Interpusieron una demanda por delito ambiental
Opositores a la presa La Parota acusan a la CFE de tala ilegal
Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la construcción de la presa La Parota (Cecop) interpusieron una denuncia penal -misma que será ratificada hoy- contra quien resulte responsable por la tala inmoderada que "de manera ilegal" la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado en terrenos de los bienes comunales de Cacahuatepec, afectando cientos de hectáreas de la zona selvática del municipio de Acapulco, Guerrero.
Así lo informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (Cemda), que asesora al Cecop. La denuncia se presentó el pasado 10 de junio por un comité integrado por Marco Antonio Suástegui Muñoz, Felipe Flores Hernández, Juan García Valente y Priscila Rodríguez Bribiesca, abogada ambiental de Cemda. Una comitiva de 70 comuneros acompañó este acto.
En la reunión con el subdelegado de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República (PGR) la abogada se refirió a "la conducta ilícita de la CFE al talar y desmontar gran cantidad de zona selvática sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni de los comuneros propietarios de los predios afectados", para abrir caminos que lleven a lo que sería la cortina de la presa para comenzar los trabajos de construcción de la misma.
Lo anterior no obstante que la legalidad de la autorización de impacto ambiental emitida por Semarnat a la CFE para la construcción de la hidroeléctrica "es objeto de un recurso de revisión aún pendiente de resolución".
El Cemda indicó que los comuneros cuentan con pruebas de la afectación que la CFE ha ocasionado en tierras que las comunidades han trabajado por años, como videos de recorridos, en los que consta la devastación de la selva y la participación de la paraestatal en estas acciones, así como documentos firmados por autoridades competentes que confirman los hechos denunciados.
Rodríguez señaló que las irregularidades de la CFE, denunciadas ante la PGR, se centran en el cambio de uso de suelo "de manera ilegal", mismo que está tipificado como delito ambiental en el Código Penal Federal, en el apartado de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, que se castiga hasta con nueve años de prisión. Esto independientemente de otras probables conductas delictivas de empleados o funcionarios de la CFE por el daño a los terrenos comunales ocasionado por decisiones al margen de la asamblea de ejidatarios, agregó el Cemda.
Rosa Rojas