Bolivia: y sus fuerzas armadas, ¿qué?
Durante el siglo XX, Bolivia fue un Estado sometido al continuo trajín de golpes militares. Sin embargo, es el único caso, junto a Costa Rica (1948), que tras el triunfo de la revolución, el 9 de abril de 1952, decretó la disolución de su ejército. Pero fue un espejismo bajo la presidencia de Víctor Paz Estensoro. La fuerza del movimiento obrero, minero y el proletariado fabril, impuso un ritmo a la revolución que atemorizó a la burguesía nacionalista.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), organización política nacida en 1941, construida y articulada en torno de la generación burguesa emergente tras la guerra del Chaco, busca destruir el Estado oligárquico-minero a quien responsabiliza de la derrota y la crisis de identidad nacional a partir de 1935.
Por ello conspira con generales del gobierno, como su ministro del Interior, Seleme. Son sus propios fundadores, el líder sindical Juan Lechín y su ideólogo Siles Zuazo los responsables de urdir la trama golpista. Sin embargo, la insurrección popular de abril de 1952 desborda todas las expectativas.
El MNR trata de frenar el avance de los cambios, y en 1953 el movimiento obrero ve cómo pierde poder en el nuevo Estado. La acción de cogobierno desgasta su poder, y Paz Estensoro, bajo la protección de Estados Unidos, comienza un plan de desarrollo a la luz de la guerra fría.
La recomposición de las fuerzas armadas se hace dentro de la estrategia de lucha anticomunista diseñada en el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, defendida por la OEA y posterior base de la política exterior de Estados Unidos hacia la región.
Para 1964, Bolivia sufre el primer golpe de Estado de la era nacionalista-revolucionaria. El MNR, en el poder desde 1952, ve cómo el hombre fuerte del Pentágono, el general Barrientos, militante de su organización, asume el poder.
Así, las fuerzas armadas de Bolivia han sido instruidas dentro de los moldes de la guerra fría. Mientras duró cumplieron su papel de manera ejemplar. Desde Barrientos, y salvo periodos extraordinarios, sus gobernantes han sido militares: Ovando, Hugo Banzer, Luis García Meza, y uno progresista, Juan José Torres, a principios de los años 70. Sin olvidar la elección del propio Banzer, en la década de los 90.
No cabe duda que sus fuerzas armadas han jugado un papel fundamental en la construcción del Estado moderno de Bolivia. Su función estuvo ligada a dar legitimidad al proceso de lucha contrainsurgente dentro de la doctrina de la seguridad nacional, y la cumplió a rajatabla. Sin embargo, a medida que los tiempos fueron cambiando, se requirió otro papel en la estructura social y de poder boliviana.
Con los procesos de transición política en los años 80, las fuerzas armadas pueden regresar a sus cuarteles y cumplir funciones de control sobre la población en el contexto de las guerras de baja intensidad. En Bolivia, la lucha contra el narcotráfico y la desarticulación de movimientos sociales y políticos étnico-nacionales, considerados un peligro en el mediano y largos plazos. No resulta extraño que el proceso diera relevancia a la transformación estructural de las guarniciones ubicadas en las zonas indígenas: la primera División Andina en Viacha, próxima a la capital; la División Andina II de Oruro, y la División Andina X, en Tupiza, Potosí, constituyéndose en las más importantes del país, por su número de efectivos y por el parque de guerra con que cuentan.
Asimismo, la reorganización entiende que los reclamos de una secesión o de autonomía en el departamento de Santa Cruz de la Sierra es otro de los puntos de conflicto, donde las fuerzas armadas tendrían que intervenir en el mediano plazo. Razón suficiente para potenciar y enviar un mayor número de efectivos a la zona reorganizando tres de las 10 divisiones con que cuenta el ejército en dicha región: la VIII, división de la Selva, y las divisiones de Monte IV en Camari y V en Rabore. Igualmente, no deja de pensar en Trinidad y Tarija, donde el movimiento secesionista tiene fuerza.
En esta lógica aumentan sus efectivos en dos divisiones, la VI División de Selva en Trinidad (Beni) y la III División de Monte en Villamontes. Unas fuerzas armadas con otros cometidos y objetivos. El anticomunismo se transforma en terrorismo, narcotráfico y peligro de disolución de la patria.
Con una acción militar destinada, en los años 70, a frenar la insurgencia guerrillera, e imbuidos de la doctrina de la seguridad nacional anticomunista, los valores democráticos de sus oficiales y Estado Mayor dejan bastante que desear. Reciclados en la lucha contra el narcotráfico, donde Estados Unidos ejerce el control directo de las acciones y maniobras, los espacios de acciones para promover golpes de Estado por parte de generales, oficiales o suboficiales, queda fuera de los objetivos militares concluida la guerra fría.
En esta nueva etapa es más importante dotar de armamento moderno a la VII División aereotransportada, que se encuentra en Cochabamba y la IX División en Chapare -donde la producción de coca es la más importante- que pensar en una posible insurrección comunista. Aviones de vuelo rasante y helicópteros con radares, así como material de reciente generación en armamento terrestre para luchar contra el narcotráfico, son el problema.
Un golpe de Estado está fuera del campo de condiciones; sólo si se trata de un proceso de refundación del Estado-nación es posible que las fuerzas armadas sean llamadas a actuar en defensa de la legitimidad constitucional, pero siempre a solicitud del poder político.
Las fuerzas armadas de Bolivia son un caso sui generis en América del Sur, ya que cuentan con el menor número de suboficiales de todos los ejércitos. De 46 mil 100 militares, tiene 4 mil 500 oficiales y 6 mil 700 suboficiales. Su Estado Mayor esta compuesto por 23 generales, 18 almirantes y 12 generales de la fuerza aérea. La cohesión entre sus mandos es muy alta, y se expresa en su lealtad y fidelidad a la escala de mando.
De esta manera, no es de extrañar que las acciones que terminaron con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Losada supusieron el procesamiento de un número importante de oficiales y suboficiales responsables de la represión, en octubre de 2003, circunstancia que provoca un grabo descontento en la oficialidad.
La situación abierta tras la renuncia del presidente Carlos Mesa y la toma de posesión de Eduardo Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, por encima del presidente del Senado y la Cámara de Diputados, Hormando Vaca Diez y Mario Cossío, respectivamente, supone que las fuerzas armadas no tienen espacio para actuar por cuenta propia. La única posibilidad está determinada por la desintegración del país en caso de prosperar los deseos de secesión. Pero ello supone actuar bajo el concepto de mantener la unidad del Estado. Ese es el dilema, también señalado por el dirigente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales.