Crisis del sistema de seguridad
Estamos viviendo alarmantes muestras de la terrible ineficiencia de los servicios públicos de seguridad y justicia. Los 500 ejecutados y el desastre penitenciario así lo acreditan, para no hablar de los graves ultrajes que sufre la sociedad cada día: secuestros, lesiones, asaltos, violaciones, robos. Es una crisis de gobernabilidad, de eficiencia, y en el fondo es una crisis de imaginación, de creatividad, de competencia para hacer las cosas. El deterioro ha sido muy largo.
Ni el secretario de Seguridad Pública federal, ni el procurador general de la República han sido capaces de presentar un diagnóstico serio y honesto, y un plan de contingencia. Sus ideas son cotidianas, se ajustan a la presión de cada momento, carecen de perspectiva, metas y proyecto. Las enormes fallas en las procuradurías de justicia las han puesto en el microscopio de la sociedad, y el juicio general es que enfrentan un naufragio, pero poco se ha hablado de los servicios preventivos. Estos deberían ser la primera barrera de protección de la seguridad ciudadana. En honor a la verdad, las procuradurías están cargando con todo el descrédito y no queda suficientemente definida, para el juicio público, la gran responsabilidad, más omisa que la procuración de justicia, que es la prevención del delito.
La Policía Federal Preventiva fue creada tardíamente y, como careció de un proyecto metodológico, a casi siete años de su creación no termina de integrarse y depurar sus cuerpos componentes. Aún están ahí varios miles de militares y marinos, cuya presencia se explicó a finales del gobierno de Zedillo como una transición para dar tiempo a la maduración del nuevo cuerpo. Uno de los resultados son los conflictos internos en una disputa por el poder entre militares y marinos, y de éstos con los policías.
No se percataron Zedillo ni Fox, ni sus secretarios corresponsables, de que era una medida de emergencia y como tal podría tener efectividad sólo en el corto plazo. No vieron que era imperativo desarrollar de manera concurrente un proyecto nacional para institucionalizar, de una vez por todas, los servicios de prevención del delito. No, creyeron que podían confiar la seguridad pública de la nación a un cuerpo montado con prisas y sin proyección a futuro. Las consecuencias están a la vista.
Esta policía presta servicios importantes al gobierno, como evitar los millonarios robos a Pemex, o la custodia de instalaciones estratégicas, pero su efecto en la seguridad ciudadana es imperceptible para la sociedad. La falta de definiciones la llevan constantemente a enfrentarse con policías locales o federales. Está el caso de invasión de funciones que condujeron a un linchamiento en Ixtayopan; los frecuentes choques con la AFI o la invasión plena de funciones de persecución del delito que le son ajenas. Las policías preventivas estatales no han logrado ningún desarrollo evidente y sí han asumido una constante que llama la atención: crecientemente el mando de ellas está siendo puesto a cargo de generales recién retirados. Recientes están los casos de Guerrero, Puebla y Tamaulipas. Pareciera un proyecto no de retirar a militares de funciones que constitucionalmente pertenecen a otras esferas de autoridad, sino de acrecentar su presencia.
Y vienen tiempos más preocupantes desde este punto de vista, ya que con el agotamiento del gobierno federal, los temas de seguridad cada día estarán más en manos de militares. Ellos cumplen una de las misiones que les señala su ley orgánica, artículos primero, fracción II: "garantizar la seguridad interior", y segundo: "por sí o en forma conjunta con otras dependencias federales, estatales o municipales". Nótese que esa ley entrega al Ejército la responsabilidad de "garantizar" la seguridad interior (concepto bastante abstracto). La ley orgánica tiene su origen sustancial en preceptos más antiguos aún, la Ordenanza General del Ejército, de principios del siglo XX. La preocupación es que esta sustitución en las responsabilidades civiles suceda por un dejar hacer, por la ineptitud de los funcionarios responsables. ¿Será de tal magnitud el miedo e incompetencia de Fox y, como consecuencia, hacia dónde está haciendo marchar al país? Podríamos estar yendo hacia un perfil indeseado de nación.
La crisis que estamos viviendo tiene 11 años de venirse gestando. No es que las policías de antes fueran necesariamente mejores, sino que las demandas de una sociedad creciente en su complejidad las ha rebasado en su pasividad. Es el tipo de crisis que sólo se resolverá con un proyecto nacional hecho con seriedad, sin maquillajes ni protagonismos. Un proyecto que enfrente los problemas y ofrezca soluciones para el corto, mediano y largo plazos, pero que no los confunda, que sus prioridades y metas para cada momento sean claras.
Las cargas de culpabilidad que envía Fox al Congreso son claramente elusivas de lo que es su responsabilidad. Son iniciativas que tampoco conducirían a una mejor calidad de la vida ciudadana. Tienen que ver más con asuntos procesales que preventivos. La idea de crear una secretaría del interior, mezclando en una a policías judiciales con preventivas, es sólo un recurso escenográfico contraproducente de llevarse a cabo. Una vez más se abundaría en la confusión y la disfuncionalidad; es una muestra más del carácter simulador del gobierno federal.
Ante esta terrible anarquía, solamente encarando el tema como uno de los mayores problemas nacionales tendría una paulatina pero confiable solución. Se requiere seriedad, no simulación; dominio del tema, no oportunismo; habilidad y experiencia para manejar grandes proyectos y estructuras, no improvisación, y una enorme voluntad política que sólo puede venir de un presidente de la República que así lo entienda y conduzca dicho esfuerzo con férrea voluntad para que este intento fructifique.