No se vale "opinar desde fuera", responde el gobernador de Guerrero a activistas
Piden grupos internacionales protección para el ecologista Albertano Peñaloza
Acapulco, Gro., 1º de junio. Mientras el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo dijo que ya se encuentra en el Congreso local la propuesta para crear una fiscalía especial que investigue el atentado contra el campesino ecologista Albertano Peñaloza Domínguez, en el que fueron asesinados dos de sus hijos y otros dos resultaron heridos, la Oficina para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, pidió al mandatario estatal que garantice la integridad física del activista y su familia, así como la de otros dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP).
En una carta dirigida al gobernador guerrerense, la directora ejecutiva de esa organización, Joy Olson, le solicita además que se suspendan las órdenes de aprehensión contra Peñaloza Domínguez y otros integrantes de la OCESP, a quienes se involucra en el asesinato de Abel Bautista Guillén, por el cual se encuentra preso Felipe Arreaga Sánchez en el penal de Zihuatanejo.
"Esperamos que el gobernador actúe para resolver esta situación a favor de los ecologistas que cuidan los bosques de Guerrero", señala el escrito.
WOLA condenó también las declaraciones de funcionarios estatales de que la emboscada que sufrió Peñaloza Domínguez el pasado 19 de mayo fue por cuestiones personales y que desprestigian la labor realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Laurie Freeman, representante de WOLA en México, indicó que "la mejor manera de prevenir que haya futuros ataques contra la organización es mediante una investigación inmediata y exhaustiva sobre la emboscada brutal que sufrió el señor Peñaloza, y que los responsables sean enjuiciados y castigados".
De su lado, el gobernador Zeferino Torreblanca reiteró que la creación de la fiscalía especial para que investigue el atentado contra Peñaloza Domínguez es una decisión que compete únicamente al Congreso local.
En referencia a los pronunciamientos de organizaciones ecologistas nacionales e internacionales que exigen que se esclarezca ese atentado, el gobernador dijo que no se vale que desde lejos opinen sin conocer "la triste y difícil realidad de este estado" y agregó que no se trata de crear victimarios, por lo que las organizaciones ambientalistas deben de inmiscuirse más en los procedimientos y "no lanzar denuncias de lejos".
En conferencia de prensa, el mandatario estatal negó rotundamente que su administración haya pagado la fianza de los nueve estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes causaron daños diversos durante un bloqueo carretero el pasado fin de semana.
Expuso que su gobierno está generando un clima propicio para que los jóvenes recluidos entiendan que no se puede permitir que en las carreteras se agravien los intereses de terceros.
Al referirse al caso de la presa La Parota, indicó que existe información de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que 85 por ciento de los comuneros están de acuerdo con que se construya la presa hidroeléctrica.
Aclaró, sin embargo, que su gobierno no permitirá que la paraestatal "venga y haga lo que le venga en gana como en el pasado". Y añadió que se asegurará de que los campesinos afectados con la construcción no sean engañados.