Editorial
Bolivia, Nicaragua, Panamá... ¿Servicios o derechos?
Los habitantes de Cochabamba y después los de El Alto, en Bolivia, impidieron un aumento del precio del agua y expulsaron a la empresa privada extranjera que lucraba con el abastecimiento de ese recurso. Los nicaragüenses acaban de imponer la anulación del precio de la electricidad decretado por un presidente conservador gracias a la instauración del estado de emergencia. Al mismo tiempo, los trabajadores panameños hace 10 días que están en huelga y desde hace dos bloquean las principales arterias de la capital en defensa de la Caja del Seguro Social, así como en protesta por el intento del gobierno del presidente Martín Torrijos de aumentar la edad para jubilarse y las cotizaciones a las pensiones.
En todo el continente latinoamericano, desde el río Bravo hasta la Tierra de Fuego, ocupan un lugar fundamental en la ofensiva neoliberal los problemas del agua ("hay que aumentar su precio hasta que duela", fue la frase irresponsable de una autoridad de nuestro país), de la electricidad, del desmantelamiento del Seguro Social y de la concesión de los ahorros de pensiones al capital financiero internacional (nuestras famosas Afore copiadas del Chile de Pinochet). Lo que para la Carta de Fundación de las Naciones Unidas son derechos humanos (agua, energía, fondos de pensión para una vejez tranquila), para el capital financiero y las políticas neoliberales no son más que servicios que quien no pueda pagar no debería tener.
Ese darwinismo social del neoliberalismo (el goce de servicios esenciales pero sólo por los más pudientes) es precisamente lo que rechazan con todas sus fuerzas los pueblos, pues consideran derechos lo que los gobiernos creen fuente de lucro privado. La idea de la economía moral los une y los moviliza contra los gobernantes que creen que la política neoliberal es la única y es inevitable. Para las clases subalternas el agua desde siempre es de todos y para todos, un nivel adecuado de civilización requiere servicios públicos y sociales generalizados, las pensiones y jubilaciones son salarios diferidos en el tiempo, pero pertenecen a los trabajadores y nadie se las debe quitar. La sociedad debe asegurar una vida digna a los menores y a los ancianos, y es inmoral que existan tierras ociosas en manos de pocos hacendados mientras centenares de miles de trabajadores rurales carecen de tierra y están desocupados.
Se enfrentan así dos concepciones sociales y filosóficas, dos criterios políticos: uno se basa en los intereses de las empresas capitalistas; el otro, en un concepto de civilización que ve la economía como una relación no entre bienes y la mercancía dinero, sino entre personas, y que considera que aquélla debe satisfacer las necesidades, no el ansia de lucro de unos pocos. Dado que los partidos y los candidatos al poder estatal por lo general desconocen este hecho fundamental, los movimientos estallan por todas partes al margen de ellos, y muchas veces contra ellos (el presidente panameño Torrijos fue elegido no hace mucho por quienes hoy levantan barricadas en las calles y rutas). Esta sordera de la sociedad política frente a las necesidades de la sociedad civil es una causa importante de inestabilidad social y abre el camino a situaciones peligrosas, como demuestra el caso boliviano. Como decían en otras épocas (que el nombramiento del secretario de Gobernación Abascal hoy actualiza): "Dios ciega a quienes quiere perder".