación Regional de Obreros de México en el estado, cuando se encontraba en una de las oficinas de esa organización.
De acuerdo con el reporte policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública tijuanense, el incidente tuvo lugar la noche del pasado miércoles, cuando tres personas se llevaron al dirigente sindical en una camioneta pick-up roja.
Mientras, agentes de la PGR catearon un domicilio en la colonia La Palma, del municipio Talpa de Allende, Jalisco, donde hallaron 15 costales de mariguana con un peso de 100 kilos, así como un kilo de semillas de la misma hierba y dos básculas digitales. En la acción fueron capturados dos hombres y dos menores.
A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, declaró en Oaxaca que persiste la preocupación del Departamento de Estado de su país por la inseguridad que impera en la frontera.
"Cuando se habla de la frontera hay dos lados y vale más que coordinemos nuestros esfuerzos, intercambiar información y tratar de poner más recursos en la frontera. Esa es nuestra política", expuso el embajador.
Por su parte, la titular de la PGJE de Chihuahua, Patricia González, y el delegado de la PGR en esa entidad, Héctor García, afirmaron que en el estado no hay una guerra de cárteles de la droga como la que se libra en otros lugares del país, sobre todo en la frontera norte.
En su comparecencia ante el Congreso local para explicar el curso de las investigaciones de las 14 ejecuciones de los pasados 10 días en Chihuahua, entre ellas la del coordinador de investigaciones especiales de la policía municipal de la capital, los dos funcionarios descartaron que el clima de violencia esté rebasando la capacidad de las autoridades, ya que se ha centrado en grupos específicos y en reacomodos locales del narcotráfico.
Por otro lado, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, anunció que esa entidad también estará incluida en el programa México Seguro para realizar operativos contra el crimen organizado.
En entrevista en Hermosillo, el mandatario sonorense manifestó que de acuerdo con el anuncio que hizo el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, Sonora se sumará en su momento a este tipo de acciones.
Asimismo, en Veracruz, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cuauhtémoc Martínez García, declaró que aunque todavía no han sido afectados los niveles de inversión, la ola de violencia que prevalece en México, en especial en la zona fronteriza con Estados Unidos, son alarmantes, pues se puede extender a todo el territorio nacional y derivar en un caos.
Javier Valdez Cárdenas, Martín Sánchez Treviño, Antonio Heras, Javier Santos, Víctor Ruiz Arrazola, Miroslava Breach Velducea y Andrés Timoteo, corresponsales