El recurso está en análisis en la Corte, afirma el asesor legal del órgano legislativo
Vigente, la controversia que presentó la ALDF contra el desafuero: Quijano
Consejera jurídica: debe despejarse cualquier duda de que la PGR cerró el proceso
La controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa (ALDF) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el caso del desafuero del jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, "aún no está perdida", sostuvo ayer el asesor legal de la ALDF, Javier Quijano Baz, quien dijo que está pendiente de resolverse la petición para que el máximo tribunal del país resuelva a fondo en ese asunto.
Al reunirse con los diputados locales de la Comisión de Gobierno, con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, y con titulares de órganos autónomos, Quijano Baz describió la ruta legal que ha seguido el tema del desafuero, desde que se presentó la denuncia ante el Ministerio Público.
Dejó en claro que aun cuando la SCJN rechazó por "notoriamente improcedente" la controversia constitucional por exceso de facultades en que incurrió la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa hizo valer la "excepción de nulidad", por lo que el asunto está en análisis en la Corte.
Eso implica, dijo, que "estamos pidiendo que esa instancia vaya al fondo del asunto, y mientras eso esté latente, "no hemos perdido nada".
Sobre el asunto, la consejera jurídica del Gobierno del DF, María Estela Ríos, dijo que luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) determinó el no ejercicio de la acción penal contra el jefe de Gobierno, la administración capitalina considera que el asunto se dará por concluido y no merecerá más discusión.
Indicó que tras el largo proceso contra el mandatario capitalino, lo importante es que se solucione de manera definitiva y "quede atrás cualquier sombra de duda" respecto de si pudiera continuar el proceso en contra del mandatario capitalino.
Lo que todavía está a debate, agregó la funcionaria, es la decisión de los tribunales colegiados acerca de si el gobierno capitalino está o no obligado a devolver el predio o queda obligado a indemnizar al quejoso.
Recordó que en este caso hubo un decreto para dejar sin efecto la expropiación y una de las consecuencias era devolver el predio; sin embargo, la propia Constitución del país establece que cuando haya imposibilidad de restituir al quejoso, como en este caso, pues se causaría más perjuicio a la sociedad que el beneficio que se otorgaría al particular, la administración local ha solicitado que se determine esa imposibilidad jurídica y material y que en su lugar haya un cumplimiento sustituto de la sentencia, que sería el pago de la indemnización correspondiente.
Alvaro Arceo Corcuera, integrante de la defensa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, señaló que de hacerse efectiva la determinación de la Procuraduría General de la República de no ejercer acción penal, el siguiente paso es que se notifique al interesado y, según el acuerdo A/006/92 de la PGR, el efecto será el de que se archive el expediente con carácter definitivo.
Añadió que la defensa del jefe de Gobierno tiene conocimiento de que el Ministerio Público ya formuló la consulta de no ejercicio de la acción penal y la fijó en los estrados para que cualquier interesado que quiera hacer una aclaración la haga.