Campañas de despilfarro de PRI y PAN en el estado de México
Los programas sociales que se aplican en el Distrito Federal son la principal oferta de campaña de los distintos candidatos al gobierno del estado de México, que persiguen el voto de un electorado que demanda reciprocidad y pone al descubierto el oportunismo de los que abanderan causas en nombre de los marginados y que hacen promesas que en otros foros tachan de populistas.
Con la agenda social de la administración perredista en la capital del país se hace campaña en la zona conurbada y hasta en cinco estados circunvecinos al aún llamado bastión priísta, enmedio del derroche económico, del ya acostumbrado marketing insultante para la población, y entre escándalos de corrupción de los representantes de las instituciones que están para salvaguardar y garantizar el proceso comicial.
Pese a todo y al voto de confianza que merecen por ahora los recién llegados consejeros electorales estatales, los compromisos que abanderan la pensión universal para los adultos mayores, madres solteras, discapacitados y otros grupos marginados de la sociedad, se repiten en voz de los aspirantes; causas y programas que asume la candidata del PRD al Ejecutivo estatal, Yeidckol Polenvsky, con el respaldo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, así manifestado en actos proselitistas.
Con una bolsa del mandado amarilla y negra, como las que usan diariamente muchas mujeres para ir al mercado, la ex líder de los industriales del país apuesta a apoyar a la pequeña y mediana empresa mexiquense, la que considera auténtica fuente de desarrollo económico; crear empleo remunerado, otorgar salarios justos; apoyo al campo, a mujeres, jóvenes y emprendedores; invertir en infraestructura e investigación para el desarrollo tecnológico, instrumentando una política económica que define como humana y una política social que resuelva, con una administración eficiente, con vocación de servicio y sin cabida para los corruptos.
La empresaria de nombre y de ascendencia judíopolaca por adopción, sobreviviente del abuso y la violencia familiar que se vive en nuestro territorio, hace campaña sin recursos, intentando convertirse en la primera mujer que gobierne el estado de México, entidad que registra el mayor índice de violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, con un partido ausente e inmerso en las disputas de siempre, y una convicción de tratar de ofrecer a un electorado con preeminencia priísta un gobierno alternativo a los que han conocido hasta ahora.
Atrás en las encuestas frente a los abanderados del PRI y el PAN, que han utilizado su pasado para atacar su privacidad y poner en duda su entereza, la aspirante advierte en sus recorridos que el día de ir votar los ciudadanos lo hagan de forma libre y secreta y los convoca a no asumir compromisos por supuesta ayuda que ellos mismos pagan con sus contribuciones, porque al fin y al cabo es dinero del pueblo, de ustedes y nosotros, afirma. Así trata de contrarrestar el impacto del despilfarro financiero que se ha registrado en lo que seguro serán las elecciones más caras y sucias de la historia en el estado, y cuya problemática se debate en la opinión pública en vertientes como la fiscalización de los partidos y de los órganos electorales, su financiamiento, independencia y autonomía.
La discusión si bien se ha centrado en los ataques y descalificaciones de los diversos actores, debiera circunscribirse en la realización de procesos administrativos y en ocasiones hasta judiciales propios de los regímenes de rendición de cuentas; es la única forma de dar equidad a la contienda, mantener el equilibrio político y social y erradicar la imparcialidad y el partidismo con el que se realizan hasta ahora los comicios. La contabilidad de los partidos, sus candidatos, la selección de sus donantes y el uso responsable de los fondos gubernamentales para financiar las elecciones en cualquier parte, son de interés público, tanto como la publicidad que se mercadea en los medios de comunicación, y es necesaria su auténtica observancia, para que conviva la legalidad con la política, como parte de un sistema que da cumplimiento pero a la vez sanciona las violaciones a las normas electorales. Eso es lo que ratificarán o sancionarán los mexiquenses con su voto.