La primera sala abordará el proyecto de dictamen acerca de prescripción del genocidio
El 15, nuevo análisis de la SCJN sobre el halconazo y las culpas de Echeverría
Fuentes del máximo tribunal no descartan que se dé una decisión favorable para la Femospp
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo 15 de junio el proyecto de dictamen en torno a la prescripción o no del delito de genocidio, lo que marcará el destino de la averiguación previa de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) sobre los hechos del 10 de junio de 1971, en la que se acusa al ex presidente Luis Echeverría Alvarez y otros funcionarios de su gabinete por ese ilícito.
Trascendió que no se descarta una decisión favorable para la fiscalía, en el sentido de que el delito de genocidio no ha prescrito -ya sea con base en el marco legal internacional o en el nacional-, pero, admitieron funcionarios del máximo tribunal, ello no implica que esté demostrado que en el llamado jueves de Corpus se cometió dicho delito.
Se espera que este miércoles la presidenta de la primera sala, Olga Sánchez Cordero, formalice la decisión de sus compañeros de listar para la semana que entra el recurso de reclamación presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la decisión de un juez de distrito de negar las órdenes de aprehensión solicitadas por la fiscalía en contra de Echeverría y otros funcionarios de su administración.
Compleja discusión
El proyecto a discusión fue elaborado por José Ramón Cossío, luego de que se ha discutido este caso en dos sesiones públicas (febrero y marzo), en las que los ministros rechazaron los proyectos de resolución presentados por Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, lo que obligó a que el asunto fuera turnado a Cossío, quien hace unos días entregó a sus compañeros su proyecto de dictamen.
En este contexto, fuentes consultadas precisaron que se espera una discusión ''compleja'' en la que además de agotarse lo relativo al marco jurídico nacional, tendrán que discutirse aspectos del derecho internacional que no se discutieron en los proyectos anteriores.
Cabe recordar que anteriormente la mayoría había rechazado el proyecto de dictamen presentado por el ministro Juan N. Silva Meza, que apoyaba la petición de la Procuraduría General de la República de ejercer acción penal por los hechos ocurridos, por tratarse de un delito de ''especial gravedad''.
El ministro no tuvo apoyo cuando planteó la plena aplicación retroactiva del Convenio sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad (ratificado en 2001 y que entró en vigor en junio de 2002), en razón de que las víctimas merecen protección universal.
Los informantes precisaron que el elemento de derecho internacional ''no está agotado'', toda vez que según los tratados internacionales firmados por México, el Estado debe actuar penalmente contra los culpables de genocidio, sin que existan limitaciones de tiempo para cumplir con ello. Es decir, debe existir un equilibrio entre derechos fundamentales del individuo y derechos fundamentales que corresponden a la humanidad.
Por otra parte, el proyecto que elaboró el ministro Cossío analiza la postura de la fiscalía sobre la viabilidad de que el citado delito no haya prescrito de acuerdo con el marco jurídico nacional.
Ello tiene que ver con el hecho de que los principales acusados tenían fuero y gozaron de total impunidad durante el tiempo que estuvieron en el cargo, y que, por tanto, para determinar la prescripción debe tomarse en cuenta al menos el año 1976, cuando Echeverría dejó el poder, y no 1971.
Además, estudia el planteamiento en el sentido de que se llevaron a cabo diversas averiguaciones previas en años posteriores a los hechos, lo que también habría interrumpido la prescripción. Casualmente, los ministros de la Corte decidieron iniciar la discusión del proyecto de Cossío, tan sólo cinco días después de que se cumpla el aniversario 34 del jueves de Corpus.