México, el país de mayor riesgo en AL para periodistas
CDHDF: 2004, año negro para la libertad de expresión
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, afirmó que 2004 fue un ''año negro'' para la libertad de expresión en México, lo que lo ubica como el país de mayor riesgo en América Latina para la labor de los periodistas, quienes sufrieron 92 agresiones, entre ellas cuatro asesinatos y dos desapariciones. Además señaló que en 2005 se presenta la misma tendencia, con 43 agresiones, dos asesinatos y una desaparición.
El ombudsman capitalino subrayó que durante el gobierno de Vicente Fox la violencia en contra de comunicadores, sobre todo de reporteros, se ha intensificado de manera sin precedente y señaló que esa tendencia ya no viene sólo de funcionarios públicos o fuerzas del orden, sino ahora también de las bandas del narcotráfico. Así lo indicó al presentar el informe anual Recuento de daños a las libertades de expresión e información en México durante 2004, en el contexto del 21 aniversario del asesinato del periodista Manuel Buendía.
A diferencia de los cuatro años anteriores, en que las agresiones públicas contra la labor informativa no superaron 60 por ciento, ''en 2004 se alcanzó la cifra inédita de 83 por ciento de amenazas contra comunicadores'', indicó Omar Raúl Martínez, de la Fundación Manuel Buendía. Agregó que en 2003 se registraron 76 incidentes contra el trabajo informativo, cifra que en 2004 se elevó a 92 casos.
Tanto Raúl Martínez como Balbina Flores, de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y corresponsal de Reporteros sin Fronteras; David Peña Rodríguez, del Centro Nacional de Comunicación Social, y Rogaciano Méndez, del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, se refirieron a los asesinatos, este año, de Guadalupe García Escamilla, en Nuevo Laredo, el pasado 5 de abril; de Raúl Gibb Guerrero (tres días después), del periódico La Opinión, de Poza Rica, así como la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial, en Sonora.
A estos casos se suman los cuatro homicidios ocurridos en 2004, entre ellos el de Gregorio Rodríguez Hernández, de El Debate, de Mazatlán, quien según investigaciones fue asesinado por un sicario del cártel de Sinaloa, así como el de Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta, ejecutado a balazos frente a sus hijos, presuntamente a manos de narcotraficantes. Estos crímenes ''se convierten en la mayor amenaza en materia de libertad de expresión durante el presente sexenio, en los que la impunidad permite que se sigan repitiendo'', lamentaron los ponentes, al denunciar que ''el Estado no ha asumido su responsabilidad para evitar las agresiones por parte de grupos de poder o de delincuencia organizada''.
El informe revela que los periodistas más expuestos son los reporteros, principalmente de las fuentes política y policiaca, quienes sufrieron 42 y 41 por ciento de las agresiones, respectivamente. Otro dato que arroja el documento es que en el Distrito Federal se presentaron las mayores incidencias, con 15 por ciento, debido a que es en la capital donde se concentran los poderes y el mayor flujo de información; le siguieron Baja California, Sinaloa y Chihuahua. En los estados del norte se han elevado los índices de criminalidad bajo la batuta de grupos que, mediante la violencia, pretenden imponerse como poderes informales sobre los poderes constitucionales, señala.
El titular de la CDHDF, Alvarez Icaza, apuntó que de acuerdo con información del organismo internacional Reporteros sin Fronteras, México se ha convertido en el país con mayor riesgo para el ejercicio periodístico en América Latina. Es un hecho preocupante, porque ''sin duda las libertades democráticas están estrechamente relacionadas con el estado que guarden las libertades básicas de la prensa. En éste podemos observar que nuestra democracia es frágil'', afirmó. Recordó que actualmente los citatorios se han vuelto un "mecanismo muy efectivo de hostigamiento y amenazas en contra de las labores periodísticas''.
Cabe recordar los casos de los reporteros de La Jornada Gustavo Castillo, Enrique Méndez, Andrea Becerril, Ciro Pérez Silva, Roberto Garduño y el corresponsal del mismo diario Rubén Villalpando, quienes han sido presionados por las autoridades para revelar sus fuentes de información por el caso Pemexgate; incluso han sido víctimas de agresiones, como las padecidas por Roberto Garduño, quien el pasado 18 de marzo fue agredido verbalmente y amenazado por Armando Carranza Romo, director de Resguardo de la Cámara de Diputados; asimismo, Raúl Jiménez Guillén, subdirector de La Jornada de Oriente, fue citado a comparecer ante el Ministerio Público en junio del año pasado, así como Julio Hernández López, columnista político y director de La Jornada San Luis, quien en septiembre de 2004 fue amenazado por elementos de la Agencia Federal de Investigación.
Alvarez Icaza resaltó la ''necesidad de impulsar los instrumentos internacionales en materia de libertad de expresión y revisar nuestras normatividades a fin de garantizar un libre ejercicio periodístico''.