Se cumplió con el desahogo de pruebas en la quinta consignación contra Ahumada
Niega PGJDF que haya violado amparo
La acusación es por ser presunto responsable de un fraude por 7 millones de pesos: Sales
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) desahogó todas las pruebas solicitadas por la defensa del empresario Carlos Ahumada Kurtz, por lo que "no hay ninguna violación" a los derechos judiciales del inculpado al consignar el quinto expediente en su contra, aseguró el subprocurador de averiguaciones previas concentradas, Renato Sales Heredia.
El expediente, que recayó en el juzgado 34 de lo penal, derivó en la quinta orden de aprehensión en contra del dueño del Grupo Quart, por ser presunto responsable de un fraude por 6 millones 986 mil 288 pesos, resultado de obra pagada no ejecutada y sobreprecios en materiales de construcción.
Mientras Ahumada Kurtz rendía su declaración preparatoria ante el juez Armando Montoya Vázquez, su abogado, Enrique Díaz Sosa, ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del Grupo Quart, en la cual aseguró que la representación social no desahogó una prueba pericial en ingeniería, por lo cual se violó "una sentencia de amparo" que "obligaba" a la PGJDF a aceptar el dictamen ofrecido por la defensa.
Horas después, Sales Heredia afirmó que en ningún momento la procuraduría violó alguna determinación de los jueces de distrito, mucho menos de los tribunales colegiados, "ya que se admitieron todas las pruebas, no solamente en virtud de las ejecutorias de amparo, sino en respuesta a lo planteado por el procurador local".
El subprocurador explicó que el dictamen referido por el abogado es una prueba pericial en ingeniería para determinar la calidad de la carpeta asfáltica que empresas de Ahumada colocaron en calles de la delegación Tláhuac, para lo cual solicitaron un periodo de seis meses.
Sales recordó que en un principio la quinta acusación en contra del dueño de Quart efectivamente ascendía a 29 millones de pesos, 22 referidos a la calidad del asfalto. Sin embargo, la orden de aprehensión girada en contra del inculpado fue por los 7 millones de pesos restantes. Lo cual no significa, advirtió el funcionario, que no se continúe con las indagatorias correspondientes.
"Para que quede claro, se consignó el expediente por 7 millones de pesos y por ello se libró la orden de aprehensión. Este monto corresponde a sobreprecios y obra no ejecutada. Los 22 millones que versan sobre la calidad del asfalto están vigentes, están en desahogo, es un fraude específico que está en la Fiscalía de Asuntos Especiales", aseveró.
Sales Heredia abundó: "si el señor estima ofrecer algunas otras pruebas más esta en pleno derecho de hacerlo. Lo que hicimos nosotros fue ejercer la acción penal por los siete millones pesos acreditados como lucro y que a nuestro juicio esta totalmente demostrado y que a juicio del juez penal también existen suficientes elementos para iniciar la causa penal".
Además el subprocurador dio a conocer un acuerdo ministerial del 7 de junio -el cual fue constatado por Díaz Sosa seis días después-, en el cual se resolvió como admitidas diversas pruebas, tanto testimoniales como periciales, ofrecidas por la defensa.
Esta nueva consignación también involucra al ex jefe delegacional de Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, ya que existen documentos oficiales que hacen suponer que fue él quien autorizó, indebidamente, los pagos a Ahumada Kurtz, como una cuenta por liquidar certificada (CLC) que no obstante estar fechada el 15 de octubre de 2003, fue pagada el 16 de agosto de ese año, es decir, dos meses antes.
La situación jurídica de Martínez Rojo, quien se ya se encuentra preso en el Reclusorio Norte, se determinará el día de hoy, cuando el juez Montoya Vázquez decida si le dicta auto de libertad o auto de formal prisión.