Editorial
Argentina: fallo histórico
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de declarar inconstitucionales las infames leyes conocidas como "de obediencia debida" y "punto final", en las cuales se amparó la impunidad de los militares genocidas que ensangrentaron durante casi una década a esa nación sudamericana, es una buena noticia de rango continental. En momentos en que los tribunales chilenos brindan protección al Pinochet asesino y se limitan a proceder contra el Pinochet ladrón, cuando la justicia mexicana da muestras de preparar el entierro de los vacilantes intentos oficiales de esclarecer los crímenes de Estado cometidos por los gobiernos priístas entre 1968 y 1982, y cuando genocidas de la talla de Efraín Ríos Montt se pasean en forma insultante por las calles de Guatemala, el máximo tribunal argentino da una muestra de ética judicial y de sentido de futuro.
El enjuiciamiento legal de los golpistas que asesinaron a más de 30 mil argentinos, hicieron desaparecer sus cadáveres, se robaron a sus hijos e impusieron el terror, la crueldad extrema y la violencia a todo el país no sólo constituye una obligación para con la memoria de las víctimas y de sus familiares, sino representa también un paso indispensable para construir una convivencia civilizada, institucional y estable, así como una superación ojalá que definitiva del chantaje castrense en que ha vivido la democracia argentina desde su restauración formal, hace dos décadas. En efecto, las leyes de la impunidad le fueron impuestas a un Ejecutivo débil y asfixiado por la crisis económica encabezado entonces por Raúl Alfonsín y a un Legislativo obsecuente y afectado por la red de complicidades entre el justicialismo Saúl Menem es el exponente máximo de esa maraña de inmoralidades y los verdugos castrenses. Como señaló Estela de Carlotto, presidenta de la fundación Abuelas de Plaza de Mayo, "hoy empieza la separación de lo que es el delincuente de la buena persona".
Debe recordarse que las disposiciones referidas, que interrumpieron los procesos legales iniciados contra los cabecillas genocidas por el entonces fiscal de Buenos Aires Julio César Strassera, habían sido ya declaradas nulas hace dos años por el Congreso, y que cerca de 150 militares y ex militares se encuentran detenidos por su participación en las atrocidades represivas cometidas por las sucesivas juntas militares que asolaron Argentina entre 1976 y 1983. Pero la resolución de la Corte Suprema hace posible que entre mil y 3 mil uniformados sean nuevamente llamados a declarar y que eventualmente sean detenidos por ser culpables o cómplices en homicidios, desapariciones, torturas, secuestros, robos y demás tropelías perpetradas por la dictadura. En suma, con el fallo de inconstitucionalidad emitido por el máximo tribunal argentino se cierran los márgenes de impunidad de que todavía disfrutaban muchos de los asesinos.
Cabe esperar que, en el ámbito latinoamericano, la histórica medida aliente los esfuerzos de las sociedades refrenados casi siempre por los gobernantes por hacer justicia y resanar, de esa forma, las heridas de las décadas sangrientas que padeció la región en los años 70 y 80. Por lo que hace a Argentina, es pertinente hacer votos porque la decisión de su Corte Suprema de Justicia permita cimentar de manera efectiva y honesta la reconciliación nacional y garantice que la barbarie no vuelva a ocurrir nunca más.