Fin a la impunidad de civiles y militares represores, advierte el gobierno de Kirchner

Derogar los indultos a jerarcas de la dictadura, pide jefe del ejército argentino

Se estima que podrían ser citados a declarar unos 400 miembros de las fuerzas armadas

AFP, DPA Y REUTERS

Buenos Aires, 15 de junio. El gobierno argentino advirtió hoy que "la impunidad cesará" para los militares "y también para los civiles" responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar (1976-83), mientras el jefe del ejército argentino, teniente general Roberto Bendini, pidió la derogación de los indultos que beneficiaron a los jerarcas de aquel régimen, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales las leyes de amnistía que exculparon a acusados de terrorismo de Estado.

"Me parece que en Argentina el no juzgamiento de los hechos producto del terrorismo de Estado generó una sensación de impunidad que esas leyes proponían. Este fallo recupera el derecho de juzgar y responsabilizar a quienes corresponda", afirmó el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

No obstante, dijo desconocer si el próximo paso será la anulación de los indultos decretados en 1989 y 1990 por el entonces presidente Carlos Menem a los integrantes de las juntas militares de la dictadura.

"Ninguno de nosotros está tranquilo pensando que alguien que ha torturado, que ha matado, que ha cambiado la identidad de una persona o secuestrado a un bebé" está libre, insistió Fernández.

La Corte Suprema declaró el martes inconstitucionales las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) que habían cerrado la posibilidad de juzgar a centenares de acusados de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad en la dictadura, lo que permitirá la reapertura de causas para llevarlas a juicio oral.

Se estima que podrían ser citados a declarar unos 400 militares, de los cuales 10 por ciento estarían en actividad, además de civiles también imputados.

Eduardo Barcesat, abogado especialista en derechos humanos, estimó que ya este año podría haber juicios orales a algunos de los militares acusados por los delitos de la dictadura, bajo la cual desaparecieron unas 30 mil personas.

También sostuvo que como consecuencia de los fallos de ayer que declaran los crímenes de la dictadura de lesa humanidad y que por lo tanto no admiten beneficio alguno, la nulidad de los indultos es "una secuela necesaria".

Por otro lado, el ministro Fernández descartó malestar en las fuerzas armadas, al sostener que los militares son "gente que quiere vivir en el Estado democrático", y que "deberán responder los que hicieron algo, los que no hicieron nada, no".

En el mismo sentido, el jefe del ejército, Roberto Bendini, ratificó que "no hay malestar" en su fuerza y estimó que unos 20 subordinados suyos en actividad podrían ser citados a declarar.

No obstante, Bendini reclamó que "la derogación de los indultos tiene que ser el paso que sigue", porque "no vaya a ser cosa que queden presos los que fueron subtenientes, mientras que los que tuvieron mayor jerarquía y la plena responsabilidad queden en libertad".

En 1998, los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera volvieron a ser arrestados -con prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años- junto a otros militares y a encausados por robo de bebés, delito que no estaba contemplado en los indultos, ni por las leyes de perdón. Pero en marzo pasado, Massera, fue declarado inimputable tras un accidente cerebral.

La anulación de los indultos también fue pedida por una fiscal de la provincia de Córdoba, Graciela López, para poder juzgar a Luciano Benjamín Menéndez, conocido como La Hiena, ex jefe del Tercer Cuerpo de ejército entre 1975 y 1979 y acusado de supervisar y dirigir personalmente torturas y fusilamientos.

Otro que celebró el fallo de la Corte fue el ex jefe del ejército y actual embajador en Colombia, Martín Balza, quien a mediados de la década de los 90 hizo la primera autocrítica pública del papel de las fuerzas armadas en la dictadura.

"Como ciudadano, digo que el fallo de la Corte Suprema es ejemplar y de alto contenido docente", dijo Balza, pero advirtió que "falta un paso todavía para eliminar definitivamente la impunidad arraigada en el pueblo argentino: la derogación de los indultos".

"La democracia está definitivamente consolidada", estimó de su lado, el ex presidente Raúl Alfonsín, en una columna publicada en la prensa. Bajo su gobierno se realizó el histórico juicio a las juntas de comandantes en 1985 -luego indultados por Menem-, pero luego, bajo presión militar, impulsó las leyes de amnistía.

La anulación definitiva de las leyes permite la reapertura de los procesos, pero también alejaría toda perspectiva de extradición de represores reclamados por Francia, España, Alemania e Italia. Uno de los casos emblemáticos es el del ex capitán Alfredo Astiz, responsable del secuestro y muerte de dos monjas francesas, y a quien Francia condenó a cadena perpetua en ausencia en 1990.

En mayo de 2004 una cámara de apelaciones argentina ordenó reiniciar el proceso de extradición del ex marino a Francia. Esto no cambió nada, ya que una semana antes otro juez argentino había encausado a Astiz por la desaparición de doce personas, entre ellas, las dos religiosas francesas.

Así se redujo a cero la posibilidad de que Astiz sea extraditado, ya que un imputado puede optar si prefiere ser juzgado en su país o ser extraditado.

La vocera adjunta de la cancillería francesa, Cécile Pozzo di Borgo, calificó este miércoles de "histórica" la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, y dijo esperar que esto permita juzgar al ex marino, también responsable de la desaparición de una adolescente sueca, entre otros crímenes.