Sus "altos ingresos" le permiten allegarse los $30 millones de caución, resolvió la juez

El congelamiento de cuentas de Raúl Salinas no lo libra del pago de fianza

ALFREDO MENDEZ ORTIZ ENVIADO

Almoloya de Juárez, 12 de junio. La juez 13 de distrito del Reclusorio Sur, Silvia Entrever Escamilla consideró el pasado viernes que Raúl Salinas de Gortari está en posibilidades de "tener altos ingresos monetarios"; puede "allegarse los recursos económicos de forma personal" que le permitan cubrir los 30 millones de pesos de fianza fijados para que garantice la reparación del daño causado al Estado por presuntamente haberse enriquecido de manera ilícita.

Además, refirió que si bien los bienes del inculpado y sus cuentas bancarias están aseguradas, eso no impide que se le obligue a garantizar un millonario monto de caución para cubrir los perjuicios que hubiese ocasionado al erario, en caso de ser declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito por 161 millones 462 mil 659 pesos.

En tanto, hasta el cierre de esta edición dicha caución aún no había sido garantizada ante las autoridades de ese juzgado, por lo que Raúl Salinas continuaba internado en el penal mexiquense de Santiaguito. Según fuentes cercanas al caso, la excarcelación podría darse en las últimas horas de hoy o durante la madrugada del martes.

Ayer no hubo visitas al ex priísta, mientras afuera del centro carcelario se incrementó la presencia de representantes de los medios de comunicación.

En lo que pudiera ser el último domingo que permanezca en la cárcel, Raúl Salinas estuvo impaciente en su celda y sin la compañía de su esposa, Paulina Castañón, quien el sábado salió del centro penitenciario para reunirse con los familiares de su esposo y conocer si ya está todo listo para pagar la fianza.

Asesoría de una veintena de abogados

Durante los más de diez años que Salinas ha permanecido en prisión, acusado de los delitos de homicidio, lavado de dinero y peculado -actualmente sólo enfrenta un juicio penal por presunto enriquecimiento ilícito-, estuvo asesorado al menos por una veintena de abogados de diversos despachos jurídicos.

Aunque sus familiares, defensores y allegados se han negado a dar un aproximado de los gastos económicos o en propiedades que ha representado para los Salinas de Gortari la asesoría jurídica de especialistas en diversas ramas del derecho, la suma total debe ser de varios millones de dólares, sobre todo porque la mayoría de los litigantes que lo han defendido provienen de despachos jurídicos que se caracterizan por cobrar fuertes cantidades de dinero a sus clientes, y algunos de ellos se cotizan por hora de trabajo y en billete verde.

En la defensa del hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas han participado despachos jurídicos del nivel de los hermanos Collado y Asociados; Bufete Aguilar y Quevedo, y Nassar Daw y Asociados, sólo por nombrar algunos.

Entre los especialistas en derecho que asesoran actualmente al inculpado, que tramitaron algún amparo, aportaron alguna opinión jurídica en la elaboración de una demanda de garantías o emprendieron un juicio civil, destacan José Luis Nassar Daw, Juan Velásquez, Alonso Aguilar Zinser, Eduardo Luengo Creel, los hermanos Juan y Antonio Collado, Alberto Bazbaz Sacal y José Antonio Becerril, entre otros.

En su acuerdo emitido el pasado viernes, que fue publicado en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la juez Silvia Entrever Escamilla rechazó el argumento planteado por el abogado José Luis Nassar Daw, en el sentido de que no se puede exigir a un reo la reparación del daño cuando no hay una persona física afectada y cuando los bienes de un procesado se encuentran incautados por orden judicial, como es el caso en que se encuentra el ingeniero.

"Se precisa al defensor particular del procesado (Raúl Salinas) que la reparación del daño y el decomiso tienen diversa naturaleza jurídica, pues la primera constituye, en esencia, la indemnización o resarcimiento de la cosa obtenida por el delito o de los perjuicios que probablemente sufrió el Estado. Por su parte, el decomiso se impone a título de sanción, por la realización de actos contra el tenor de las leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones a cargo de los gobernados", puntualizó la impartidota de justicia.

Así las cosas, la juez Estrever calculó la fianza "de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso", y consideró que Salinas debe garantizar los 30 millones de pesos, mediante afianzadora o depósito en efectivo, porque "se le encontró probable responsable de haberse enriquecido de manera ilícita (por mas de 160 millones de pesos) de 1985 a abril de 1992", tomando como base para imputarle ese delito los recursos que declaró el 8 de febrero de 1983, que fueron considerablemente menores.

La impartidora de justicia infirió en su resolutivo que "como es del dominio público que el procesado puede tener altos ingresos, debe contar con la posibilidad de allegarse recursos económicos de forma personal que le permitan cubrir el monto que esta autoridad judicial tenga a bien fijar, máxime que se trata de su libertad personal, situación que el propio inculpado debe ponderar para de alguna manera ver mermado temporalmente su patrimonio, como consecuencia de la conducta negativa que se le atribuye".