"El temor es que el próximo gobierno diga que no existe tal o cual información": IFAI
Incumple la mitad de las dependencias con la Ley Federal de Transparencia
"Hay que organizar los archivos, porque sin ellos no hay rendición de cuentas"
Ampliar la imagen Sesi��a del Instituto Federal de Acceso a la Informaci�realizada en abril pasado FOTO Jos�ntonio L�
Este miércoles, ante el Congreso de la Unión, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) revelarán en su informe 2004-2005 que cerca de 50 por ciento de las dependencias y entidades de la administración pública federal (APF) han incumplido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), en lo relativo a la organización y funcionamiento de sus archivos para acceder a los documentos oficiales, actualmente de carácter público obligatorio.
A poco más de un año de que concluya la gestión del presidente Vicente Fox, "el temor (de no avanzar en esa materia) es que cuando llegue un nuevo gobierno nos digan que no existe tal o cual información", adelanta a La Jornada el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero Amparán.
Destacado participante en 2001 en las mesas de trabajo para el diseño de la LFTAIPG, Guerrero advierte que "es fundamental que se organicen esos archivos, porque sin ellos no hay rendición de cuentas ni memoria histórica e institucional".
De hecho, enfatiza, una de las características del régimen político y de la APF en el país ha sido "reinventar la esfera pública cada vez que se inicia una nueva gestión, porque llegan a una oficina y no hay un solo papel, cada tres años en los municipios y cada seis en los gobiernos estatales y federal".
La causa principal por la que está inconclusa esa labor -que debió estar lista el primero de enero de este año, según el artículo décimo transitorio de la LFTAIPG- son las diferencias "conceptuales" y "culturales" con el Archivo General de la Nación (AGN), instancia subordinada a la Secretaría de Gobernación.
Al respecto, Guerrero Amparán enfatiza: "Esperamos que con el cambio de secretario (de Gobernación) podamos resolver este problema".
-¿En qué consiste? -se le cuestionó.
-Hay que distinguir la lógica del archivo histórico de la del archivo administrativo. Para un archivista del AGN, un documento tiene valor por su peso histórico. Pero desde el punto de vista de la rendición de cuentas es la sociedad quien debe juzgar la historia. El ejemplo que te pongo en este caso es el siguiente: si yo me gasto los viáticos en bares y antros de mala muerte, esas notas, ¿qué valor tienen desde el punto de vista histórico, a quién le importan? A nadie. Pero desde el punto de vista administrativo, lo tiene y mucho, porque yo tendría que haber pagado de mi bolsa esos gastos. Entonces, hay que distinguir. ¡Que lo entiendan los señores del AGN!
El especialista en administración y políticas públicas comenta que aun cuando el IFAI suscribió unos lineamientos para ordenar los archivos -"nos cuesta trabajo, pero nos pusimos de acuerdo"-, es necesario que se reglamente en esa materia.
"Las dependencias y entidades (de la APF) tendrían que, por lo menos, cumplir con dos requisitos esenciales: si me piden un documento, lo primero que debo tener es un método para saber dónde se puso y, segundo, cómo lo encuentro".
Dado que los historiadores del AGN dan mayor relevancia al documento histórico, Guerrero Amparán destaca que el "dilema conceptual" con ellos se puede resolver con la creación de archivos electrónicos. "Hoy, 98 por ciento de los registros (de información) del gobierno federal se hace en una computadora. El espacio que ocupa (el archivo electrónico) son chips. Los mismos que le pones a tu cámara fotográfica, donde puede caber toda la obra de Shakespeare, y todavía tienes espacio para tomar fotos".
Advierte: "Queda poco tiempo para regular este asunto y sería vergonzoso que el gobierno que impulsó la Ley Federal de Transparencia, que implica forzosamente poner en orden los archivos, haya hecho la mitad de la tarea".
Nuevas formas de administrar documentos
Entrevistada sobre el tema, la comisionada presidenta del IFAI, María Marván Laborde, coincide con su colega en que hace falta que el Congreso de la Unión emita una "ley de archivos que permita saber, en todo momento, dónde están los documentos que han sido creados".
Destaca que jurídicamente (artículo 32 de la LFTAIPG) el IFAI tiene atribuciones en forma compartida con el AGN en materia de archivos, así como para proponer una nueva normatividad para la APF en su conjunto.
La ex académica de la UNAM aclara que si bien ya existe una normatividad general para la APF, al realizar un diagnóstico "parte de nuestra sorpresa fue descubrir que además de la dispersión que existe en materia de normatividad -pues aunque hay muchos elementos en común, también algunos contradictorios de una dependencia a otra-, la Ley Federal de Transparencia impone nuevas formas de administrar documentos".
Precisa que "el documento no tiene que estar nada más listo y registrado para la historia, sino que al mismo tiempo tiene que estar fácilmente localizable para que cuando cualquier persona lo pida se pueda encontrar y entregar. Eso impone nuevas logísticas".
Comenta que una parte del trabajo ya se hizo en forma manual con el AGN. Además, el IFAI desarrolló, en colaboración con la Universiasd Nacional Autónoma de México, el denominado Sistema de Información, Catalogación y Clasificación de Archivos (SICCA), el cual es totalmente automatizado.
Sin embargo, "como tenemos que unir esfuerzos con el AGN, éste consideró que el SICCA era demasiado sofisticado para hacerlo obligatorio" a toda la APF y sólo algunas dependencias lo adoptaron.
En la era de la informática -coincide con Guerrero- se puede conservar un documento de dos maneras: en papel y en forma electrónica. "Claro que es fundamental un cambio de mentalidad para aceptar ese método para concentrar los archivos".
Ante la importancia de este asunto para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información gubernamental, los comisionados del IFAI plantearán este miércoles al Congreso de la Unión la necesidad "de desarrollar una normatividad en la materia".