Justificó sus acciones ante señalamientos de ONG
Niega Semarnat haber cometido "incumplimiento ambiental"
En respuesta a los 21 casos de incumplimiento ambiental que hicieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) organizaciones ambientalistas, la dependencia respondió a cada uno de los señalamientos, justificando las acciones que ha realizado.
En cuanto al desarrollo turístico de Punta Maguey en el Parque Nacional Huatulco, aseguró que la autorización se dio porque correspondía a las disposiciones del decreto del área natural protegida y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha detectado que hayan comenzado las obras.
La Escalera Náutica, cuya manifestación de impacto ambiental no cumpliría con las disposiciones legales, según señalaron las agrupaciones, es un "proyecto que pretende ordenar las actividades y orientar el desarrollo de los destinos". Además Fonatur se comprometió a "apoyar a Profepa en la vigilancia y a instrumentar un reglamento de navegación para evitar los impactos a la biodiversidad".
Sobre la tercera fase de Costa Cancún la dependencia señaló que Fonatur presentó a la dependencia el programa de manejo del área de reserva ecológica y se autorizó una afectación a 105 hectáreas de manglar, ecosistema que no puede ser restaurado, según los especialistas. También indicó que la autorización del desarrollo Mayan Palace en Playa del Carmen fue revocada por la Profepa debido a fallas que se detectaron.
En el caso de los cambios a la norma 022 de manglares, aseveró que se hicieron porque tenía ambigüedades y estaba por encima de la ley, asegurando que "no ha habido devastación" del ecosistema, además de que la evaluación se realiza caso por caso.
En cuanto a la modificación del reglamento de áreas naturales protegidas, que habría favorecido al sector pesquero del Alto Golfo de California, la Semarnat trabaja en el establecimiento de un polígono donde estaría prohibida la pesca para la flota camaronera, con el objetivo de proteger a la vaquita marina.
En el punto de la autorización de los Proyectos en Areas de Manejo Sustentable de la Vida Silvestre, que se dio entre 2001 y 2003, que llevaron a la captura ilegal de 2.5 millones de ejemplares de vida silvestre, aseguró que carecían de sustento legal por lo que se cancelaron los permisos.
En el tema de la importación ilegal de delfines de las islas Salomón, la respuesta oficial es que todo fue de manera lícita; los dueños del parque Punta Nizuc, donde se encuentran, están amparados en contra de la actuación de la Profepa y existe el compromiso de sacar la totalidad de ejemplares en un plazo breve.
La desclasificación de lodos de perforación de Pemex como residuos peligrosos, no es tal ya que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos sí los tiene considerados, y la Profepa ha realizado inspecciones en Laguna de Tanchicuín, Pánuco, Veracruz, donde habrían sido depositados por la paraestatal, pero lo que se encontró fueron "lodos de emulsión inversa base agua".
Rechazó también que esta administración haya permitido la impunidad de Pemex, en relación con los daños ambientales generados por la actividad petrolera, y "en los casos que ha sido necesario, la Profepa ha interpuesto las denuncias penales correspondientes".
La incineración masiva de residuos tóxicos es una actividad permitida en todos los países desarrollados y, además, en la región de América del Norte, México es el país que tiene el menor volumen de residuos sometidos a tratamiento térmico.
La dependencia defendió también su actuación en el caso de la autorización del proyecto de la Minera San Xavier, en Cerro San Pedro, San Luis Potosí. Indicó que su actuación "ha sido en todo momento apegada a la ley y a los procedimientos jurisdiccionales vigentes" y que el método de extracción que utilizará la empresa es permitido y utilizado en diversas partes del mundo.
Sobre los recursos para manejo forestal que habrían favorecido las plantaciones comerciales, aseguró que 90 por ciento de los beneficiarios son ejidos y comunidades, aunque reconoció que alrededor de 50 por ciento de la superficie ha sido plantada por el sector privado.