Las lagunas legales minan los sistemas de previsión, dice
Privan criterios económicos en cambios a prestaciones: experto
Las reformas a los sistemas de seguridad social se han emprendido con criterios económicos o fiscales más que con el interés de mejorar las prestaciones de los trabajadores, destacó Néstor Fasciolo, juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social de Argentina
Recomendó que las sentencias de los juzgados se ajusten estrictamente a lo que establecen las leyes y, con ello, evitar quebrantos en las finanzas de las instituciones, las cuales se han visto obligadas a pagar sumas estratosféricas porque los dictámenes judiciales están basados en criterios humanitarios y de equidad.
Además, las lagunas legales y la interpretación de los jueces han favorecido el crecimiento de organismos privados dedicados a lucrar en perjuicio, inclusive, de los trabajadores.
Durante el encuentro internacional Criterios Jurídicos en Materia de Seguridad Social, organizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y el Poder Judicial de la Federación, los ponentes -funcionarios de España, Argentina y Chile- resaltaron esta problemática como un aspecto que afecta severamente a las instituciones.
José Antonio Panizo, director del gabinete del secretario de Estado de la Seguridad Social de España, mencionó entre las variantes a considerar en el análisis de la relación entre los aspectos jurídicos y administrativos, las nuevas necesidades en materia de salud y prestaciones sociales que no están reguladas, pero existen y generan una demanda. Hay diferencias entre las exigencias sociales y los recursos disponibles para darles respuesta, lo que, a su vez, genera una imbricación entre el sistema de seguridad social y el entorno económico.
Comentó que en España existió durante años gran cantidad de demandas judiciales que exigían el cumplimiento de derechos. En 2003, estaban en trámite 92 mil procesos, de los cuales más de 25 por ciento era por peticiones de reconocimiento de incapacidad permanente. Se llevaban a cabo a pesar de que la mayoría concluía con resolutivos favorables a la autoridad. Sin embargo, el sólo hecho de cubrir los costos de los litigios implicaba desviaciones de los presupuestos institucionales, advirtió.
A partir de acuerdos de colaboración con el Poder Judicial se logró reducir los litigios en 22 por ciento, mientras las demandas por incapacidad permanente disminuyeron 40 por ciento.
Los gobiernos de Chile y Argentina adoptaron como medida de solución la creación de tribunales especializados en cuestiones de seguridad social. Fasciolo explicó que en su país existe la Cámara Federal de Seguridad Social que, en la práctica, es un tribunal que unifica la ley en la república argentina.
Marisol Aravena, subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile, comentó las acciones efectuadas con el propósito de fortalecer al Instituto Nacional de Previsión para enfrentar de mejor manera los juicios que anteriormente perdía y le obligaba a cubrir pagos estratosféricos. La mitad de esos montos, indicó, se quedaba en manos de las empresas que representaban a los trabajadores.
Una parte del problema se encontraba en las dificultades para la interpretación de las normas de seguridad social. De ahí la decisión de crear una corte especializada en este campo, la cual supone también la existencia de juzgados de primera instancia.
Por México, el director del ISSSTE, Benjamín González Roaro, advirtió que la intensidad de la disputa política vivida en los últimos años entre las diversas partes revela las dificultades que todavía enfrenta el país, así como la urgencia de construir nuevas formas de cooperación y acuerdo.
Dijo que la intensidad de la disputa política ha ocasionado que se pierda de vista que ''si bien la división de poderes se sustenta en el cumplimiento de las responsabilidades y las atribuciones que la ley establece para cada uno, esto no implica la confrontación permanente entre ellos, sino más bien la lógica de una intrínseca cooperación". Se trata, agregó, de que cada poder contribuya desde su ámbito a la atención de las necesidades ciudadanas y a la promoción del desarrollo nacional.