Avala los estatutos de PRI, PRD y Convergencia
Aprueba el IFE reglamento sobre disolución de partidos
Entre cuestionamientos de casi todos los partidos políticos, el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó por unanimidad el nuevo reglamento sobre disolución de los institutos políticos que pierdan su registro, con el propósito de regular el pago de las eventuales sanciones que les sean aplicadas y garantizar la devolución de los bienes adquiridos con los recursos públicos que les sean entregados. "Ante un vacío legal que no se ha legislado en el Congreso -sostuvo el consejero presidente Luis Carlos Ugalde- se está intentando dar respuesta a una problemática a través de la facultad reglamentaria".
El saldo de las malversación de prerrogativas otorgadas a los partidos de reciente creación en 2003, sólo por concepto de multas, es de 330 millones de pesos, incobrables para el IFE. Las multas ascendieron a casi 25 por ciento de un total de mil 252 millones que se otorgaron a los partidos por ley.
Ugalde defendió el nuevo reglamento partiendo de las referencias a los partidos que malversaron recursos públicos: "el reglamento protege a dos actores centrales de la democracia mexicana: a los ciudadanos, que exigen un uso honesto de los recursos de los partidos, pero también, de manera directa, a los partidos políticos que sí cumplen con su obligación de informarnos".
Durante la sesión, el Consejo General del IFE acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aprobó, ahora sí con fundamentación jurídica, los cambios estatutarios en el PRI, y de igual forma consideró legales y constitucionales las modificaciones realizadas a sus documentos por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia.
No fueron los propósitos del reglamento, sino el cúmulo de inconsistencias jurídicas, la ausencia de consultas y la "mezcolanza" de legislaciones lo que disparó las críticas prácticamente de todos los partidos contra el documento. Esto, porque el reglamento equipara el procedimiento de disolución de partidos con el de las empresas que caen en quiebra, incorporando el esquema de la legislación mercantil.
El priísta Erick Iván Jaimes lanzó la primera descalificación: "no sé si al equiparar a los partidos políticos con sociedades mercantiles pudiera ser válida o congruente esta clasificación de la que nos remitimos a la Ley de Concursos Mercantiles".
"Lo que brinca inmediatamente -dijo por su parte el perredista Saúl Escobar, en la última sesión en que participa antes de ser sustituido por el nuevo representante, Horacio Duarte- es la mezcla que se hace en este reglamento entre el derecho mercantil y el derecho electoral, una mezcla poco afortunada, explosiva, que da lugar a errores y fórmulas equivocadas y a inventar cosas".
El panista Arturo García dio su aval al esquema elegido por los consejeros "para dar cristiana sepultura a los partidos que han quedado en las batallas electorales". Reconoció que existen algunas inconsistencias, pero llamó a no ideologizar el debate y a respaldar el reglamento para confrontarlo con la realidad.
Los partidos políticos externaron dudas sobre diversos aspectos del reglamento, como el hecho de que, de manera similar a la disolución de empresas, el IFE elegirá a un visitador de la lista de especialistas en concursos mercantiles, quien supervisará e intervendrá a los partidos en proceso de disolución para garantizar el pago conforme al orden de prelación que existe en la ley. Un orden que durante el debate no quedó claro si, como se realiza en las empresas, comenzará con los trabajadores o, en este caso, se priorizará a la autoridad electoral.
También se cuestionó que el procedimiento de "prevención" para asegurar los pagos arrancará al día siguiente de la declaración de cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares, lo que fue considerado por los partidos como un despropósito, porque no son los resultados definitivos. También se criticó el hecho de conferir a un particular -la empresa contratada para la disolución- facultades de autoridad, en este caso electoral, así como la falta de distinción, en el reglamento, sobre los bienes que pudieron haberse adquirido con recursos privados obtenidos por los partidos.
Los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar, Virgilio Andrade y Andrés Albo defendieron el reglamento, al destacar que los partidos, en tanto son considerados institutos de interés público, deben garantizar el rendimiento de cuentas. Andrade reconoció que algunos cuestionamientos deben tomarse en consideración, pero defendió el modelo establecido en el reglamento como el mejor dentro del esquema legal existente. Gómez Alcántar rechazó que los estatutos partidarios pudieran oponerse al reglamento, porque "los estatutos son documentos que obligan a los militantes, no a la autoridad", que debe asegurar la ejecución de sanciones y el buen uso del dinero público.